Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128351
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la sentencia dictada con fecha 5 de noviembre de 2021 y la resolución del 18 de noviembre de 2021 y, en consecuencia, se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere pertinentes y dicte nuevo pronunciamiento.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.351, "Gorosito, Lorena Evangelina c/ Galeno A.R.T. S.A. s/ Accidente de trabajo-Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Chacabuco perteneciente al Departamento Judicial de Junín, hizo lugar a la acción entablada e impuso las costas a la demandada vencida (v. sentencia de 5-XI-2021 y aclaratoria de 18-XI-2021).
Se interpuso, por Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-XI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia dictada por el tribunal de grado el día 5 de noviembre de 2021?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su sentencia el tribunal de trabajo interviniente inicialmente procedió a describir los antecedentes del caso. Entre otros señalamientos, destacó allí que por conducto de la demanda que diere inicio al presente expediente la actora procura que "...se determine el importe correspondiente a las prestaciones dinerarias derivadas de la incapacidad laboral que se estableció en el expediente principal (autos 'Gorosito, Lorena C/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. S/ Recurso de Apelación' - Expte. N° 25.936) tramitado por ante el Excmo. Tribunal del Trabajo de Junín..."; en dichas actuaciones -continuó el sentenciante- "...se fijó a la actora un porcentaje de incapacidad que alcanza al 70,12%, luciendo copia certificada de la sentencia recaída con fecha 19/08/2016 en las mismas, a fs. 68/71 de autos...".
Párrafos más abajo, al edificar su decisión rechazó las excepciones de cosa juzgada, prescripción y "pago total" opuestas por la parte demandada, ponderó fundamentalmente distintas circunstancias que surgían de aquel anterior expediente calificado como "principal".
Seguidamente, abocado a resolver el fondo de la cuestión y "...en virtud de la plataforma fáctica que ha quedado consolidada..." en el pronunciamiento dictado en el expediente principal, juzgó que el caso debía encuadrarse dentro de las fronteras de la ley 24.557 y sus modificatorias al tiempo del accidente sufrido por la demandante.
Con esa afirmación, ponderando los recibos de haberes que indicó, cuantificó el ingreso base mensual de la trabajadora, además, definió -entre varias consideraciones- el tipo y grado de incapacidad que portaba, su edad a la fecha del infortunio y que sus dolencias eran "consecuencia de un accidente laboral".
Luego, valorando que la aseguradora había efectuado un pago en sede administrativa en el año 2007 utilizando como componente de la fórmula para la prestación respectiva el salario histórico de la trabajadora, poniendo de relieve el grado de incapacidad determinado en sede judicial años después, y además, que no surgían constancias de haberse cumplido con la prestación establecida en el art. 11 de la Ley de Riesgos del Trabajo ni con los intereses que se devengaron entre el hecho y el último pago, consideró -reiterando en parte lo expuesto al rechazar la excepción de pago- que no podía admitirse como definitiva la cancelación hecha por la accionada por la suma de $190.556,94 en concepto de prestaciones dinerarias.
Seguidamente, acudiendo a la doctrina legal que individualizó, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en lo relativo al período computable para calcular el ingreso base mensual y consideró que debía determinarse conforme a la pauta salarial vigente al momento de liquidarse el pago efectuado por la aseguradora en el mes de diciembre de 2016. El mismo criterio utilizó en la determinación de los topes indemnizatorios previstos para calcular la prestación dineraria del art. 15 inc. 2 y la compensación adicional de pago único del art. 11 inc. 4 apartado "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo. Y, en fin, entendió que resultaba evidente que el pago efectuado por la firma aseguradora en el mes de agosto de 2016, con valores vigentes al mes de mayo de 2006, conllevaba una injusticia inaceptable.
En esas condiciones, hizo lugar a la acción en procura del cobro de las diferencias reclamadas, condenando a la demandada a abonar a la accionante el importe que específicamente determinó. A dicha suma le agregó la compensación dineraria adicional de pago único que establece el apartado "b" del inc. 4 del art. 11 de la ley 24.557.
Por otra parte, declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y su inaplicabilidad al caso y del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Incorporó en la condena una suma en concepto de intereses, cuantificados del modo que indicó según los tramos temporales trazados. En parte, fundó lo aquí decidido en las disposiciones que contiene la ley 27.348.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 9 y 10 de la Constitución provincial; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. según ley 23.643); 44 inc. "e", 47, 65 y concordantes del decreto ley 7.718/71; 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; de la resolución del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil 7/89 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Se agravia del rechazo de la excepción de cosa juzgada.
Considera que el reclamo impetrado en estas actuaciones refiere a un mismo hecho generador, y que mediante un nuevo juicio la demandante pretende -de modo improcedente- ampliar su objeto.
II.2. Seguidamente, objeta que se haya desestimado la excepción de prescripción opuesta.
Refiere que los plazos que tomó el juzgador de origen para la determinación de la incapacidad no se compadecen con la regulación legal aplicable.
Puntualiza que el dictado de la sentencia en la causa de referencia ocurrió el día 19 de agosto de 2016, la que devino firme el día 30 de noviembre de 2016, fecha en que operó la cosa juzgada y quedó impedida la actora de seguir reclamando.
A la par, sostiene que si para la determinación del cómputo de la prescripción debe tomarse como pauta la posibilidad cierta del conocimiento de la lesión o -al menos- la fecha en que razonablemente debió tenerlo, afirma que el trabajador tomó conocimiento de su minusvalía el 3 de mayo de 2006 y la demanda fue iniciada el día 19 de agosto de 2016, encontrándose prescripta la acción.
Asegura que ya de conformidad con la ley 24.557 o bien con el Código Civil, la acción se encuentra -igualmente- prescripta.
II.3. Cuestiona asimismo que no se haya receptado favorablemente la excepción de "pago total".
Denuncia que conforme reconoce la propia actora, esta percibió la suma de $50.300,90 con fecha 7 de julio de 2007 por la incapacidad del 31,22% determinada primeramente ante la comisión médica jurisdiccional, y que luego, con fecha 21 de diciembre de 2016, cobró el monto de $140.256,04 por la diferencia en el porcentaje de incapacidad determinado en sede judicial. Con ello, enfatiza que la accionada ha cumplido con sus obligaciones y que no habiendo sido apelada la sentencia dictada por el tribunal laboral de Junín, dicha obligación se encuentra cancelada.
II.4. Objeta la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el a quo del art. 12 de la ley 24.557.
Denuncia la existencia de una gran contradicción al obligar a su parte no solamente a abonar un juicio por el cual pagó otra condena, sino a actualizarlo en base al ingreso que percibiera el actor diez años después del hecho. Postula que tal decisión es lesiva de su derecho de propiedad.
Explica que, si un trabajador cobra más que el límite máximo de la base imponible previsional establecida en el art. 9 de la ley 24.241, su exceso no es una remuneración sujeta a aportes y, por lo tanto, no integra el cálculo efectuado conforme lo normado en el art. 12 de la ley 24.557.
Entiende respecto a las contribuciones patronales, que corresponde aplicar la resolución general que cita proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que establece -también- la base imponible máxima sobre la cual los empleadores deben abonar las alícuotas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Expone que la aseguradora percibió de la empleadora de la actora una alícuota para la cobertura de riesgos laborales, la cual se determina en función de la actividad que desarrollan, los topes legales establecidos, la masa salarial y otros elementos propios de la ciencia actuarial, lo que determina cuál es la contraprestación que debe abonar el asegurado frente a los riesgos que asume la aseguradora. De lo expuesto, concluye que no puede pretenderse imponer una obligación que no tiene su contraprestación en las alícuotas abonadas por el empleador.
II.5. Por otro lado, critica la decisión del tribunal de grado con arreglo a la cual dispuso la aplicación de intereses desde la fecha del hecho a la actualidad.
Cuestiona que se liquiden intereses posteriores a la fecha de la sentencia dictada por el tribunal del trabajo de Junín. A su vez, controvierte la aplicación, desde el 5 de marzo de 2017, de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, a un capital -según entiende- ya actualizado, incurriendo en una doble actualización de valores.
Destaca que la indemnización que pudiera corresponderle al damnificado no debe constituirse en un enriquecimiento incausado, lo que sucede cuando se desplaza un bien o cosa de un patrimonio a otro, sin la existencia de causa o título que justifique tal circunstancia.
II.6. Finalmente, critica la aplicación de la ley 27.348 al caso de autos, toda vez que -en lo esencial- entiende que la presente controversia refiere a un hecho que acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley mencionada, con sentencia firme desde el año 2016.
III. Corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1. Surge de la sentencia dictada en estas actuaciones que al abocarse a la resolución de la controversia que le fue llevada, el a quo hubo de valorar determinados hechos y pruebas. Sin embargo, no emitió el correspondiente veredicto exigido por la ley de procedimiento laboral provincial para aquellas hipótesis que requieren un pronunciamiento sobre los hechos por parte del órgano jurisdiccional.
Y desde ya, cabe poner de resalto, que durante el desarrollo del proceso el tribunal del trabajo nunca hubo de declarar la cuestión como de puro derecho, único supuesto en el que la ley 11.653 autoriza la ausencia de veredicto (art. 32 cuarto párr., ley cit.).
En el caso, resultaba ineludible el dictado de dicha pieza procesal, etapa en la que el tribunal de trabajo debió haber valorado "en conciencia" la prueba correspondiente (art. 44 inc. "d", ley cit.), y donde -a su vez- debió haber juzgado sobre los hechos acreditados o no, con indicación de los elementos de juicio meritados (art. 47 primer párr., ley cit.).
En reiteradas oportunidades ha declarado esta Corte que, en tanto existan hechos controvertidos y elementos de prueba relativos a ellos que deban examinarse por el juzgador, es ineludible la formulación del veredicto antes de dictar la sentencia, lo que por otra parte es deber constitucional inexcusable para el tribunal de trabajo, de acuerdo con lo prescripto por el art. 168 de la Constitución provincial (causas L. 55.801, "Bruno", sent. de 20-II-1996; L. 104.645, "Molfesa", sent. de 26-X-2010; L. 105.294, "Rodríguez", sent. de 28-XII-2010; L. 109.595, "Juárez", sent. de 1-VIII-2012; L. 119.517, "Salomón", sent. de 21-VI-2017; L. 127.183, "Prieto Sosa", resol. de 21-III-2023 y L. 125.473, "Escudero", sent. de 3-V-2023).
III.2. Vale precisar que no obsta a la solución anulatoria propuesta la circunstancia de que la impugnante no hubiera deducido recurso extraordinario de nulidad ni introducido agravios sobre la grave omisión en que incurrió el juzgador de grado, desde que este Tribunal -en numerosas oportunidades- ha señalado que procede la anulación de oficio del fallo recurrido por la vía de inaplicabilidad de ley, aunque no medie denuncia de infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, toda vez que nada exime a esta Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 87.861, "Santulli", sent. de 11-VI-2008; L. 104.645 y L. 109.595, cits. y L. 118.248, "Díaz", sent. de 14-X-2015).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde disponer la anulación de oficio de la sentencia dictada con fecha 5 de noviembre de 2021 y, en consecuencia, también de la resolución del 18 de noviembre de 2021 que procedió a rechazar la aclaratoria planteada. Los autos deben remitirse al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales pertinentes y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo :
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio la sentencia dictada con fecha 5 de noviembre de 2021 y la resolución del 18 de noviembre de 2021 y, en consecuencia, se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere pertinentes y dicte nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia