Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125622
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el marco de la presente acción articulada por el señor Pablo Daniel Bianchi contra Galeno Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A., la parte actora planteó la inconstitucionalidad de los artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley 11.653 y del sistema procesal en "conciencia", fundando su pretensión en la necesidad de que la prueba oral, que se produzca en autos, se transcriba íntegramente en el acta de la audiencia de vista de la causa, a efectos de poder controlar la razonabilidad de la sentencia y evitar las eventuales arbitrariedades de los magistrados y la consiguiente conculcación de su derecho de defensa en juicio garantizado por el art. 18 de la Constitución nacional (v. escrito de fecha 31-V-2022).
II. A su turno, el Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial de Quilmes, desestimó el planteo del accionante (v. pronunciamiento de fecha 30-VI-2022).
Para así decidir, juzgó que, en el caso, no se encuentra vulneradas las garantías que consagra el art. 18 de la Constitución nacional, en tanto la "apreciación en conciencia" es el sistema que la normativa impone al juzgador para valorar la totalidad de los elementos probatorios reunidos en la causa y no para exponer los testimonios. Pero aún -agregó-, cuando estos fuesen íntegramente transcriptos en el acta de audiencia de vista de la causa, ello no alteraría el hecho de que los mismos deberían ser valorados mediante el sistema de apreciación en conciencia impuesto por la ley.
III. Frente a lo así decidido, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-VII-2022), el que fue concedido por el a quo , en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 8-VII-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, enumera las normas y manifiesta que existe doctrina legal vulnerada.
Esencialmente, y con denuncia de arbitrariedad, se agravia que el tribunal de grado transgredió su derecho de defensa, el debido proceso legal, el sistema republicano de gobierno y el control de actos de gobierno, dejando fuera del expediente la totalidad de los testimonios, impidiendo efectuar el control del fallo, por intermedio del uso de la prueba rendida.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Liminarmente, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
IV.2. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 124.765, "Trescher", resol. de 23-IX-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612 "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014 y L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020).
IV.3. Por otro lado, se impone señalar que el interesado con sus argumentos no cumple con la carga de evidenciar que sus agravios permitan considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.818, "Concha", resol. 28-X-2015 y L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020, e.o.).
IV.4. En ese marco, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que la cita de los precedentes de esta Corte que efectúa el recurrente en su escrito impugnatorio no resulta apta para abrir la instancia extraordinaria, toda vez que, además de no atender a las motivaciones esenciales del fallo recurrido (causas L. 108.728, "Esteban", resol. de 23-XII-2009; L. 101.498, "Speranza", sent. de 13-X-2010 y L. 113.641, "Díaz", resol. de 1-VI-2011; e.o.), han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021 y L. 128.219, "Álamo", resol. de 19-V-2022).
Asimismo, cabe mencionar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta decisoria de mi colega doctor Soria, sólo me permito agregar- a mayor abundamiento-, que el tribunal de grado, al denegar el pedido de reproducción completa de las testimoniales, explicó que aun cuando se acogiera el puntual pedido del actor (vinculado a que se transcribieran en forma íntegra las declaraciones de los testigos) "ello no alteraría el hecho de que los [testimonios] deberían ser valorados mediante el sistema de apreciación en conciencia impuesto por la ley", citando luego antiguos precedentes de este Tribunal que estimaron que el rechazo de peticiones similares no conculca la garantía de la defensa en juicio (ver, en este mismo sentido, la causa L. 78.930, "Guillotte", sent. de 10-IX-2003, que suscribí).
Tales conclusiones -que, por otra parte, se encuentran en sintonía con la doctrina sentada a propósito del sistema de videograbación de audiencias implementado por el Tribunal de Trabajo N° 2 de La Plata (entre las más recientes, ver causa L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022)- no han sido frontalmente atacadas por el quejoso.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud adhieren al voto del doctor Soria, con las consideraciones adicionales vertidas por la doctora Kogan.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:30:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 12:24:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2023 10:05:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:10:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 08:55:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/10/2023 11:04:56 hs. bajo el número RR-1329-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia