Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126835
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.835, "Ayala, Ángel David contra Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento electrónico de fecha 22-X-2020).
Se interpusieron, por la parte actora y la Fiscalía de Estado, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas del 3-XI-2020 y 9-XI-2020, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el legitimado activo?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en relación al deducido por la demandada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la acción deducida por Ángel David Ayala y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 22-X-2020).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, tuvo por acreditado que, a raíz del accidente de trabajo sufrido el 17 de enero de 2017, el actor se encuentra disminuido en su capacidad laborativa de manera parcial y permanente en un 4% del índice de la total obrera.
Luego, a fin de calcular la prestación dineraria que le correspondía percibir al actor, aplicó el decreto de necesidad y urgencia 669/19 -cuya validez constitucional no fue cuestionada en autos-, en tanto juzgó que la mencionada norma, además de ser beneficiosa para el trabajador, dispone su aplicación en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.
II. Contra dicho pronunciamiento el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución provincial; 34 inc. 5, 163 incs. 5 y 6, 164, 384 y 457 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; el decreto 659/96 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 3-XI-2020).
En sustancia, se agravia de la determinación del porcentaje de incapacidad establecido por el tribunal de grado. Al respecto, sostiene que la sentencia incurre en un inequívoco apartamiento del decreto 659/96, cuyo art. 1 aprobó la "Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales".
Afirma que el a quo no solo decidió fijar un porcentaje de incapacidad de forma arbitraria y por fuera de los parámetros establecidos en aquella norma, sino que además se apartó de lo aconsejado en la pericia psiquiátrica, lo que descalifica al fallo como acto jurisdiccional válido.
Objeta "...la decisión del a quo de reducir la incapacidad psicológica definido por el perito psiquiatra el Dr. Navarro del 20% a un 4%, y no aumentó la física del 0% a el porcentaje equivalente que el tribunal hubiese podido según su 'criterio' establecer" (sic v. pág. 7).
En tal sentido, considera que no es posible disminuir la incapacidad psicológica del actor determinada por el galeno en su informe.
III. El recurso no prospera.
III.1. Lo resuelto por el tribunal de grado ha de permanecer firme en razón de la inhabilidad que exhibe el medio de impugnación.
III.1.a. En primer lugar, cabe recordar que tiene dicho esta Corte que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador constituye el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de grado, no susceptible de revisión en esta Sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 128.683, "Ochoa", resol. de 18-VIII-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
III.1.b. En el caso, y a partir de las conclusiones del perito médico, el tribunal de grado consideró demostrado que el trabajador no padecía incapacidad física indemnizable (v. vered., págs. 6 in fine /7).
Luego, ponderando la prueba pericial psiquiátrica -que el impugnante denuncia como erróneamente analizada-, así como las respuestas brindadas a las impugnaciones, sostuvo que el trabajador padecía una minusvalía psíquica derivada del suceso traumático vivido mientras se encontraba prestando tareas. Sin embargo, conforme lo manifestado por el propio perito, consideró que debía hacer una estimación jurídica de dicha incapacidad.
Sobre esa base, expresó que la misma, en términos de la total obrera, es un todo, por lo que no era dable apreciar en forma aritmética como una simple sumatoria del porcentaje de incapacidad física (que en el caso era 0%) más el de psíquica (que era del 20%).
En función de ello, consideró el valor asignado por el experto psiquiatra, pero únicamente en lo que a la total obrera representaba. De este modo, arribó a una incapacidad psicofísica de un 4%. En otros términos, explicó que, en definitiva, el 20% de incapacidad psicológica representaba el 4% de la total obrera.
III.2. Tal conclusión no logra ser conmovida por el impugnante, pues si bien ha denunciado el referido vicio de absurdo, su crítica no es hábil para demostrar su existencia, ya que las alegaciones formuladas no controvierten de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de este -desatendiendo así su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, solo exhiben su disconformidad con la decisión objetada (causas L. 126.316, "Schwindt", resol. de 20-X-2021 y L. 127.628, "Benítez", resol. de 28-XII-2021).
Para más, deviene necesario señalar que, en el proceso laboral, la valoración de los distintos medios probatorios resulta materia privativa de los jueces de grado, facultad que comprende la evaluación de las pericias rendidas y la eficacia que los magistrados les adjudiquen a las conclusiones de los expertos (causas L. 122.162, "Alarcón", resol. de 10-IV-2019; L. 123.382, "Santín", resol. de 11-III-2020 y L. 123.931, "San Martín", resol. de 16-VI-2020), salvo la hipótesis de configuración de absurdo, el cual, como se dijo, no logra evidenciarse en el caso.
En suma, el compareciente fracasa en su impugnación, pues con los defectos apuntados, las manifestaciones que formula solo traducen su personal y subjetiva opinión, discrepante con las conclusiones plasmadas en la sentencia respecto de la valoración de los hechos o de las pruebas, lo cual -conforme reiteradamente se ha declarado- resulta una técnica carente de idoneidad para evidenciar la existencia del vicio de absurdo (causas L. 105.972, "R., M. G.", sent. de 3-X-2012; L. 119.696, "Scarelli", sent. de 3-V-2018; L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022 y L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia la transgresión y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 7, 730 y 768 del Código Civil y Comercial de la Nación; 11 incs. 2 y 3 y 20 de la ley 27.348; 7, 8 y 10 de la ley 23.928, según la modificatoria del art. 4 de la ley 25.561; decreto de necesidad y urgencia 669/19; arts. 44 inc. "d" y 48 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación de fecha 9-XI-2020).
I.1. En primer lugar, se agravia por la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
I.1.a. Entiende que no corresponde su empleo al presente caso, por violación del principio de irretroactividad de las normas contenido en el art. 7 del Código Civil y Comercial. Sostiene que la ley 27.348 también es posterior al siniestro de marras, por lo que correspondía aplicar a este las leyes 24.557 y 26.773, vigentes al momento del hecho. Cita vulnerada la doctrina legal sentada en las causas L. 96.278, "Mussio" (sent. de 11-III-2013) y L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), entre otras análogas.
I.1.b. Cuestiona asimismo la errónea aplicación de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557 (texto según dec. de necesidad y urgencia 669/19) pues alega que solo la parte inicial del primer inciso del art. 12 es de aplicación al trámite judicial, y que en la Provincia de Buenos Aires la tasa de interés fijada por la jurisprudencia es la que paga el Banco de la Provincia en los depósitos a treinta días.
I.1.c. Reiterando argumentos vinculados a la irretroactividad de las normas, objeta la fórmula de cálculo aplicada por el tribunal de grado. En tal sentido, alega que el ingreso base debió cuantificarse conforme el art. 12 de la ley 24.557 y no de acuerdo a lo previsto en la ley 27.348. Denuncia la doctrina legal establecida en el caso L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017). A partir de ello, expone que el a quo confunde el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) con el piso.
I.1.d. Luego, impugna los intereses que fijó el juzgador de grado sobre el capital de condena y -asimismo- los que definió para el caso de incumplimiento de la sentencia, en tanto entiende resultan contrarios a la doctrina legal de esta Corte. Expresa que los accesorios fijados en el art. 11 de la ley 27.348, y que recepta el mentado decreto de necesidad y urgencia 669/19, fueron concebidos para el procedimiento administrativo.
En tal sentido, manifiesta que en los casos en que el reclamo se canalice por la vía judicial, la liquidación de la pretensión se debe actualizar mediante la aplicación de la tasa pasiva BIP del Banco Provincia.
I.2. Por otro lado, impugna la regulación de los estipendios profesionales practicada en autos, por entender vulnerado lo estipulado en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma que limita la responsabilidad de la condenada en costas.
Puntualmente, expresa que dicha situación se da al sumar los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, vulnerándose de tal modo la doctrina legal sobre el punto expresada en la causa L. 77.859, "Acosta", sentencia de 27-VII-2005, entre otras.
I.3. Por último, objeta que el tribunal de grado haya ordenado al Fisco provincial depositar el importe de condena dentro de los diez días. Afirma que en los términos de los arts. 157, 158 y 163 de la Constitución provincial y de las disposiciones contenidas en la Ley de Administración Financiera (ley 13.767), para los casos en que el Estado resulte condenado a pagar sumas de dinero, nunca puede obligárselo a cumplir tal cometido en el marco del indicado término.
Señala que en dichos dispositivos se establecen mecanismos de control para el trámite de toda erogación que el Fisco provincial tenga que efectuar en cumplimiento de sus deudas, y que su dictado obedece a elementales principios del estado de derecho, en la medida que el movimiento de fondos públicos requiere de una particular fiscalización, y la eventual imposición de un plazo exiguo, como si se tratara de una persona privada, impone a aquel un deber de imposible cumplimiento.
Refiere, asimismo, que tal definición genera una gran sobrecarga de trabajo en los diferentes órganos jurisdiccionales, ya que cada sentencia condenatoria dictada contra la Provincia de Buenos Aires trae aparejada el inicio de un proceso de ejecución, trabas de embargo sobre cuentas públicas, tramitación de su consecuente levantamiento y giros de dinero de devolución, generándose una inagotable fuente de intereses que no pueden ser satisfechos en tiempo y forma.
Agrega que los plazos fijados actualmente por los tribunales del fuero laboral provocan un triple resultado disvalioso , a saber: a) el dictado de un fallo de cumplimiento imposible por ausencia de recursos; b) una sobrecarga de las exigencias presupuestarias con desarreglo o desatención de partidas existentes y c) un espiral de pleitos e incidentes de ejecución que generan un sinfín de costas y esfuerzos para las partes y el propio tribunal.
Pone de resalto que el art. 163, inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial otorga al juez la facultad de establecer el plazo de cumplimiento de la sentencia, por lo que peticiona que se ejerza dicha potestad, estableciéndose un plazo de cumplimiento de sesenta días hábiles, contados a partir de la notificación de la sentencia.
II. Pues bien, el recurso no merece favorable acogida.
II.1.a. Inicialmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141-; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
II.1.b. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
II.2. En este marco, respecto a los planteos vinculados con la aplicación de las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas traídas por la recurrente en apoyo de su pretensión han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021), y sabido es que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el excepcional conducto que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, la denuncia de violación de doctrina legal en la que los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso en juzgamiento (doctr. causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.220, "Báez", resol. de 29-XI-2022).
II.3. Del mismo modo, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la quejosa -referida a los intereses moratorios-, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020; L. 127.541, "Crespo", resol. de 13-XII-2021 y L. 129.390, "Flores", resol. de 29-XI-2022).
II.4. Tampoco resulta eficaz, en el estrecho marco de análisis abierto para la presente impugnación, la denuncia de violación de la doctrina legal elaborada respecto del tope en materia de costas que contiene el recurso.
Me afirmo en esta conclusión pues a la hora de definir las directrices plasmadas en las causas citadas, se observa que no fue tema de debate expreso el tópico aquí puesto de relieve por el quejoso, a los fines de establecer si la suma que arroja tal concepto excede -o no- el porcentaje de ley.
Sentado lo anterior y, sin perjuicio del acierto o desacierto sustancial de la decisión de grado, cabe recordar que no concurre el supuesto de excepción previsto en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 si la doctrina que emana del antecedente invocado por el recurrente no guarda correspondencia con las motivaciones del tribunal de grado que han constituido factores esenciales de su decisión, ni se trata de situaciones similares atento su diferente contenido fáctico (causas L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019 y L. 123.643, "Slutzky", sent. de 14-III-2022).
II.5. Luego, la exclusión de la hipótesis habilitante respecto al agravio que gira en torno al plazo de cumplimiento de la sentencia se impone nítida ni bien se repara en que la interesada omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de impugnación de referencia (causas L. 120.454, "Hainitz", sent. de 10-X-2018; L. 121.669, "Coria", sent. de 29-IX-2020; L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; e.o.).
II.6. Finalmente, con relación a la gravedad institucional invocada, reiteradamente esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealu
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