Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128526
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar -con los alcances expuestos- al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar -por los fundamentos brindados- el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348. En consecuencia, los autos se remiten al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. archivo adjunto de la presentación electrónica de fecha 8-VII-2020), se restituirá al interesado.
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, en el marco de la acción iniciada en fecha 4 de abril de 2018 (v. cargo de fs. 44) por el señor Sebastián Alejandro Herrera contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por el accidente de trabajo que invocó padecer, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 y, en consecuencia, habilitó la instancia como vía de acción directa (v. pronunciamiento de fecha 19-VI-2020).
Para así decidir, tuvo inicialmente por acreditado el cumplimiento por parte del actor de la etapa administrativa previa y obligatoria ante la comisión médica pertinente.
Luego, destacó que la instancia de revisión prevista por los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 cercenan derechos y garantías fundamentales, ya que restringen al trabajador el pleno acceso a la justicia, violentando el art. 18 de la Constitución nacional, impidiendo un trámite judicial amplio y suficiente que le garantice un extenso debate y la incorporación de medios de prueba que le aseguren el debido proceso.
Consecuentemente, juzgó que el sistema recursivo establecido por la ley 27.348 -en relación y con efecto suspensivo- no cumple con el test de constitucionalidad.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-VII-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 3-IX-2020).
Inicialmente, sostiene que en las presentes actuaciones la contestación de la demanda fue llevada a cabo en fecha posterior a la entrada en vigencia de la ley 27.348, inserta en el derecho local a partir de la adhesión de la Provincia de Buenos Aires mediante la ley 14.997, resultando por ende dicha normativa procesal de aplicación inmediata, a tenor de lo previsto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Manifiesta que el nuevo régimen legal no vulnera las normas de la Constitución nacional y provincial indicadas por el actor, toda vez que no se presenta una delegación de la potestad jurisdiccional, la cual se mantiene incólume en poder de los jueces locales, sino tan sólo se acepta una intervención administrativa previa a la justicia y de carácter obligatoria.
Esgrime consideraciones tendientes a defender la validez constitucional del trámite que deben seguir los trabajadores ante las comisiones médicas.
Explica que en el caso del procedimiento regulado en la referida ley 27.348, la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional a fin de que efectúe un control judicial de lo actuado en el ámbito administrativo está asegurada en el art. 14, de allí que su constitucionalidad no resulte discutible.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
Cabe señalar que conforme lo ha sostenido reiteradamente esta Suprema Corte (causas L. 122.063, "Cáceres", sent. de 9-II-2021; L. 121.823, "De la Iglesia", sent. de 4-VII-2022; L. 125.987, "Molinari", sent. de 4-X-2022 y L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023; e.o.)., en línea con lo dicho en repetidas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891), no corresponde dejar de atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes al dictado del fallo cuestionado e incluso a la interposición del recurso extraordinario deducido.
Desde este punto de mira, se advierte que la controversia suscitada encuentra adecuada respuesta en lo manifestado por este Tribunal al fallar la causa L. 124.285, "Bustos Torres", sent. de 27 de febrero de 2023.
En el citado antecedente, esta Corte declaró que el agravio constitucional vinculado con la limitada revisión proveniente de los canales recursivos contemplados en los arts. 2 y 14 de la ley 27.348, fue saneado en el ámbito local a partir de las prescripciones contenidas en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en cuanto prevé la "acción laboral ordinaria" para procurar la revisión de las decisiones de los órganos administrativos intervinientes en el marco del procedimiento instaurado por la citada ley de fondo, quedando a resguardo los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial continua y efectiva, debido proceso y defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 10, DUDH; 1.1, 8.1 y 25, CADH; 14, PIDCP; 15 y 39, Const. prov.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar -con los alcances expuestos- al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar -por los fundamentos brindados- el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348. En consecuencia, los autos se remiten al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. archivo adjunto de la presentación electrónica de fecha 8-VII-2020), se restituirá al interesado.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:29:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 12:26:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2023 10:06:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:13:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 08:57:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/10/2023 11:07:08 hs. bajo el número RR-1363-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia