Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130713
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Fernando Ricardo Sandoval Merino y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 15 apdo. 2 de la ley 24.557 y adicionales previstas en los arts. 11 inc. 4.b de dicho cuerpo legal y 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de 31-III-2023).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditado que las dolencias que padece el actor, y que lo incapacitan en un 99,75% del índice de la total obrera, se relacionan con el accidente de trabajo que ha sido acreditado en autos.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 20-IV-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 25-IV-2023).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, bajo la denuncia de absurdo, se agravia de la conclusión de grado que declaró acreditada la relación de causalidad entre las dolencias incapacitantes que padece el actor y el infortunio laboral sufrido, objetando, a la vez, el porcentaje de incapacidad determinado por el sentenciante de grado. En ese orden, cuestiona la apreciación de informe pericial médico.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que establecer las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, evaluar el material probatorio y determinar la existencia de relación causal o concausal entre el hecho y el daño, así como establecer el grado de minusvalía que afecta al trabajador, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los jueces que integran los tribunales de trabajo, y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado (causas L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018; L. 119.926, "Sívori", sent. de 10-IV-2019 y L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. En el caso, a criterio del juzgador de grado quedó acreditado que el actor, encontrándose laborando bajo relación de dependencia de su empleadora Ecosur Bahía S.A, sufrió el día 25 de setiembre de 2017 un accidente de trabajo a consecuencia del cual quedó sepultado por desmoronamiento de tierra y piedras en una excavación, sufriendo una lesión grave en el pecho, que le provocó aplastamiento de tórax, fracturas de clavícula izquierda y costillas, escaras en los pies y un diagnóstico secundario de neumonía a consecuencia de insuficiencia respiratoria producto del aplastamiento. Asimismo, y de conformidad con el dictamen pericial médico, juzgó que el trabajador presenta una incapacidad del 99,75% del índice de la total obrera
III.3. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por la interesada, pues su crítica se estructura sobre la base de la distinta significación que les atribuye a los elementos probatorios de la causa, en particular al informe pericial médico obrante en autos. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la referida experticia, la impugnante no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
En efecto, limitándose a señalar supuestas falencias en la evaluación realizada por el sentenciante, pretende, en definitiva, hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el grave error denunciado.
En suma, la impugnante tan sólo se limita a exponer su propio análisis acerca del modo en que debió haber sido resuelta la controversia respecto a la determinación de la minusvalía laborativa del actor y al criterio empleado para su determinación, pero sin profundizar un concreto y eficaz ataque al razonamiento seguido por el juzgador para establecer las definiciones que impugna, que, de ese modo, permanecen incólumes (causas L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016; L. 119.914, "A., D. A", sent. de 22-VI-2020 y L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020).
Finalmente, se impone recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causa L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016 y L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020), vicio que, como se anticipó, no logra ser acreditado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:44:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2023 09:38:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/11/2023 14:18:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:07:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:49:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/11/2023 12:40:33 hs. bajo el número RR-1504-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia