Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128496
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.496, "Polifemo, Gabriela Natalia contra Dirección General de Cultura y Educación y otro/a. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 16-IX-2020).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-X-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Gabriela Natalia Polifemo contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a esta última al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización integral por daños y perjuicios en los términos del derecho civil y por las prestaciones dinerarias previstas en el régimen de infortunios laborales (arts. 14 inc. 2 apdo. "a", ley 24.557 y 3, ley 26.773). Rechazó, en cambio, el reclamo formulado en concepto de daño psicológico.
Para así decidir, tuvo por probado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación provincial, la actora padece disfonía crónica definitiva por hiatus cordial longitudinal, que la incapacitan (sumado el factor de ponderación de la edad) en un 19,05% del índice de la total obrera; cuya fecha de toma de conocimiento se produjo el día 4 de junio de 2014.
En la etapa de sentencia señaló que, en su escrito liminar, la accionante solicitó la reparación integral basada en el derecho común y -subsidiariamente- la acción sistémica fundada en la Ley de Riegos del Trabajo.
Sobre esa base, juzgó acreditados los dichos de la trabajadora en cuanto a que las labores que realizaba y las condiciones en que estas eran prestadas, resultaron una actividad riesgosa productora de daño, que enmarcaba en lo normado en el art. 1.113 del Código Civil (ley 340, actual art. 1.757, Cód. Civ. y Com. de la Nación), en tanto las mismas implicaban la exposición a la sobrecarga del uso de la voz.
Consideró también que -aun cuando el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo no era aplicable al caso-, la empleadora vulneró el deber de no dañar, consagrado en el art. 19 de la Constitución nacional, respecto del cual, tanto la primera norma aludida como el art. 1.109 del anterior digesto (art. 1.749, Cód. Civ. y Com. de la Nación), resultaban su reiteración consagratoria (en la ley especial y en la ordinaria, respectivamente); ello, al crear el riesgo que se efectivizó en el daño de la accionante.
De igual manera, sostuvo que la dolencia padecida por esta última encuadraba en el concepto de enfermedad profesional, por la cual el Fisco provincial debía responder en los términos de los arts. 6, 12, 14 y concordantes de la ley 24.557 y la resolución 37/10.
Bajo dicho esquema, y considerando que, a la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad de la trabajadora, se encontraba vigente la ley 26.773 -dado lo prescripto en su art. 4 en lo relativo a la opción excluyente-, juzgó que correspondía -aún de oficio- pronunciarse respecto de la limitación de la doble vía resarcitoria.
Con sustento en sus propios precedentes y en doctrina autoral que citó, sostuvo que, si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción excluyente contendida en la ley 9.688 en sus distintas versiones, tal posición no resultó pacífica y que esa incongruencia fue superada a partir del art. 39 de la ley 24.557 que, si bien provocó una serie de insostenibles injusticias, también actuó como un eficaz revulsivo de las mismas. A partir de entonces, explicó, los superiores tribunales, tanto nacionales como provinciales, encadenaron una serie de sucesivos fallos que -enfatizó- impiden retrogradar legal, jurisprudencial y doctrinariamente hacia la reinstauración de la opción en cuestión.
Destacó en el fallo que no puede existir un subsistema de reparación de daños excluyente del común y que, de ser ello así, siempre deberá complementarse y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima, en conjugación de las distintas vertientes de atribución de responsabilidad, evitando la superposición o duplicación de reparaciones. Señaló que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace años y no puede desandarse, sino por conducto de quebrantar el principio de progresividad.
Expuso que la ausencia de razonabilidad de la opción excluyente viola los principios básicos de indemnidad, protección especial e irrenunciabilidad, al obligar al trabajador, en estado de necesidad, a tomar una decisión por la indemnización tarifada -tutela mínima básica- y la reparación plena, cuando lo que se encontraba en juego era su propia integridad psicofísica, implicando una renuncia y poniéndolo por debajo del standard protectorio de tutela diferenciada del que son sujetos, conforme lo reconoce el art. 14 bis de la Constitución nacional.
Con ese sustrato -como anticipé- declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, por considerarlo incompatible con lo normado por los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo.
Siguiendo ese razonamiento, discriminó los montos de reparación de acuerdo a la imputación de los distintos sistemas de responsabilidad respectiva (tarifada sistémica y la integral del derecho común).
Consecuentemente, calculó la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y el adicional estipulado en el art. 3 de la ley 26.773, en la suma de $207.191.
Al cuantificar la indemnización que le correspondía percibir a la actora en los términos del derecho civil, el tribunal atendió a algunos conceptos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente "Arostegui" (sent. de 8-IV-2008), exponiendo los datos y las fórmulas que consideraba pertinentes. Arribó así al monto indemnizatorio de $452.116, en concepto de pérdida de la capacidad de ganancias y de chance y por los daños a la integridad moral y psicofísica para resarcir a la trabajadora.
Con ese sustento, juzgó que la demanda promovida debía prosperar por el monto antedicho en concepto de reparación integral (sustentada en los arts. 14 bis, 17 y 19, Const. nac.; 1.109 y 1.113, Cód. Civ. y 1.738, 1.749 y 1.757, Cód. Civ. y Com. de la Nación) y, hasta la suma de $207.191, por la responsabilidad endilgada en los términos de la ley especial (en su calidad de autoasegurada, por los arts. 1, 6, 12 y concs., ley 24.557 y 3, ley 26.773).
Sobre el total por el que prosperó el reclamo, ordenó aplicar intereses -con sustento en el art. 770, inc. "b" del Código Civil y Comercial- desde la primera manifestación invalidante hasta la fecha de notificación de la demanda conforme la tasa pasiva digital, acumulándolos al capital de condena.
Luego, a partir de la fecha en que el pronunciamiento y la liquidación correspondiente quedaran firmes y hasta su efectivo pago, estableció la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de las normas y la doctrina legal de esta Corte que aduce vulneradas (v. escrito electrónico de fecha 19-X-2020).
II.1. En primer término, se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada en la instancia de grado.
II.1.a. Sostiene que el tribunal de origen atribuyó al escrito de inicio un cuestionamiento constitucional referido al mencionado artículo, que claramente no contuvo, incurriendo así en violación del principio de congruencia procesal, que delimita el margen de decisión a las cuestiones positivamente solicitadas por las partes en los escritos constitutivos (arts. 47, ley 11.653 y 163 incs. 4 y 6, CPCC). Denuncia que dicha forma de decidir vulnera sus derechos de igualdad y defensa en juicio, al haberse visto privado de efectuar la defensa constitucional de la norma.
En ese entendimiento, afirma transgredida la doctrina legal elaborada por esta Corte en las causas L. 120.792, "Guarepi" y L. 120.826, "Pennone" (sents. de 18-VIII-2020).
II.1.b. Asevera que, pese a que el mencionado yerro de "forma" justifica plenamente la procedencia del recurso intentado, lo mismo acontece respecto al "contenido" de la decisión.
Señala que la declaración de invalidez efectuada por el a quo y su genérica fundamentación, no puede soslayar que la existencia de la opción excluyente de acciones es producto de una labor legislativa conforme el art. 75, inc. 32 de la Constitución nacional. En tal sentido, argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la "razonabilidad".
Destaca que luce desacertada la interpretación realizada en la sentencia por la cual se indica que es violatoria del principio de progresividad, ello, pues esa directriz no posee jerarquía constitucional; además, porque lo decidido por el Máximo Tribunal nacional como por el provincial, en los precedentes "Aquino", "Castillo", "Llosco", "Cachambi", "Castro" y "Abaca", referían al cúmulo de acciones, sin brindar tratamiento a la opción excluyente tal como postula la norma en cuestión.
Indica que sus disposiciones no implican un retroceso, en tanto no se ha restaurado un esquema similar al cuestionado art. 39, inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en tanto la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño; un razonamiento en contrario -explica- importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando un indebido enriquecimiento.
Indica que no es el camino correcto el de acudir a inconsistentes argumentos a efectos de derribar una normativa que es de carácter público y ha sido creada -como instrumento de protección social- con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de la ley 24.557.
Así, refiere que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y prescindir de su aplicación al caso.
En ese entendimiento denuncia vulnerados los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios n° 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
II.1.c. Por último, y a todo evento, aduce que a la hora de determinar el porcentaje de incapacidad no pueden incluirse los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, ya que estos corresponden, exclusivamente, al sistema de reparación tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo.
II.2. Desde otroángulo, controvierte la decisión de grado en cuanto -con fundamento en el art. 770, inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación- dispuso la acumulación de los intereses al capital de condena.
Aduce que este tramo del fallo de origen es violatorio de la doctrina legal que identifica como causas L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016); L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016); L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016) y L. 118.391, "Manfredini" (sent. de 21-XI-2018).
II.3. A su vez, impugna la imposición de intereses punitorios establecida para el caso de incumplimiento del fallo dictado, afirmando que este tramo de la decisión se aparta de la doctrina legal emergente de las causas L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2015); B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
III. El recurso prospera.
III.1. A los fines de otorgar suficiente respuesta al agravio inaugural, por conducto del cual el interesado impugna el control oficioso de constitucionalidad efectuado por el tribunal de grado respecto de la norma citada, habré de estar -tal como propone el recurrente-, en lo pertinente, a los conceptos vertidos por esta Suprema Corte en precedentes análogos, en sustancia, al presente. Me refiero a los registrados como causas L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020), aunque no tuve oportunidad de intervenir y L. 125.086, "Raimundo" (sent. de 22-XII-2022), en la cual al efectuar mi voto remití a la causa L. 121.544, "Arce" (sent. de 20-X-2021), en el que presté mi adhesión al voto de mi distinguida colega doctora Kogan.
Ello así, en tanto en el supuesto en estudio se verifica que el libelo de inicio adolece de los mismos defectos que fueron puestos de manifiesto en las causas citadas y que justificaron la procedencia de la impugnación (art. 47, ley 11.653).
En efecto, pese a que la ley 26.773 resultaba aplicable en la especie según las pautas de orden temporal denunciadas en la demanda (v. fs. 121 vta. y vered., pág. 3), ningún análisis mereció el nuevo diseño del régimen de riesgos del trabajo implementado por ella.
Se observa, al respecto, que en dicho escrito nada dice la parte en relación con la opción "excluyente" que regula el segundo párrafo de la norma descalificada en la sentencia. Resta señalar que tampoco lo hizo en otras oportunidades procesales pues, aún frente al planteo que con tal sustento plasmó la contraria al diseñar su defensa, al evacuar el traslado conferido en los términos del art. 29 de la ley 11.653, la parte actora nada manifestó al respecto (v. contestación de demanda, fs. 155 y escrito de fs. 167).
No obsta a la solución que aquí se propone lo resuelto por esta Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), toda vez que en este último precedente había mediado un concreto planteo de la parte actora cuestionando la validez constitucional del art. 4 de la ley 26.773.
III.2. A partir de lo anterior, no queda margen para abordar los restantes cuestionamientos que contiene el medio de impugnación.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto allí se juzgó la inconstitucionalidad del referido precepto.
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen a fin de que -con nueva integración y previa renovación de los actos procesales que estime necesarios- dicte un nuevo pronunciamiento que resuelva la controversia.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Tal como se desprende del relato efectuado por el ponente, los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020) y L. 121.544, "Arce" (sent. de 20-X-2021).
Al respecto, recuerdo que en tales causas este Tribunal acogió agravios estructurados de modo sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance atribuido por el doctor Torres. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1.a. Tal como fuera señalado por el colega ponente, en el caso el pronunciamiento de grado debe ser revocado pues contiene los mismos defectos que en su hora puse de relieve -en relación con una sentencia proveniente del tribunal de grado que aquí intervino- en la causa L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020), solución que fuera replicada en los casos L. 121.544, "Arce" (sent. de 20-X-2021) y L. 125.086, "Raimundo" (sent. de 22-XII-2022).
En el citado precedente L. 120.792, sostuve como una pauta general, consistente con el respeto del debido proceso (art. 18, Const. nac.) la necesidad de resguardar que el debate constitucional sea instado oportunamente por la parte interesada con el fin de garantizar la audiencia y bilateralidad en el trámite, y permitir que los jueces, en el ejercicio de sus atribuciones (arts. 31, Const. nac. y 57, Const. prov.), se pronuncien sobre la validez de la norma objetada, criterio, desde luego, no exento de matices ni de excepciones.
Con arreglo a las consideraciones expuestas en aquella ocasión, a las que remito por razones de brevedad, cabe afirmar que en el caso el tribunal de grado descalificó de modo improcedente la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y condenó a la accionada al pago de una reparación integral con sustento en las normas de derecho común y de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557. Pues lo hizo sin que se hallaran configurados los supuestos habilitantes a tales fines.
El yerro de la sentencia de grado es inequívoco. Dable es precisar algunas particularidades que apuntalan la solución propuesta: a pesar de resultar aplicable, ningún análisis mereció en el escrito de demanda el nuevo diseño que trajo al ámbito de los infortunios laborales la ley 26.773, me refiero, a que nada se dice concretamente en dicha pieza procesal en relación con la opción "excluyente" que regula el segundo párrafo de la norma descalificada en la sentencia. Resta indicar que tampoco en otras oportunidades procesales la parte actora se expidió acerca del art. 4 de la nueva legislación, ni aún frente al planteo que con tal sustento plasmó la contraria al diseñar su defensa.
Ello justifica el progreso de la impugnación extraordinaria fundada -entre otras disposiciones- en el art. 47 de la ley 11.653.
I.1.b. Cabe aclarar, por fin, que no he participado de la definición a la que arribó este Tribunal en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), litigio en el que -con relevantes notas distintivas- planteada por la parte actora la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, el tribunal de grado hizo lugar al reclamo fundado en el sistema pergeñado por la ley 24.557, ello, ante el fracaso de la acción sustentada en el derecho civil.
I.2. Con todo, corresponde revocar lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto allí se juzgó la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773. Los autos han de regresar al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.