Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127777
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.722, "Soarez, Graciela Azucena contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 190/209).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 17-II-2021).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 23-XII-2021), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Graciela Azucena Soarez y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, más las sumas adicionales que estableció con fundamento en los arts. 20 -del mismo cuerpo legal- y 3 de la ley 26.773, ello, como consecuencia de la incapacidad que porta la actora derivada de los accidentes de trabajo que protagonizó los días 13 mayo de 2017 y 29 de septiembre del mismo año (v. fs. 190/209).
En lo que reviste interés, en el veredicto, con sustento en las conclusiones establecidas en las pericias médica y psicológica, el tribunal de grado juzgó acreditado que la trabajadora no posee incapacidad física derivada del primer infortunio (es decir, el ocurrido en fecha 13 de mayo de 2017). No obstante, determinó que resulta portadora de secuelas psíquicas derivadas del evento y que se vinculan a una reacción vivencial depresiva grado III, con síntomas agudos y manifestación de depresión, crisis conversivas, de pánico, fobias y obsesiones, que la incapacitan -sumados los factores de ponderación- en un 25% del índice de la total obrera (v. fs. 190 vta./192 vta.).
También tuvo por probado que, como consecuencia del siniestro acontecido en fecha 29 de septiembre de 2017 (calificado como "intercurrencia", conf. resolución SRT 3.326/14), la accionante padece menisectomía derecha con secuelas (hidroartrosis e hipotrofia muscular), lo que le provoca una minusvalía física -incluidos los factores de ponderación- del 15,27% de la total obrera (v. fs. 192 vta. in fine /194).
Ya en la sentencia, el órgano jurisdiccional de grado calculó los importes indemnizatorios que le correspondían percibir a la actora por las secuelas incapacitantes derivadas de cada uno de los infortunios (v. fs. 197 vta./200).
En este aspecto, señaló que habiéndose establecido en el veredicto el cálculo de los diferentes ingresos bases -$24.135,36 y $26.392,57- con arreglo al primer párrafo del art. 11 de la ley 27.348, que modificó el art. 12 de la ley 24.557, correspondía a su vez aplicar temporalmente al caso las previsiones del segundo párrafo del citado precepto y computar los intereses desde el 13 de mayo de 2017 (primer accidente) y desde el 29 de septiembre de 2017 (segundo infortunio) hasta la fecha del pronunciamiento (v. fs. 197 vta.).
Indicó que dichos intereses debían calcularse al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, siendo para el primer período mencionado equivalente a la suma de $36.054,34 representando un total de $60.189,70 para el accidente del 13 de mayo de 2017. Y por el segundo infortunio, también en el período antes indicado, a la suma de $39.148,65 arrojando un total de $65.541,22 (v. fs. 197 vta. in fine y 198).
Explicó que la aplicación de tales accesorios no supone una compensación por mora ni ellos cumplen una función punitoria, ya que solo parecen destinados a sustituir al índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) como mecanismo de actualización del valor del ingreso base. Puntualizó que la norma del art. 12 de la ley 24.557 -modificado por el art. 11 de la ley 27.348- utiliza dos mecanismos de ajuste diferentes, que tienen ámbitos de aplicación temporal distintos, en tramos sucesivos: durante el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, mediante el índice RIPTE (inc. 1) y desde ese momento y hasta la determinación de la indemnización, por conducto de la tasa activa del Banco Nación (inc. 2). Sostuvo que estos son compatibles con el carácter de deudas de valor de la indemnización, puesto que -según argumentó- en la ocasión en que resulta determinada la liquidación, lo que adeuda la demandada no es una suma líquida de dinero sino una prestación que debe ser debidamente cuantificada a la fecha del pago (v. fs. 201 vta. y 202).
De conformidad con tales pautas, el tribunal señaló que la indemnización por la que progresaría la demanda (conf. art. 14, inc. 2, apdo. "a", ley 24.557) debía ascender a la suma de $1.151.963,98 por el primer accidente de trabajo ($60.189,70 x 53 x 25% x 65/45) y la suma de $766.179,04 por el segundo (65.541,22 x 53 x 15,27% x 65/45). A dichos resarcimientos les adicionó la compensación de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773 ($230,392,79 y $153.235,80 respectivamente; v. fs. 198/200).
Luego, el tribunal juzgó aplicable al caso las disposiciones del art. 12 inc. 3 de la ley 24.557 y determinó que los intereses moratorios debían calcularse a una tasa pura del 6% anual desde la fecha de exigibilidad del crédito -esto es, desde el momento de la ocurrencia de cada accidente- hasta el dictado de su sentencia (v. fs. 202 in fine y vta.).
Finalmente, cuantificó las prestaciones en especie que le correspondían percibir a la actora conforme el art. 20 de la ley 24.557 por el tratamiento que la perito psicóloga había indicado, a razón de una sesión de terapia semanal durante seis meses (v. fs. 205).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-II-2021).
En el primero de los remedios procesales citados denuncia que el tribunal de origen incumplió con el imperativo previsto por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Afirma que omitió tratar una cuestión esencial que fue sometida a su decisión, esto es, la defensa que introdujera al contestar la demanda por la que denunció -y luego acreditó- que a la actora se le había reconocido en sede administrativa un 10% de incapacidad permanente parcial y definitiva por un accidente de trabajo sufrido el día 20 de diciembre de 2013, habiendo percibido la suma de $65.670 en concepto de prestación dineraria.
Argumenta que dicho antecedente impone la conclusión de que la señora Soarez no contaba al inicio de esta acción con un 100% de incapacidad, correspondiendo en consecuencia aplicar en este caso la fórmula de la capacidad restante, de conformidad con lo dispuesto por el decreto 659/96.
Sin embargo, continúa, al dictar el fallo cuya nulidad peticiona, dicha cuestión fue soslayada, procediendo el tribunal de trabajo a cuantificar los importes indemnizatorios sin tener en consideración lo expuesto en la mentada defensa.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; e.o.).
III.2. En el caso, no advierto la configuración de la causal nulificante alegada.
Se observa nítidamente que el desarrollo formulado por el propio interesado en su crítica no se corresponde con los presupuestos formales a los que el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires le atribuye virtualidad para anular un fallo judicial. Por el contrario, y aun cuando denuncia la transgresión del citado precepto, el derrotero argumental ensayado se disipa en la propia valoración del interesado respecto del contenido de la sentencia impugnada y del presunto desacierto de la decisión.
En tal sentido, esta Corte ha declarado que los agravios que se dirigen a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, la determinación del porcentaje de incapacidad indemnizable, el acierto jurídico de la decisión, el modo en que las cuestiones fueron resueltas por los magistrados de grado, se hallan vinculados a la imputación de eventuales errores in iudicando , resultando, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.620, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020; L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020; e.o.), siendo materia propia del de inaplicabilidad de ley.
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte demandada denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 33, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 19 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Convenios n° 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 4 de la ley 26.773; 12 de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4 de la ley 25.561-; 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6, 354 inc. 1 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
I.1. Inicialmente, cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 13 de mayo de 2017, la actora padece una incapacidad psíquica del 25%.
Manifiesta que el juzgador arribó a dicha definición por conducto de valorar absurdamente los escritos constitutivos del proceso, los peritajes producidos y las impugnaciones formuladas (que en parte reitera), así como las constancias objetivas de la causa.
En ese orden, indica que ante las contradicciones e incoherencias de las pericias médica y psicológica producidas en autos y las impugnaciones realizadas, el tribunal de origen prescindió por completo de remitir las actuaciones -tal como había sido solicitado oportunamente durante el trámite de las actuaciones- a la Asesoría Pericial departamental a efectos de que designase un experto en traumatología y un psicólogo para que se expidieran sobre los puntos de pericia propuestos.
Alega que, al momento de decidir, el sentenciante no ha tenido en consideración que la actora no denunció ante la aseguradora de riesgos del trabajo padecer un daño psicológico, ni tampoco ha acompañado -al momento de iniciar la acción, o posteriormente- constancia alguna de haber efectuado un tratamiento en ese sentido.
En suma, afirma que las falencias que presenta el razonamiento del tribunal son fruto de una interpretación errada y sesgada de los escritos constitutivos del proceso, que lo condujo a valorar absurdamente las pruebas.
I.2. En otro orden, cuestiona que el órgano jurisdiccional de grado haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (modif. por art. 11, ley 27.348) plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño.
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
I.3. Por último, refiere que el sentenciante efectuó una errónea interpretación del texto del art. 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo, porque modificó las prestaciones en especie allí establecida en beneficio del trabajador transformándola en una indemnización dineraria. Asegura que estas no son compensables en dinero.
II. Este recurso tampoco prospera.
II.1. La crítica que formula el recurrente en torno al porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo no puede tener favorable recepción.
II.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales del trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo la acreditación del absurdo (causas L. 121412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; e.o.). Con análogo razonamiento, asimismo ha sostenido que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, excepto que se demuestre aquel extremo vicio valorativo (causas L. 119.791, "Argüello", sent. de 29-VI-2020; L. 120.636, "López", sent. de 18-VIII-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; e.o.).
II.1.b. Bajo tales directrices, el agravio se revela insuficiente, pues el recurrente no logra acreditar la configuración del absurdo (conf. doctr. art. 279, CPCC).
El impugnante parte de su subjetiva opinión en orden a la eficacia probatoria que a su entender correspondería asignarle a los dictámenes médico y psicológico y a las respectivas explicaciones, blandiendo su mera disconformidad con el modo en que fueron analizados por el tribunal. Insiste en un cúmulo de señalamientos que fueron oportunamente incorporados en las impugnaciones formuladas por la parte demandada en la instancia y atendidos por el a quo , en una labor jurisdiccional que -pueda compartirse o no- no exhibe los graves yerros que habilitarían su revisión extraordinaria.
En rigor, en la crítica expuesta, el interesado sólo se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de las facultades que -por regla- le resultan privativas, la objeción trasunta -en definitiva- el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de la prueba según el personal criterio valorativo del impugnante, método que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el absurdo (causas L. 119.862, "Ruiz", sent. de 11-VII-2018; L. 122.102, "González", sent. de 7-IX-2020; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; e.o.).
Dable es recordar, que este vicio valorativo no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 123.516, "Ramos", sent. 9-XI-2021; L. 123.383, "Linares", sent. de 22-XI-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; e.o.), extremos que -insisto- no han sido demostrados por el compareciente.
II.2. Tampoco es de recibo la objeción vinculada con el crédito que el tribunal declaró procedente con fundamento en el art. 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
II.2.a. En lo que aquí resulta relevante, la actora reclamó en la demanda el pago de un resarcimiento por las secuelas psicológicas derivadas del accidente de trabajo que protagonizara el día 13 de mayo de 2017. En ese sentido, sostuvo que padecía una reacción vivencial anormal neurótica depresiva grado II, que le provocaba una incapacidad del 10% (v. fs. 11/13 y 41 vta.).
Solicitó además la producción de la prueba pericial psicológica a efectos de que el experto determinase si la patología que sufre requiere de tratamiento de la especialidad, en cuyo caso indicase la duración aconsejable, la frecuencia semanal y el costo por sesión (v. fs. 47).
En su escrito de responde, la parte demandada negó la existencia de dicha dolencia (v. fs. 96) y se opuso a la producción del peritaje, ello -señaló- porque resultaría inútil conocer el costo del eventual tratamiento médico o de rehabilitación en un medio privado, pues de llegar a requerírselo -dijo- aquél sería cubierto tanto por la aseguradora de riesgos del trabajo como por la obra social que posee la trabajadora (v. fs. 109 vta. y 110).
En la presentación electrónica de fecha 4 de octubre de 2018, la perito psicóloga manifestó que la actora precisa inmediata atención psicológica y psiquiátrica. Añadió que la frecuencia de la sesión psicológica debería ser semanal, por al menos seis meses, con un costo promedio de $500 por entrevista, lo que arroja un monto final de $12.000.
A su turno, la accionada impugnó el dictamen pericial exclusivamente en lo relativo al costo del tratamiento informado, haciendo saber que el mínimo ético establecido por el Colegio de Psicólogos es de $360, 6 Unidades Psicológicas (U.P.) de $60 cada sesión (v. presentación electrónica de 29-X-2018).
Luego, el tribunal de grado resolvió condenar a la accionada al pago de la suma que indicó por el tratamiento psicológico indicado por el experto (v. sent., fs. 205).
II.2.b. De la reseña efectuada se advierte que el reproche que ahora esgrime la recurrente en su réplica extraordinaria no fue puesto a conocimiento de los jueces de grado, resulta novedoso, producto de una reflexión tardía que, como tal, resulta inatendible en la instancia extraordinaria (causas L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; L. 120.548, "Lanzillotta", sent. de 17-II-2021; L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XII-2022; e.o.).
En adición a lo dicho, cabe indicar que con análogo criterio esta Corte también ha sostenido que son inaudibles en esta sede casatoria los argumentos que importan alterar el enfoque o dimensión del pedimento inicial o de la defensa esgrimida (causas L. 120.190, "Peppi", sent. de 13-X-2020; L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022; e.o.).
II.3. Finalmente, el cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -reformado por la ley 27.348-, y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (v. causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de 21-X-2022), sin que la recurrente haya aquí aportado nuevos argumentos que autoricen a apartarse de lo allí establecido.
Entonces, también ha de permanecer incólume este tramo del pronunciamiento impugnado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria ,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.