Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129708
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la pretensión deducida por el señor Rodrigo Maximiliano Polvericiani contra Federación Patronal Seguros S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que invocó padecer, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la parte demandada (v. resol. de fecha 8-VIII-2022).
Para así decidir, destacó inicialmente que no fue controvertido por las partes el procedimiento administrativo tramitado por el trabajador a través del expediente n° 62223/20, por el cual arribaron a un acuerdo homologado por la autoridad correspondiente el día 9 de agosto de 2021, con motivo del accidente de trabajo ocurrido con fecha 22 de enero 2018.
Luego, consideró que en las nuevas actuaciones tramitadas ante la Comisión Médica -expte. adm. n° 359717/21- el accionante reclamó un resarcimiento por las mismas secuelas derivadas del infortunio denunciado y que dieron origen al acuerdo conciliatorio mencionado, pues -sostuvo- fueron iniciadas por divergencia en la determinación de la incapacidad y no -como dijo el reclamante- como "reagravación" como supuesto contemplado en el art. 45 del decreto reglamentario 298/2017.
Finalmente, juzgó que al no haber instado el citado procedimiento por este último motivo, no había -en tal caso- agotado el trámite administrativo previo, si se tratara de un reclamo distinto.
A renglón seguido, consideró entonces verificada la cosa juzgada administrativa.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 24-VIII-2022), el que fue concedido por el órgano de grado en la resolución de fecha 25 de agosto de 2022.
En lo sustancial, refiere que el siniestro que se intenta valer mediante la presente acción corresponde a un hecho nuevo, no verificado en el expediente administrativo n° 62223/20 que cita el a quo en su decisión.
Resalta que en dichas actuaciones el trabajador fue indemnizado en sede administrativa, pero que posteriormente sufrió nuevas secuelas incapacitantes que no merecieron reparación.
Señala que, con posterioridad, en el marco del expediente n° 359717/21, el actor inició trámite por reagravamiento de las secuelas derivadas del mismo accidente.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda, esto es la suma de $1.485.627,61- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 129.801 "Andrada", resol. de 21-VI-2023; e. o.). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e. o.).
III.2. Bajo tales directrices, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, pues el recurrente no ha denunciado doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación en el marco excepcional descripto (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022).
Por lo demás, no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Nuñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e. o.).
III.3. Sin perjuicio de lo expuesto, resta indicar que esta Suprema Corte ha declarado reiteradamente (causas L. 116.873, "Nieto", sent. de 10-XII-2014 y L. 121.016, "Santillán", sent. de 21-IX-2020; e.o.), en línea con lo dicho en repetidas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304: 1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891), que no corresponde dejar de atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
En dicho contexto, cabe advertir que la solución aquí propuesta no se encuentra alcanzada por el criterio que este Tribunal hubo de plasmar a partir de los pronunciamientos emitidos en las causas L. 128.348, "Lescano", (sent. de 27-II-2024); L. 128.309, "Pardal" y L. 127.771, "Barcos", (sents. de 6-III-2024); en tanto la doctrina legal forjada en dichos precedentes ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2024 11:56:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:04:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2024 12:02:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2024 20:52:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:14:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 10:30:13 hs. bajo el número RR-247-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia