Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127843
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.843, "Azpeitia, Mercedes Celeste contra Schmidt, Luis Roberto y otra. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 30-XI-2020).
Se interpusieron por la parte actora recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 23-XII-2020), habiendo el órgano judicial de grado denegado el primero y concedido el segundo (v. resol. de fecha 22-II-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda que Mercedes Celeste Azpeitia y Rodrigo Matías Stremel promovieron contra Luis Roberto Schmidt, mediante la cual habían reclamado con fundamento en el derecho civil el pago de una indemnización por la muerte del señor José Paulo Stremel (esposo y padre, respectivamente, de los accionantes). La rechazó en cambio, en cuanto también se hallaba dirigida contra la Municipalidad de Bahía Blanca, y por otro lado, San Cristóbal Seguros de Retiro S.A.
Para así decidir, en lo que aquí reviste mayor interés, el a quo valoró la causa penal agregada por cuerda y juzgó acreditado que el accidente que le costara la vida al señor Stremel aconteció el día 29 de junio de 2005, siendo aproximadamente las 08:30 hs. "en la ruta Av. Circunvalación" de Bahía Blanca, cuando se encontraba abocado al cumplimiento de su tarea de inspector de tránsito, en circunstancias en que fue embestido por un automotor conducido por el referido Schmidt (v. vered., segunda cuestión).
También halló probado que en dichas actuaciones se dictó sentencia condenatoria -luego confirmada- contra el demandado Schmidt por homicidio culposo agravado, por cuanto la causa exclusiva del siniestro -se dijo- se debió a la maniobra llevada a cabo por este último, quien invadiendo el carril de circulación contrario embistió a la motocicleta propiedad del mencionado municipio en la que se desplazaba el señor Stremel (v. vered., tercera cuestión).
En su pronunciamiento, el juzgador de origen entendió configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetivos y objetivos del demandado Schmidt en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); ordenamiento que juzgó aplicable al caso por estar vigente al momento en que se produjeron los hechos.
A los fines de cuantificar la reparación del daño material experimentado por los accionantes, señaló que era menester tener en cuenta la edad del dependiente, su remuneración y la producción del fallecimiento, toda vez que la indemnización -continuó- debía abarcar la pérdida de ganancia que generaba a sus causahabientes, mediante una suma de dinero que mantenida a valores constantes produzca un interés neto o renta equivalente al perjuicio ocasionado; con ello, detalló la fórmula que entendió cabía emplear en la especie y estableció la sumas pertinentes. A su vez, computó otro monto en concepto de resarcimiento por daño moral.
En cuanto a la Municipalidad de Bahía Blanca, en el marco del art. 1.113, segundo párrafo del Código Civil de Vélez Sarsfield, señaló que había logrado demostrar el eximente de responsabilidad invocado, ya que en el caso se produjo la fractura del nexo causal entre el daño sufrido y la intervención de la cosa riesgosa de su propiedad -la motocicleta empleada por el trabajador fallecido-, siendo un tercero (el conductor del automotor) el responsable de la colisión que causó la muerte del cónyuge y padre de los accionantes.
Agregó que tampoco se probó en autos un obrar culposo en que dicha codemandada haya incurrido y que hubiera obrado como factor conducente a la producción del siniestro; ni que el daño tuviera como causa la ejecución de un hecho del principal, lo que impedía evaluar una potencial culpa o negligencia de su parte.
En consecuencia, el a quo no encontró civilmente responsable a la empleadora, ni por el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene con respecto al trabajador, ni por su condición de dueño "y/o" guardián de la cosa de que se sirvió el señor Stremel para cumplir su tarea, así rechazó la demanda deducida en su contra.
En orden a San Cristóbal Seguros de Retiro S.A., en el marco de examen que delineó, estimó que al momento de ampliarse la demanda contra dicha firma la acción ya se encontraba prescripta; fundó este pasaje de la sentencia en los arts. 3.949 y 3.986 del Código velezano y 44 de la ley 24.557.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75, inc. 22 de la Constitución nacional; 499, 512, 901, 902, 903, 904 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 24 de la ley 11.727; 10, 11, 31, 39, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163, 279 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 39 y 44, incs. "d" y "e" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Controvirtiendo lo decidido por el tribunal de trabajo en cuanto eximió de responsabilidad a la Municipalidad de Bahía Blanca, luego de denunciar la transgresión de sendas normas, denuncia que este incurrió en absurdo y quebrantó el principio de congruencia al omitir pronunciarse sobre un aspecto propuesto por la parte actora relacionado con el factor de atribución por el cual debía responder el municipio en su carácter de empleador y propietario de la motocicleta conducida por el trabajador. Al respecto, manifiesta que la sentencia circunscribió el factor de atribución de la responsabilidad objetiva al concepto tradicional de "cosa", apartando arbitrariamente la aplicación de la norma del art. 1.113 del Código Civil (ley 340) a la actividad riesgosa desempeñada por el señor Stremel y violando la doctrina legal que cita.
Indica que, si bien es cierto que el legislador ha previsto como eximente de responsabilidad a la conducta del tercero, ello debe interpretarse adecuadamente y en función de los antecedentes y contexto del caso, a fin de no arribar a soluciones arbitrarias o injustas, o bien vulnerar el principio de tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva.
Argumenta que resulta una interpretación lógica, razonada y acorde a derecho y doctrina legal, que el hecho del tercero al que hace alusión el art. 1.113 del anterior Código Civil debe corresponderse con un acto notoriamente imprevisto e inevitable, no pudiéndose admitir que una conducta que sucede habitualmente y para la cual el trabajador ha sido contratado -como es reprimir una infracción de tránsito o evitar un accidente en la vía pública- se convierta en una eximente de responsabilidad.
Aduce que en la especie el tercero resultó ser un partícipe necesario del acto de servicio, por lo que su conducta no puede ser aprehendida como eximente total o parcial de la responsabilidad del empleador en los términos de la citada normativa.
Adiciona que el sentenciante valoró absurdamente la prueba, toda vez que no tuvo en consideración la copia obrante en la causa de la resolución 3/528, de fecha 20 de mayo de 2004, dictada por el entonces Intendente municipal que otorgó un aumento salarial a los inspectores municipales ante la necesidad de recompensar el carácter especialmente riesgoso de su actividad.
II.2. En otro tramo de la crítica, cuestiona que el tribunal de trabajo cuantificara el importe indemnizatorio en base al salario histórico que percibía el trabajador al momento de fallecer, sin incluir posibles aumentos y el progreso dentro de la vida laboral de toda persona, incumpliendo así con el respeto al principio de reparación integral y transgrediendo la doctrina legal de los precedentes que cita.
II.3. Finalmente, objeta la decisión del órgano de grado que declaró prescripta la acción iniciada contra San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. y desestimó la demanda entablada en su contra.
Refiere que quedó probado que la accionante Azpeitia celebró un contrato con la mencionada firma para que administre el monto que Responsabilidad Patronal Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. le transfirió oportunamente, y por lo tanto, dentro de dicho marco, declarada la procedencia de la responsabilidad de la Municipalidad de Bahía Blanca y habilitada la reparación integral, resulta procedente el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 15, inc. 2 y 19 de la ley 24.557, en cuanto disponen el pago de la prestación dineraria mediante renta periódica, siendo en consecuencia el plazo de prescripción decenal (esto es, el previsto en el art. 4.023 del Código Civil), el que no se había cumplido al ampliar la demanda.
III. El recurso no prospera.
III.1. No es de recibo el inicial embate en el que se le atribuye al tribunal haber omitido abordar el planteo que contendría la demanda sobre el factor de atribución de responsabilidad civil objetiva de la empleadora por actividad riesgosa del trabajador, en los términos del art. 1.113 del derogado Código Civil.
III.1.a. En primer lugar, porque sabido es que los agravios vinculados con la incongruencia que se verifica cuando el sentenciante de origen omite pronunciarse sobre alguna cuestión esencial deducida y discutida en el litigio, resultan ajenos al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propios del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 124.796, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021; L. 123.921, "Cimalando", sent. de 15-II-2022 y L. 127.028, "Siris", sent. de 19-IX-2022; e.o.).
III.1.b. Ahora bien, aun en una hipótesis más favorable para el recurrente, si se pretendiese restar aquella esencialidad al tema traído, la crítica igualmente no podría tener éxito pues la denuncia apontocada en la vulneración del principio de la congruencia por omisión carece del necesario argumento tendiente a acreditar la eventual configuración del vicio de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, como de la infracción de las normas que receptan aquel postulado procesal, recaudos exigibles en este tipo de cuestionamientos (causas L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019; L. 121.138, "Sindicato de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredón", sent. de 25-VIII-2020 y L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; e.o.). Y es sabido que la competencia revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia de grado y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
III.1.c. Con lo expuesto, y todavía, dejando a salvo mi opinión sobre los supuestos que tornan aplicable el art. 1.113, segunda parte del anterior Código Civil, ello, en su vinculación con el concepto de "cosa riesgosa o viciosa" al que alude la norma (conf. mis votos en las causas L. 79.690, "R. L.", sent. de 28-VI-2006; L. 83.342, "F., D." y L. 82.743, "Ventancor", sents. de 26-IX-2007), no queda margen para ingresar en el análisis de los demás razonamientos que trae el recurrente, ni siquiera los que bajo una tardía elaboración se refieren a la intervención "del tercero" ajeno al vínculo del agente fallecido con la Municipalidad.
III.2. Respecto del importe de la indemnización que contiene la condena se advierte que el planteo que contiene el recurso luce extemporáneo, toda vez que no fue llevado al tribunal de grado en el momento procesal oportuno, esto es, cuando se presentó el escrito de demanda o se adicionaron sus numerosas ampliaciones, detallando las pretensiones económicas de autos y sus alcances. Es que en no pocas ocasiones esta Corte ha señalado que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las argumentaciones novedosas -fruto de una reflexión tardía- no introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020 y L. 126.307, "Lezcano", sent. de 25-X-2023; e.o.).
Dable es precisar, que más allá de la fecha en que fueron dictados los precedentes que se invocan en este tramo del recurso, es innegable que la parte actora se encontraba habilitada desde el inicio de las actuaciones para elaborar un argumento jurídico orientado a peticionar que los rubros integrantes de la liquidación se cuantificasen del modo en que ahora lo reclama (conf. causa L. 126.838, "Aguilera", sent. de 5-XII-2022).
III.3. Finalmente, el agravio dirigido a controvertir la decisión de grado que declaró prescripta la acción entablada contra San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. luce insuficiente.
El propio recurrente inicia el desarrollo argumental del agravio en examen situándolo en una hipótesis que no ha concurrido en el caso, pues expresa que se ha configurado la "procedencia de la responsabilidad" de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Para más, cuando postula que resultaría aplicable el plazo decenal contemplado en el art. 4.023 del Código Civil anterior, soslaya el impugnante denunciar la violación de las concretas normas actuadas por el tribunal para resolver este aspecto de la contienda, así el art. 44 de la ley 24.557 que contiene una disímil regulación consagrando un plazo de dos años y los arts. 3.949 y 3.986 del Código Civil -ley 340-. Ciertamente, tampoco se ocupa de edificar aquí reflexión alguna orientada a evidenciar un eventual absurdo valorativo por parte del órgano jurisdiccional. En fin, ocupa recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 122.611, "Funaro", sent. de 20-VII-2020; L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Ello, con excepción del señalamiento que formula mi colega en el punto III.1.c. de su propuesta en orden a su opinión personal sobre los supuestos que tornan aplicable el art. 1.113, segunda parte del anterior Código Civil (v. mis votos en las causas L. 72.336, "Iommi", sent. de 14-IV-2004; L. 80.406, "Ferreyra", sent. de 29-IX-2004; L. 82.743, "Ventancor", sent. de 26-IX-2007; L. 115.898, "C., M. L.", sent. de 15-VI-2016; L. 118.531, "Scardulla", sent. de 31-V-2017 y L. 120.121, "Troche", sent. de 6-XII-2021; e.o.), por resultar los demás argumentos suficientes para dar respuesta adversa a la impugnación traída. Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del doctor Soria, con excepción de lo expresado por mi colega en el punto III.1.c. de su sufragio, exclusión que en nada altera el sentido de la decisión, por resultar los demás argumentos suficientes para dar respuesta adversa a la impugnación traída. Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con este alcance, también voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con igual salvedad que la formulada por los doctores Kogan y Torres, adhiero al voto del doctor Soria -incluso en materia de costas-, por compartir sus fundamentos.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/12/2023 12:49:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/12/2023 10:14:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 12:36:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 11:24:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 12:39:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/12/2023 13:55:09 hs. bajo el número RS-140-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia