Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125140
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar -con los alcances expuestos- al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca -por los fundamentos brindados- el pronunciamiento de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348. En consecuencia, los autos se remiten al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Las costas de esta instancia extraordinaria -tanto del recurso como de la queja (art. 292, CPCC)- así como las generadas en la sede ordinaria, se imponen en el orden causado, atento las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.140, "González, Mariano Daniel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 (v. fs. 462/463 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 464/469), el que, denegado en la instancia de grado, fue concedido por esta Suprema Corte al hacerse lugar a la queja interpuesta en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348, dejando expedita la acción plena al amparo -según dijo- de lo establecido en la ley 11.653 (v. fs. 462/463 vta.).
Para así decidir, destacó que la instancia de revisión prevista en el referido plexo legal limita y vulnera los derechos constitucionales consagrados en los arts. 15 y 39 de la Constitución provincial y 18, 109 y 116 de la Constitución nacional, porque impone un recurso no contemplado en la ley 11.653, que regula el trámite procesal en la Provincia de Buenos Aires.
Inicialmente, sostuvo que el encuadre normativo estipulado en la ley 14.997 -de adhesión a la citada ley 27.348- somete al trabajador a una tramitación de carácter obligatorio y previa ante las comisiones médicas, a través del procedimiento allí establecido.
A su vez, señaló que finalizada la instancia administrativa que prevé la normativa de referencia, el justiciable debe contar con la posibilidad de un control judicial amplio y suficiente, que garantice la revisión plena de los hechos y el derecho, con extenso debate y medios de prueba que aseguren el debido proceso y el efectivo acceso a la justicia, tal como establece el mencionado art. 15 de la Constitución local.
En ese marco, estableció que debe rechazarse toda hermenéutica que limite el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía sobre la que se erige uno de los pilares básicos del estado de derecho, debiendo el recurso reconocido armonizarse con la garantía de la tutela judicial continua y efectiva de los ciudadanos.
Luego, entendió que de aplicarse las disposiciones bajo análisis se estaría eludiendo la vigencia de la ley 11.653 que impone un procedimiento oral y sumario, con producción de pruebas y valoración en conciencia, circunstancia que afectaría la función propia y exclusiva de los jueces laborales.
Así, concluyó que los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 no verifican -en su diseño procesal- la garantía constitucional de un trámite de revisión judicial amplio; por lo que declaró su inconstitucionalidad y dejó expedita la acción de conocimiento plena prevista en la ley ritual del fuero del trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 5, 18, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional y 2 y 14 de la ley 27.348.
En primer lugar, señala que el control de constitucionalidad debe ejercerse con suma prudencia con la finalidad de no afectar el principio de división de poderes. De ahí entonces -indica- que la declaración de inconstitucionalidad se erige como la "última ratio ", y solo debe llevarse a cabo en casos extremos.
Alega que el juzgador de grado incurrió en predicaciones abstractas, decretando la falta de congruencia constitucional de artículos de una ley nacional, sin analizar, en el caso concreto, los agravios que dicha situación genera al trabajador como titular de la acción.
Postula que yerra el sentenciante cuando indica que la normativa vigente es la ley 11.653, desde que la ley 15.057, que reforma el procedimiento laboral provincial, se sancionó el 25 de octubre de 2018 y, en virtud de lo que dispone su art. 103, rige desde esa oportunidad.
Transcribe el contenido del art. 2 inc. "j" de la última de las leyes citadas, y apunta que allí se replica el procedimiento que prevé la ley 27.348, armonizado, ordenado y adecuado a la normativa procesal local.
Refiere que no es cierto que se afecte el debido proceso y el efectivo acceso a la tutela judicial continua y efectiva, ya que la ley establece una revisión judicial que habilita al trabajador a plantear su disconformidad ante la comisión médica central, y luego recurrir ante el Tribunal de Alzada, o bien controvertir lo resuelto por la comisión médica local ante la justicia del trabajo.
Indica que los preceptos invalidados no restringen el marco cognitivo de la revisión judicial, ya que admiten el reexamen de las cuestiones fácticas y jurídicas analizadas en la esfera administrativa.
Resalta, en ese orden, la previsión expresa vinculada con la producción de medidas de pruebas en cualquier instancia, las cuales son gratuitas para el trabajador.
Concluye que de la sentencia en crisis no surgen argumentos válidos y sólidos que permitan sostener la postura adoptada en relación al sistema de revisión plasmado en los arts. 2 y 14 de la ley 27.348.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1. Conforme se desprende de los antecedentes expuestos, el tribunal de grado decretó la invalidez constitucional de los arts. 2 y 14 de la citada ley 27.348, toda vez que apreció -en lo sustancial- que la revisión de las decisiones de las comisiones médicas que allí se contempla no tiene suficiente amplitud de debate, lo que transgrede las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio del trabajador y los arts. 15 y 39 de la Constitución local y 14 y 14 bis de la Constitución nacional.
III.2. Sentado lo anterior, reviste interés señalar que, con anterioridad a la fecha de emisión de la decisión impugnada (4 de octubre de 2019) y de la interposición del carril de inaplicabilidad de ley en tratamiento (28 de octubre de 2019), se dictó en el ámbito provincial la ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018), que dispuso su entrada en vigor desde el día 3 de febrero de 2020.
Ahora bien, el art. 2 inc. "j" -al que refiere el interesado en el desarrollo de su postulación recursiva- se ha tornado operativo de modo inmediato (art. 103, ley cit.; causa L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020).
III.3. Luego, si bien el caso presenta ciertos matices diferenciales, corresponde señalar que esta Corte se expidió sobre la temática que aquí se ventila en la causa L. 124.285, "Bustos Torres" (sent. de 27-II-2023).
En el citado precedente, compartí la propuesta de solución llevada al acuerdo por el doctor Genoud, y me remití a los concordantes fundamentos que diera la doctora Kogan en su voto en la citada causa "Marchetti", a la cual también presté mi adhesión.
Desde este punto de mira, advierto que la controversia suscitada encuentra respuesta en las consideraciones allí formuladas, las que habré de reproducir -en lo pertinente- a los fines de dar adecuada resolución al caso bajo examen.
III.4. Señaló mi distinguida colega en el último de los fallos citados que a partir de la sanción de la mencionada ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018) queda garantizada la revisión judicial suficiente mediante la tramitación de un juicio ordinario y dentro del plazo de noventa días hábiles a contar desde la notificación de la resolución emanada de la comisión médica jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad (art. 2 inc. "j" segundo párr., ley cit.).
Indicó que, además, la nueva legislación provincial adjudica competencia a los jueces locales quienes conocerán "...en la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, segundo párrafo, de la ley 27.348 complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo o la que en el futuro la reemplace" (art. 2 inc. "j", primer párr.), disponiendo que "...hasta tanto se ponga en funcionamiento los juzgados y Cámaras de Apelación del Trabajo previstos en la presente, la revisión establecida en el art. 2 para las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales así como el recurso de apelación establecido para las resoluciones dictadas por la Comisión Médica Central deberán interponerse ante los actuales Tribunales de Trabajo que resulten competentes" (art. 103).
Postuló asimismo que los trabajadores víctimas de infortunios laborales o sus derechohabientes no deben acudir al fuero federal para intentar obtener la revisión de lo decidido por las comisiones médicas jurisdiccionales y la comisión médica central, sino que tal examen queda a cargo de los jueces del trabajo locales, es decir, sus jueces naturales llamados a resolver los conflictos de derecho común en la materia laboral (LRT y leyes complementarias).
III.5. De suyo entonces, en el caso, las tachas vinculadas con la limitada revisión proveniente de los canales recursivos contemplados en los arts. 2 y 14 de la ley 27.348, en la que se amparó el pronunciamiento de grado puesto bajo censura, vinieron a ser saneadas en el ámbito local a partir de las prescripciones contenidas en el referido art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 en cuanto prevé la indicada "acción laboral ordinaria" para procurar la revisión de las decisiones de los órganos administrativos intervinientes en el marco del procedimiento instaurado por la citada ley de fondo.
De allí que queden a resguardo los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial continua y efectiva, debido proceso y defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 10, DUDH; 1.1., 8.1. y 25, CADH; 14, PIDCP y 15 y 39, Const. prov.).
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar -con los alcances expuestos- al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y revocar -por los fundamentos brindados- el pronunciamiento de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348. En consecuencia, los autos deberán volver al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Atento las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego y dada la naturaleza de la cuestión tratada, las costas de esta instancia extraordinaria -tanto del recurso como de la queja (art. 292, CPCC)-, así como las generadas en la sede ordinaria, serán soportadas en el orden causado (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe prosperar.
Acompaño a mi distinguido colega doctor Torres en su propuesta de revocar el pronunciamiento de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348, lo hago, remitiéndome por razones de brevedad -y en lo pertinente- a las consideraciones que efectué en oportunidad de brindar mi opinión en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
II. En virtud de lo expuesto, cabe hacer lugar al recurso conforme se resuelve en el apartado final de la opinión inaugural.
Las costas de esta instancia extraordinaria -tanto del recurso como de la queja (art. 292, CPCC)- así como las de la sede ordinaria serán soportadas en el orden causado, en atención a las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso prospera.
Comparto la propuesta de mi distinguido colega doctor Torres de admitir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; ello a tenor de los fundamentos expuestos en el antecedente L. 124.285, "Bustos Torres" (sent. de 27-II-2023).
Las costas de esta instancia extraordinaria -tanto del recurso como de la queja (art. 292, CPCC), así como las de la sede ordinaria serán soportadas en el orden causado, en virtud de las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al distinguido colega, doctor Torres, a tenor de los fundamentos expuestos en su voto, así como los razonamientos vertidos en ocasión de expedirme en los antecedentes L. 124.285, "Bustos Torres" (sent. de 27-II-2023) y L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), rememorados por el ponente.
Las costas de esta instancia extraordinaria -tanto del recurso como de la queja (art. 292, CPCC)- así como las de la sede ordinaria, por idénticos fundamentos a los expuestos por los colegas que me preceden en la votación, serán soportadas en el orden causado (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar -con los alcances expuestos- al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca -por los fundamentos brindados- el pronunciamiento de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348. En consecuencia, los autos se remiten al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Las costas de esta instancia extraordinaria -tanto del recurso como de la queja (art. 292, CPCC)- así como las generadas en la sede ordinaria, se imponen en el orden causado, atento las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2023 09:59:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 10:24:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 11:02:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/02/2024 08:59:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/02/2024 09:37:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/02/2024 10:32:29 hs. bajo el número RS-1-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia