Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127842
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°4 del Departamento Judicial de Morón, en lo que interesa destacar, hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Emanuel Ávila, condenó a Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar las sumas que especifico en concepto de indemnización por daños y perjuicios y daño moral reclamados con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 26-III-2021).
Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, consideró que correspondía calificar de cosa productora de riesgo a las tareas prestadas por la accionante, las que le ocasionaron la incapacidad acreditada en autos. De igual modo, juzgó que la aseguradora incumplió con sus obligaciones derivadas de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, al no llevar adelante el control que tenía a su cargo.
II.1 Contra dicha decisión, la aseguradora demandada dedujo aclaratoria (v. escrito electrónico del 30-III-2021) y recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 12-IV-2021).
II.2. El juzgador de grado acogió el remedio incoado en primer término señalando que en vista de la citación de tercero de la señora Rita Pina, la sentencia pronunciada en autos ha de resultarle oponible en los términos del art. 96 del Código Procesal Civil y Comercial ante una eventual acción de repetición, pero que puntualizó que no podía expedirse respecto de la responsabilidad civil de la empleadora pues ella, conforme surge del líbelo de inicio, no ha sido demandada en estos autos (v. resol. de fecha 21-IV-2021).
Finalmente, el a quo admitió la vía extraordinaria articulada (v. resol. de 31-V-2021).
II.3. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la interesada individualiza las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el fallo atacado. En sustancia, controvierte la decisión de grado que consideró configurada la responsabilidad civil de la accionada.
Alega que el juzgador se apartó de los términos del contrato de afiliación suscripto entre las partes al responsabilizar a la aseguradora más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557.
Desde otroángulo, sostiene que resulta absurda la conclusión de grado en cuanto juzgó acreditada la relación de causalidad entre las omisiones endilgadas a la demandada y el daño sufrido por el actor.
Asimismo, denuncia que el sentenciante de grado omitió expedirse respecto de la responsabilidad de la empleadora Rita Pino.
Posteriormente, en su escueta crítica, apela por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en autos.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado para la interesada por el capital de condena establecido en la sentencia con más el importe de los honorarios que fijo el a quo - no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 130.314, "Di Marco", resol. de 20-IX-2023).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.2.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, por cuanto no sólo el planteo recursivo propuesto importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias ajenas al acotado margen por el que transita el recurso (causas L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017; L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021 y L. 122.773, "Urrutia", resol. de 15-VII-2022), sino además, porque los precedentes jurisprudenciales que se citan en el recurso aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018; L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018 y L. 127.133, "Matos", resol. 20-X-2021).
Igualmente, no resultan hábiles para justificar la revisión casatoria, en el acotado marco de revisión por el que transita el recurso, las citas de doctrina definitorias del vicio de absurdo (causas L. 113.490, "Andino", resol. de 16-III-2011; L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020 y L. 127.212, "Acuña", resol. de 9-XI-2021).
III.2.b. Sumado a ello, cabe añadir que no es útil, en el excepcional supuesto de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 120.310, "Ochoa", resol. de 23-V-2017; L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020; L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021 y L. 129.044, "González", resol. de 3-XI-2022).
III.2.c. También, no es ocioso recordar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
III.3. Luego, y sin perjuicio de otras consideraciones, el restante agravio -vinculado con que el juzgador de grado omitió expedirse respecto de la responsabilidad de la empleadora Rita Pino- ha perdido virtualidad a tenor de lo decidido por el propio tribunal actuante en la resolución aclaratoria del 21 de abril de 2021 en oportunidad de resolver un planteo incoado por la propia recurrente (v. escrito electrónico del 30-III-2021).
En este sentido, esta Corte tiene dicho que carece de virtualidad el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si una aclaratoria ha modificado las circunstancias que le dieron sustento (causas L. 97.982, "Santisteban", sent. de 30-III-2011; L. 104.792, "Bartolomeo", sent. de 26-II-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 121.472 "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 125.141 "Amarilla", resol. de 2-XI-2020 y L. 127.419, "Barriga", resol. de 29-XI-2021).
III.4. Por último, en lo que respecta al cuestionamiento relacionado a los estipendios fijados por el a quo -que la recurrente considera elevados-, no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en el primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653, dado que la interesada no cita como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016; L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021 y L. 130.106, "Heredia", resol. de 27-VI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/12/2023 12:48:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/12/2023 10:14:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 12:38:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 11:23:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 12:38:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/12/2023 13:53:50 hs. bajo el número RR-1647-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia