Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127972
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que los planteos introducidos en los puntos III.2. y III.4. no reúnen los requisitos esenciales, y en virtud de que el analizado en el punto III.3. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por María de las Mercedes Poggio y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado inc. "a" de la ley 24.557, como consecuencia del accidente in itinere ocurrido el 20 de septiembre de 2018 (v. fs. 106/121).
Para así decidir, tuvo por demostrado que la actora padece una incapacidad del 34,51 % de la total obrera.
Asimismo, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -según el texto del art. 11 de la ley 27.348- solicitado por la demandada y realizó el cálculo del resarcimiento según las pautas allí establecidas.
Finalmente, dispuso implementar, entre la fecha de exigibilidad del crédito y la sentencia, una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual, y luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina; ello, con sustento en los arts. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la ley 24.557, modif. por la referida ley 27.348.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 768, 770 y concordantes del Código Civil y Comercial; 34 inc. 4 y 163 inc. 4 y 6 de Código Procesal Civil y Comercial; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 conf. art. 4, ley 25.561-; 44 inc. "d" y concordantes de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 13-VIII-2021).
II.1. Por un lado, denuncia violación del principio de congruencia y absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, así como también en la apreciación y valoración de la prueba documental acompañada por las partes, toda vez que expone que la lesión cervical no fue incluida en el reclamo de la demanda, ni surge de las constancias obrantes en la causa, por lo que no puede ser tenida en consideración.
Señala que resulta improcedente que el juzgador de grado convalide una pericia médica que incluyó una dolencia no invocada oportunamente.
II.2. Por otro, cuestiona que el tribunal de grado haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado precepto plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
II.3. Seguidamente, objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según texto ley 27.348.
Manifiesta que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
Controvierte el argumento dado por el juzgador de grado respecto a que una vez que el importe deja de quedar fijado a valores actuales, recobra su ámbito de actuación la aplicación de la tasa activa de interés legal prevista en el art. 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ello por cuanto -afirma- la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial citado en la sentencia no refiere a un mecanismo de actualización de deudas, sino a un modo especial de computar los intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció -a tenor de los concretos agravios que estructuran su crítica- cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018; L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021 y L. 128.262, "Busqued", resol. de 27-VI-2023).
En estas condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente recurso en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653. De allí que la función revisora extraordinaria se circunscribe a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-202; L. 124.102, "Jose", sent. de 21-X-2022 y L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023).
III.2. En ese marco, respecto al primero de los agravios traídos, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que se dirige a impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado, a partir del análisis de las constancias de la causa, aspecto ajeno a la revisión por conducta de la presente vía de excepción.
Por otro lado, tampoco abastece aquel cometido la cita de doctrina que se relaciona con el principio de congruencia pues, sabido es, no es hábil para justificar el estudio casatorio en el estrecho marco de revisión por el que transita el recurso (causas L. 125.843, "Aguirre", resol. de 21-XII-2020; L. 127.419, "Barriga", resol. de 29-XI-2021 y L. 128.070, "Ribera Tapia", resol. de 26-IV-2022).
Por lo demás, no es ocioso recordar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 130.687, "Cullari", resol. de 25-X-2023).
III.3. Luego, y más allá del valor de lo cuestionado, lo cierto es que el cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo reformado por la ley 27.348- y, por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de 21-X-2022). En consecuencia, debe permanecer incólume este tramo del pronunciamiento (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.4. Finalmente, tampoco es de recibo el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia.
En efecto, debiendo resolverse la cuestión en el estrecho marco de análisis, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las únicas doctrinas legales denunciadas por el quejoso han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021 y L. 122.524, "Ibañez", sent. de 17-X-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia abordada en el punto III.2 segundo párrafo, que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es que, resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que los planteos introducidos en los puntos III.2. y III.4. no reúnen los requisitos esenciales, y en virtud de que el analizado en el punto III.3. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:45:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2023 09:38:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/11/2023 15:57:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:14:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:49:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/11/2023 12:41:57 hs. bajo el número RR-1520-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia