Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130835
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (art.292 del CPCC; Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20; art.63, ley 11.653).
2Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos y el de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298 CPCC).
Los señores jueces doctores Soria, Torres y Genoud, dijeron:
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Alberto Alarcón y, en consecuencia, condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria por incapacidad parcial y permanente (v. vered. y sent. de 17-V-2023 y 18-V-2023, respectivamente).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar, tuvo por acreditado que el actor -en virtud de los accidentes de trabajo sufridos el 10 de diciembre de 2015 y el 11 de julio de 2016- era portador de minusvalías laborativas del orden del 4,47% y 6,71% de la total obrera.
II. Contra dicha decisión, la aseguradora demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 5-VI-2023), ocasión en la que, encontrándose abierta la cuenta de autos (v. informe adunado a la causa de 22-v-202) solicitó, sin perjuicio de otras manifestaciones, que el monto transferido o cualquier monto adicional que sea integrado con posterioridad fuera invertido a plazo fijo, por el tiempo mínimo que permita la reglamentación bancaria, procediéndose a la renovación automática por capital e intereses (v. acápite IV. c.).
A su turno, el sentenciante de mérito declaró desiertos los recursos intentados, ante la ausencia de cumplimiento del depósito previo de capital, intereses y costas regulado en el art. 56 de la ley 11.653 (v. resol. de 6-VI-2023), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 12-VI-2023).
En la vía de hecho deducida de modo directo ante esta sede, el apoderado de la demandada sostiene que, sin perjuicio que el tribunal de grado debió intimar a la aseguradora a dar cumplimiento a dicha exigencia instrumental, cumplió acabadamente con la misma y certifica que transfirió a la cuenta de autos, el día 8 de junio de 2023, la suma equivalente al capital de condena, intereses y costas, adjuntando comprobante de ello.
III. La queja prospera.
III. 1. De modo liminar, corresponde observar que esta Corte ha sostenido, en innumerables oportunidades, que en el supuesto de sentencia condenatoria la mencionada norma instrumental establece como pauta ineludible para la admisibilidad de las vías extraordinarias locales -sin distinción alguna- el depósito previo de capital, intereses y costas, cuyo fin es el de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo recurrido constituye fuerte presunción favorable (causas L. 123.810, "Molina", resol. de 30-X-2019; L. 126.131, "Geist", resol. de 13-X-2020; L. 128.700, "Giuliano", resol. de 1-IV-2022 y L. 130.378, "Delia", resol. de 10-IV-2023).
Por otro lado, sabido es que dicho depósito debe ser integrado en término y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para el mismo son perentorios e improrrogables (art.17, ley 11.653; causas L. 120.407, "Genovese", resol. de 5-IV-2017; L. 121.273, "Sumic", resol. de 28-XI-2018 y L. 125.041, "Díaz", resol. de 16-III-2020).
III.2. Sin dejar de destacar que, como reiteradamente ha dicho este Tribunal, no corresponde intimar a la parte a integrar estos valores, y que tal principio no resulta mitigado por la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial (art. 280), desde que dicha circunstancia sólo procede cuando las normas de ambos ordenamientos procesales concuerden (art. 63, ley 11.653; causas L. 124.760, "Gutiérrez", resol. de 4-VIII-2020 y L. 125.977, "Quinteros", resol. de 13-X-2020), lo que no se exterioriza en esta parcela en atención a la distinta condición jurídica de los depósitos de uno y otro régimen, en la especie, por las circunstancias particulares que se verifican, cabe tener por efectivizada la carga instrumental exigida en el citado art. 56 de la ley 11.653.
Ello así pues, del análisis de las constancias adunadas a la causa, surge que el tribunal de grado se expidió en orden a los requisitos de admisibilidad encontrándose aún pendiente el plazo para su cumplimiento (v. notificación de la liquidación y honorarios regulados el 19-V-2023 y resolución de 6-VI-2023), decisión que fue recurrida por la vía de hecho que aquí se provee y no se encuentra firme y consentida.
En consecuencia, siendo que la recurrente transfirió a la cuenta de autos la suma equivalente al capital, intereses y las costas del proceso, dentro del término fatal regulado en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, de acuerdo a la acreditación efectuada por la quejosa (v. escrito electrónico de 12-VI-2023; art. 2 inc. "d", Ac. 4.068/2022), corresponde tener por cumplido, como se anticipó precedentemente, el requisito formal exigido por el mentado art. 56 de la ley 11.653 y hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Ac. 4.068/22 y Resol. 24/20).
IV. Ahora bien, ingresando primeramente en el análisis del remedio de nulidad admitido en este acto, se observa que la recurrente denunció, al deducirlo, la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto, considera, el tribunal no expresó los fundamentos de su decisión, así como la aplicación los principios procesales que individualizó.
IV.1. Al respecto, no es ocioso recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 130.669, "Madero", resol. de 27-VI-2023).
En este contexto, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021; L. 122.315, "Vera", resol. de 19-XII-2022 y L. 129.194, "Romero", resol. de 27-VI-2023).
Finalmente, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 120.988, "Martínez Vera", resol. de 25-IX-2019; L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 124.835, "Gavilán González", resol. de 16-X-2020 y L. 129.194, cit.).
V. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en lo esencial, se agravió el impugnante del progreso de la demanda. Alegó, en aquella ocasión, que el fallo de grado resulta violatorio del principio de congruencia, en tanto -a su criterio, destacó- tuvo por acreditadas dolencias no denunciadas en el escrito liminar.
V.1. En el caso, se advierte que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el capital de condena-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal (causas L. 124.764, "Mendes Neto", resol. de 16-XII-2020 y L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021).
V.2. Bajo tales premisas, la exclusión de dicha hipótesis se impone nítida, ello así, pues el planteo -en definitiva- alude a una eventual violación del principio de congruencia e impone necesariamente el examen de la valoración de los escritos de constitución de la litis, cuestiones éstas que -sabido es- se encuentran excluidas del ámbito de la casación por la ya mencionada vía de excepción (causas L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 120.649, "Escuela Manuel Belgrano S.R.L", sent. de 17-IV-2019; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020 y L. 129.885, "Demasi", resol. de 27-VI-2023).
Efectuado el análisis de la crítica en los términos del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, lo expuesto es suficiente para desestimar el recurso deducido, sin que corresponda avanzar en otras consideraciones.
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (art.292 del CPCC; Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20; art.63, ley 11.653).
2. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos y el de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/02/2024 12:42:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:34:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 11:36:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 16:18:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2024 08:40:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/02/2024 09:47:43 hs. bajo el número RR-82-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia