Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128983
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Sin costas, atento la ausencia de contradicción (arts. 68 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón rechazó la acción iniciada por el señor Fernando Orriols contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual procuraba el pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que invocó padecer (v. pronunciamiento de fecha 25-II-2022).
Para así decidir, sostuvo que el actor no había dado cumplimiento en su totalidad con la instancia administrativa previa y obligatoria prevista por la ley 27.348.
En ese orden, tuvo por acreditado inicialmente que en fecha 2 de junio de 2021 la Superintendencia de Riesgos del Trabajo había procedido a verificar la observancia de los requisitos de admisibilidad del trámite en cuanto a su presentación en la faz administrativa. Luego, señaló que el día 31 de agosto de 2021 las actuaciones fueron giradas al Servicio de Homologación con el fin de impulsar el procedimiento previsto en el capítulo II del Título I y art. 22 de la resolución de SRT. n° 10/21. Asimismo, valoró que en fecha 13 de octubre de 2021 el accionante solicitó la habilitación de la instancia judicial.
En ese contexto, juzgó que el plazo de 60 días hábiles administrativos no se computa desde el inicio del trámite, sino desde que se cumplimentan los requisitos ante el Servicio de Homologación para poder dar curso al mismo, comenzando con la presentación efectuada por el damnificado en las condiciones establecidas conforme el art. 32 de la resolución de SRT. n° 298/17.
En tales condiciones, concluyó que no se encontraba configurado el silencio administrativo alegado por el promotor del pleito, motivo por el cual no se hallaba expedita la vía judicial en los términos del art. 3 de la ley 27.348.
II. Frente a dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 15-III-2022), el que fue concedido por el Tribunal de grado en los términos que surgen de la resolución de fecha 11 de abril de 2022.
En su impugnación, el recurrente denuncia -en lo sustancial- absurdo en la valoración de las pruebas y señala que la primera presentación debidamente cumplimentada a la que hace alusión el art. 3 de la ley 27.348 no es otra que el inicio del expediente administrativo y que en el específico supuesto de autos ello aconteció el día 26 de mayo de 2021.
Manifiesta que hasta la fecha de inicio de la presente acción judicial (13-X-2021) dichas actuaciones administrativas no tuvieron más movimiento que una remisión al Servicio de Homologación, no habiendo siquiera sido citado el actor para una revisación, ni para una audiencia.
Por lo expuesto, considera que en la especie ha quedado configurado y debidamente acreditado el silencio administrativo, debiéndose considerar agotada la instancia previa y obligatoria establecida por el Título I de la Ley 27.348.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 129.801 "Andrada", resol. de 21-VI-2023; e. o.). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e. o.).
III.2. Bajo tales directrices, cabe señalar que no se observa -en el caso- la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, más allá de que la impugnación se encuentra vinculada a cuestiones de índole fáctica y probatoria, las únicas doctrinas que se denuncian como vulneradas se refieren al vicio de absurdo, no resultando idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021; L. 128.372, "Benítez", resol. de 27-V-2022 y L. 130.685, "Pihuala", resol. de 4-X-2023; e. o.).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol de 28-XII-2021; L. 128.413, "Nuñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
IV. Finalmente, y en atención a los términos que surgen del auto de concesión de fecha 11 de abril de 2022, corresponde hacer una observación a los integrantes del tribunal de trabajo actuante, para que, al momento de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -único-, cumplan con estrictez lo dispuesto por los arts. 281 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Sin costas, atento la ausencia de contradicción (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:46:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2023 09:37:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/11/2023 15:56:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:14:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:50:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/11/2023 12:42:04 hs. bajo el número RR-1526-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia