Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129128
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón rechazó la pretensión que la señora Cintia Natalia Luján Cejas promovió contra la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual procuraba el pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que invocó padecer (v. pronunciamiento de fecha 17-III-2022).
Para así decidir, juzgó que la trabajadora no había cumplido con la instancia previa y obligatoria establecida por el art. 1 de la ley 27.348.
En ese orden, tuvo en consideración que de las constancias agregadas a la causa surgía acreditado que la actora había dado inicio a dos expedientes administrativos ante la Comisión Médica de la localidad de Morón.
El primero, registrado bajo el número 36.508/21, en el que se dispuso su archivo por no reunir los requisitos mínimos de admisibilidad para dar por iniciado el trámite médico; no contando además con una disposición de alcance particular emitida por el titular del Servicio de Homologación y no habiéndose configurado tampoco el silencio administrativo.
El segundo -n° 175.155/21-, donde el último movimiento registrado se correspondía con una elevación de las actuaciones al Servicio de Homologación dispuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Sostuvo el tribunal de grado que atento a la fecha de inicio de dicho expediente, no era posible catalogarlo como un hecho nuevo en los términos del art. 363 del Código Procesal Civil y Comercial, tal como lo había solicitado la accionante.
En tales condiciones, concluyó que la trabajadora no había respetado en ambas actuaciones el diseño recursivo trazado por la ley 27.348 y por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
II. Frente a lo resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 31-III-2022), el que fue concedido por el a quo (v. proveído electrónico de fecha 10-V-2022).
Denuncia que el pronunciamiento impugnado no se encuentra debidamente fundado, toda vez que el Tribunal de origen no ha tenido en consideración para resolver la contienda la legislación vigente, los principios generales del derecho y la doctrina legal de esta Corte.
En ese aspecto, manifiesta que dicho órgano jurisdiccional transgredió el art. 3 de la ley 27.348, por cuanto omitió valorar la denuncia formulada oportunamente por su parte en relación al incumplimiento evidenciado por la Comisión Médica Jurisdiccional de no citar a la trabajadora a la audiencia médica dentro del plazo legal de 60 días hábiles, encontrándose, por ende, configurado el silencio administrativo.
En tales condiciones, manifiesta que la decisión en crisis transgrede además el principio de congruencia, habida cuenta que el tribunal a quo soslayó brindar tratamiento a la denuncia de hecho nuevo formulada en la presentación de fecha 23 de agosto de 2021.
Por último, alega absurdo en la valoración de las constancias obrantes en la causa que acreditan que la trabajadora transitó la vía administrativa previa.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 (causas L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 129.801 "Andrada", resol. de 21-VI-2023; e. o.). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e. o.).
III.2. Bajo tales directrices, cabe señalar que no se observa -en el caso- la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, más allá de vincularse la impugnación a estrictas cuestiones de hecho y prueba, la única doctrina que se denuncia como vulnerada se refiere al vicio de absurdo, no resultando idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021; L. 128.372, "Benítez", resol. de 27-V-2022 y L. 130.685, "Pihuala", resol. de 4-X-2023; e. o.).
III.3. Finalmente, se impone destacar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 130.457, "Peralta", resol. de 7-IX-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:46:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2023 09:37:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/11/2023 15:56:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:14:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:50:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/11/2023 12:42:05 hs. bajo el número RR-1527-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia