Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128810
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.810, "Enciza, Diego Rodrigo contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 30-XII-2021).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-III-2022 ).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Diego Rodrigo Enciza y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, y el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, por la minusvalía definitiva parcial y permanente (9.70% de la t.o.), derivada del accidente de trabajo padecido el 17 de julio de 2017.
Señaló que la primera manifestación invalidante resultaba coincidente con la fecha del infortunio y, teniendo en mira tal circunstancia, efectuó el cálculo del ingreso mensual base conforme el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348 ; ello a tenor del principio iura novit curia y en razón de tratarse de una norma de orden público laboral que mejora el nivel de protección jurídica de los trabajadores (v. sent., pág. 4).
A su vez, con remisión a otros antecedentes del mismo órgano en los que se había resuelto la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19, descartó su aplicación al caso.
Bajo tales pautas, elevó el ingreso base mensual a la suma de $63.384.87, en razón de computar al parámetro establecido en el veredicto ($22.236,49) un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde la primera manifestación invalidante hasta la fecha de emisión del voto (17-VII-2017 al 6-XII-2021).
Y a partir de ese guarismo, fijó la indemnización por incapacidad permanente parcial y definitiva del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 en la suma de $847.240,20, con más el 20% del art. 3 de la ley 26.773, alcanzando un total de $1.016.688,24 (v. sent., págs. 5/6).
Juzgó abstracto pronunciarse sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 efectuado por la parte actora y su petición de ajuste por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en razón de lo normado por los arts. 11 -aplicado al caso- y 21 de la ley 27.348.
En lo que respecta a los intereses moratorios y por tratarse de un capital discernido a valor actual, estableció que el guarismo debía ser incrementado mediante un interés a tasa "pura" que fijó en el 6% anual, desde el infortunio (primera manifestación invalidante) hasta el dictado de la sentencia ($271.915,24). Citó en su apoyo distintos antecedentes de esta Corte (e.o., causa C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018).
Resolvió que la suma obtenida debía capitalizarse conforme los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, y que al importe resultante ($1.288.603,48), se imponga un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el efectivo pago (v. sent., págs. 7/12).
II. La Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 768 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348); 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561); 44 inc. "d" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de fecha 3-III-2022).
II.1. Indica que la decisión del tribunal adolece de un patente vicio que la invalida como acto jurisdiccional (v. pág. 5).
Refiere que si bien a la fecha del accidente que motivó el reclamo de autos se encontraban vigentes las disposiciones de la ley 27.348, la Provincia de Buenos Aires no había adherido a dicha norma; razón por la cual justifica su inaplicabilidad al caso. Asevera que ambas partes así lo interpretaron (v. pág. 6).
II.2. Sostiene que el pronunciamiento de grado es incoherente, pues mientras una indemnización por responsabilidad civil debe justipreciarse bajo los límites que imponen los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (modif. por la ley 25.561), el mentado art. 12 se aparta de estos incorporando un mecanismo de actualización que arroja un resarcimiento completamente desproporcionado (v. págs. 6 y 7).
Aduce que el reproche constitucional que merece esta última norma no puede mitigarse con el argumento de que el legislador intentó desalentar la judicialización de los conflictos por accidentes laborales, toda vez que genera una notoria afectación de garantías (v. pág. 8).
Alega que existe una carencia de proporcionalidad entre el sistema general de reparación y el especial -modificado por la ley 27.348-, evidente, a partir del iter recorrido por el juzgador para determinar el ingreso base mensual del trabajador (v. pág. cit.).
Expresa que si la víctima hubiese sufrido el mismo accidente fuera del ámbito laboral jamás podría alcanzar la suma indemnizatoria reconocida en el fallo, lo que demuestra que los principios protectorios del derecho del trabajo han traspasado los límites de la razón (v. pág. cit.).
II.3. Añade que la tasa de interés prevista en el apartado 2 de la norma en pugna (activa del Banco de la Nación Argentina), resulta contraria a la doctrina que enuncia y provoca una yuxtaposición indexatoria (v. pág. 9).
II.4. Finalmente, señala que la previsión del inc. 3 del art. 12, cuando admite el anatocismo y la tasa de interés activa, no es clara respecto al modo en que debe efectuarse el cálculo, y vulnera el derecho de defensa en juicio de su representada (v. pág. 10).
Con todo, postula la declaración de inconstitucionalidad (v. pág. cit.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, se impone destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera -como lo reconoce el propio recurrente en el punto III.2. de la pieza recursiva (v. pág. 1)-, el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que el tratamiento del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Suprema Corte debería quedar acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022 y L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
Sin embargo, en lo estrictamente tocante al planteo de inconstitucionalidad del referido art. 12 de la ley 24.557 (conf. art. 11, ley 27.348), corresponde considerar que lo afirmado por el recurrente es idóneo para entender no aplicable el requisito del valor económico de lo cuestionado al encontrarse en debate una cuestión federal; razonamiento que tiene sustento en el conocido criterio sentado por la Corte nacional con los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
Luego, y a tenor de lo señalado, más allá de lo que en definitiva se resuelva, de abordarse este concreto tramo del recurso debe hacérselo sin acudir a la mentada restricción procesal.
III.2. Ingresando en el tratamiento de las impugnaciones, dable es señalar que la objeción inicial referida a la vigencia temporal de las disposiciones contenidas en la ley 27.348 en su vinculación con la adhesión de la ley provincial, carece de toda denuncia orientada a evidenciar la violación de doctrina legal, ello, en el marco de revisión de excepción antes indicado, sella su suerte adversa.
III.3. Sentado lo anterior, y como se ha indicado, en el medio de impugnación traído también se ha cuestionado la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 conforme las modificaciones introducidas por la ley 27.348. Ya correspondiendo su análisis despojado de la restricción económica prevista en el art. 55 de la ley 11.653, cabe adelantar que tampoco ha de tener favorable recepción.
III.3.a. Esta Suprema Corte ha declarado que el planteo por el que se impugna la constitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe ser introducido en la primera oportunidad procesal viable al efecto, con la posibilidad de garantizar audiencia suficiente a la contraparte (causas L. 76.568, "Rodríguez Maldonado", sent. de 7-XII-2001 y L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023). Pues, de ese modo, se habilita la potestad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución nacional, permitiendo el control judicial difuso que todos los tribunales de justicia están llamados a ejercer (art. 31, Const. nac.).
III.3.b. En la especie, el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348- que fuera publicada en el Boletín Oficial el día 24-II-2017, no fue incorporado en el litigio en la contestación de la demanda (fechada el 27-IV-2018) a pesar de que ya se encontraba vigente. Cabe advertir que lo afirmado recién en la presentación electrónica de fecha 25-X-2019, en subsidio de otra incidencia, exhibe un contenido lacónico y prescindente de fundamentos autónomos, sobre los cuales no medió -ni fue propiciada- vista a la contraparte.
Es dable colegir entonces que la tacha argüida por el recurrente fue introducida en forma extemporánea.
III.3.c. Cierto es que el examen de la tempestividad de la articulación constitucional exige ponderar las circunstancias que concurren en cada caso, lo cual puede determinar una mayor flexibilidad a efectos de evitar un crudo ritualismo, más no lo es menos que, en la especie, el camino elegido por el recurrente en la instancia de grado torna inadmisible el planteo tardíamente pergeñado.
Merced al derrotero procesal ya mencionado y en ausencia de argumentos que permitan arribar a una solución contraria, el planteo traído se exhibe como el producto de una reflexión tardía que no puede ser atendida en esta instancia extraordinaria (causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014; L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015 y L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
III.4. Finalmente, los demás cuestionamientos, vinculados con la aplicación e interpretación de los distintos incisos del mentado art. 12 de la ley de 24.557 no pueden ser atendidos pues no cuentan con argumentos hábiles tendientes a evidenciar la transgresión de doctrina legal aplicable conforme la plataforma fáctica y jurídica del caso en examen.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud.
Al respecto, solamente he de señalar -en lo concerniente a los argumentos expuestos por mi colega para desestimar el referido planteo de inconstitucionalidad antes mencionado- que, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023 y L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023).
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud , votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia