Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128790
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.790, "Amarillo, Victorino Feliciano contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. pronunciamiento de fecha 16-XII-2021).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 10-II-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte de Justicia decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 -en su versión anterior a la ley 27.438- e hizo lugar a la demanda que el señor Victorino Feliciano Amarillo promovió contra la Provincia de Buenos Aires, a quien condenó a pagar las sumas que determinó en concepto de saldo no cubierto por la tarifa de la Ley de Riesgos del Trabajo respecto de la indemnización por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas como eviscerador en la morgue de la Policía Científica en la localidad de Quilmes (v. pronunciamiento del 16-XII-2021).
Juzgó acreditado que, como consecuencia del infortunio que protagonizó el día 13 de agosto de 2017, el actor padece una incapacidad del 54,47% del índice de la total obrera (v. vered. primera y segunda cuestión).
También tuvo por demostrados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva de la empleadora previstos en el art. 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. vered. tercera cuestión).
Asimismo, tuvo por verificado, con el reconocimiento efectuado en el escrito -de fecha 12 de julio de 2021- y la documentación allí anexada, que -de conformidad con lo dictaminado por la comisión médica el día 29-I-2021 y lo resuelto por el servicio de homologación el 16-III-2021- el accionante percibió las prestaciones dinerarias por la incapacidad definitiva provocada por el accidente laboral objeto del presente proceso, con arreglo al porcentaje de incapacidad fijado por dicho organismo -44,20% de la t.o.- (v. vered. sexta cuestión).
En la sentencia, tal como se adelantó -y en lo que aquí reviste fundamental interés- declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348-, inicialmente objetada por el demandante.
Expresó que este último había reclamado en la demanda el resarcimiento especial y el basado en las normas de derecho común, y que, una vez iniciado este proceso, concurrió a la comisión médica y obtuvo allí el pago de la indemnización sistémica prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo. Por lo que, juzgó, la acción sustentada en las disposiciones en la normativa civil sólo podía prosperar si, previamente, quedaba descalificada la validez constitucional de la norma citada.
En este sentido, sostuvo que el indicado precepto transgrede los principios constitucionales sobre los que se cimienta el Derecho del Trabajo.
En primer lugar, dijo que la norma en crisis -al obligar al trabajador incapacitado a optar "de modo excluyente" entre los sistemas especial y común de responsabilidad- viola en forma ostensible el principio de irrenunciabilidad de derechos consagrado en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39, inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Señaló que el sistema de "opción con renuncia" le impone al trabajador enfermo o accidentado una disyuntiva perversa: cobrar poco y (en teoría) rápido el importe menguado de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, para atender en forma inmediata las imperiosas necesidades que exige la pérdida de la capacidad de trabajo, renunciando de pleno derecho a la reparación integral que le corresponde por imperativo constitucional (arts. 19 y 75, inc. 22); o, en su defecto, intentar el resarcimiento pleno del daño, en cuyo caso debe esperar varios años a fin de que un tribunal de justicia decida si se ha configurado la responsabilidad del empleador, renunciando así a percibir las prestaciones dinerarias de la ley especial, asumiendo además el riesgo inmenso de no cobrar nada en caso de que el juez considere no acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil.
De ello surge evidente -explicó- que la norma conmina a un trabajador, de por sí ontológicamente débil y vulnerable en relación con su empleador en el marco de la relación laboral asimétrica, que se encuentra en un estado particularmente agravado de necesidad, a renunciar a un crédito garantizado por el ordenamiento jurídico en su carácter de tal (prestaciones de la ley especial) para acceder a otro igualmente asegurado en su carácter de persona (indemnización de daños y perjuicios).
Añadió que al disminuir el nivel de protección que el ordenamiento jurídico consagraba en favor de los trabajadores con anterioridad a su sanción, el referido art. 4 de la ley 26.773 vulnera el principio protectorio, así como los de progresividad y de justicia social que imperan en la materia.
En este aspecto, destacó que, a diferencia de las leyes de accidentes que la precedieron (leyes 9.688 y 24.028), la ley 24.557 no consagró, en su redacción originaria, el sistema excluyente de opción con renuncia. Por el contrario, explicó, en los casos en los que admitía la reparación plena, permitía incluso la acumulación absoluta de los resarcimientos especial y común (art. 39, inc. 2, ley 24.557, antes de la reforma por ley 26.773).
Siendo ello así, dijo, es por demás evidente que la norma bajo examen vulnera los principios aludidos, porque, al expropiarles una posibilidad (acumular acciones y sistemas de responsabilidad) que el ordenamiento jurídico (la Constitución y los tratados a ella incorporados; la redacción anterior de la ley 24.557, enmendada por la interpretación de la jurisprudencia constitucional) les garantizaba, desprotege a los trabajadores, reduce regresivamente el nivel de intensidad de tutela jurídica y patentiza una medida socialmente injusta.
Finalmente, sostuvo que el mencionado art. 4 de la ley 26.773 también conculca el principio de indemnidad, al impedirle al trabajador que percibió prestaciones de la ley especial el acceso a la reparación integral del daño, dejando subsistentes daños laborales sin reparación.
En ese orden de ideas, manifestó que no cabe soslayar que el trabajador accionante tiene derecho constitucional a la reparación integral del daño, el que no puede ser válidamente menoscabado por una mera norma de rango legal. Mucho menos, concluyó, cuando se despende con toda claridad de la jurisprudencia de la Corte Suprema que estamos ante la vulneración de derechos humanos, como lo son los derechos a la seguridad en el trabajo y a la integridad psicofísica.
Con ese basamento, declaró la inconstitucionalidad del precepto de referencia e hizo lugar a la demanda promovida, condenando a la Provincia de Buenos Aires a pagarle al señor Victorino Feliciano Amarillo la diferencia entre el importe presupuestado en concepto de reparación plena y el monto percibido por las prestaciones dinerarias de la ley 24.557.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 31 inc. "b" de la carta Interamericana de Garantías Sociales; 39 inc. 3 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; 383 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 decretada por el tribunal de grado.
Argumenta que el criterio que emana de la citada disposición legal es el de la "razonabilidad", definido doctrinariamente como "la exigencia constitucional de que las leyes deben contener una equivalencia entre el hecho y el antecedente de la norma jurídica creada, y el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que como prestación o sanción establece dicho acto". A la par, recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del orden jurídico.
Señala que en el específico supuesto de autos se encuentra en juego una típica disputa entre principios y reglas, pues se ha desplazado (mediante su invalidación constitucional) la disposición legal específica que resultaba de aplicación al caso (regla), recurriéndose para ello a una serie de conceptos generales que se consideraron de rango superior (principios).
Añade que el fallo en crisis es manifiestamente arbitrario porque se ha optado por reemplazar un sistema establecido por el Congreso de la Nación ("opción excluyente") por otro que ha sido preferido por la judicatura ("acumulación de acciones"), pero sin que se haya demostrado suficientemente la invalidez constitucional del primero, ni el perjuicio concreto que le provocaría al demandante en la ocasión.
Refiere que, contrariamente a lo sostenido por la Suprema Corte provincial, la regla legal invalidada se ajusta a la Constitución Nacional porque no vulnera los principios de irrenunciabilidad, progresividad, igualdad, indemnidad y justicia social.
Sostiene que las innovaciones instauradas por la ley 26.773 implicaron una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño; un razonamiento en contrario -explica- importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando un indebido enriquecimiento.
Alega que surge con suma claridad que el accionante al percibir la indemnización tarifada (conforme así surge del escrito presentado por el propio actor en fecha 12-VII-2021) ha ejercido libremente la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773 -con plenos efectos sobre el evento dañoso- que le impide efectuar otro reclamo con sustento en el derecho común.
Consigna que no es correcto acudir a inconsistentes argumentos a efectos de derribar una normativa que es de carácter público y ha sido creada -como instrumento de protección social- con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral regulado en la ley 24.557.
En suma, concluye que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado y rechazar definitivamente la demanda promovida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Estimo que la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 –en la redacción anterior a la modificación introducida por la ley 27.348- debe confirmarse, de conformidad con la propuesta que formulé al emitir mi opinión en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), citada por el tribunal de grado como fundamento de su decisión.
III.2. En tales condiciones, habré de reiterar -en lo pertinente- los conceptos expuestos al emitir mi opinión en aquella oportunidad.
III.2.a. Liminarmente, resulta trascendente aclarar que, en la especie, la temática en debate se circunscribe al cuestionamiento constitucional del citado dispositivo de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), en su versión anterior a la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el transito previo y obligatorio por las comisiones médicas.
Cabe recordar, a propósito de esta última, que la Provincia de Buenos Aires aceptó la invitación que contiene el art. 4 de la citada ley 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- mediante la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), adhiriendo plenamente a la normativa contemplada en el Título I de aquel ordenamiento. De ese modo, se tornaron operativas las disposiciones de carácter adjetivo allí previstas, entre ellas, aquella que establece "...que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención..." (art. 1).
La validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), y en las posteriores L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
III.2.b. Luego, corresponde recordar que la citada ley 26.773 ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común. Al respecto, por razones de brevedad, me remito al desarrollo que efectué sobre este tópico en la mentada causa L. 124.807 "Vera", sent. de 11-V-2021.
III.2.c. Sentado lo anterior, he de precisar que en dicho precedente diferentes argumentos condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del referido art. 4 de la ley 26.773 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348-, a los que me referiré brevemente -por razones de buen orden y en honor a la brevedad-, remitiéndome -en lo demás- a las declaraciones contenidas en la opinión que expuse en dicha oportunidad.
III.2.d. Tras reseñarse la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, se determinó la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Se estableció que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional -por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75- en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2.1), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39, inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN, "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas" 3-V-2007, Fallos: 330:989; ídem, "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro", 26-II-2008; e. o.); define la improcedencia de la regresión normativa -regla derivada del aludido principio- en la medida en que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente el nivel de intensidad de la tutela jurídica.
Luego, se concluyó que la ley 26.773 retrograda de modo manifiesto la protección del sujeto de preferente tutela constitucional a la que debe propender la legislación.
III.2.e. Desde otroángulo, también se declaró en el caso "Vera" que la norma en cuestión viola la indemnidad del trabajador (arts. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local), pues la síntesis de lo declarado en la causa de referencia indica que le impide al operario accidentado o enfermo (o, en su caso, a sus derechohabientes) por causas vinculadas al trabajo y que percibió las prestaciones de la ley especial, el acceso a la reparación integral del daño, dejando subsistentes daños laborales sin reparación.
Tal situación, que se traduce en una indemnización que se avizora como carente de integralidad, afecta -asimismo- los postulados del art. 14 bis de la Constitución nacional, y los principios de progresividad, propiedad (art. 17, Const. nac.), igualdad y no discriminación (art. 16, Const. cit.). Estos dos últimos, máxime cuando el legislador dispuso ratificar el cúmulo cuando el daño provenga de terceros (el damnificado o sus derechohabientes podrían cobrar la tarifa y promover una acción por reparación integral); mientras que, si la responsabilidad es atribuible al empleador, la posibilidad se limita y nace la obligación de optar entre uno u otro sistema.
Se dijo que la solución propuesta va en línea con lo resuelto por la Corte federal en la causa "Rodríguez Pereyra" (CSJN; R.401.XLIII, 27-XI-2012, en www.csjn.gov.ar), pronunciada con posterioridad a la sanción de la ley 26.773, en la que reconoció la inconstitucionalidad de los sistemas especiales que admiten limitaciones indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral al comprobarse la existencia de un menoscabo sustancial a este último, pero afirmando también que la "reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida", lo que implica la total correspondencia entre los daños y el resarcimiento que se confiera.
En ese mismo orden de ideas, se recordó que este Superior Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que el empleado o sus derechohabientes -según el caso- que, en el marco de un proceso con amplitud de debate y prueba como el diseñado por la ley 11.653, logre acreditar la insuficiencia de las prestaciones establecidas en la ley 24.557 para reparar integralmente el daño padecido, podrá obtener del patrono -cuya responsabilidad civil hubiere sido demostrada- la diferencia del valor según el quantum que el tribunal de trabajo reputare suficiente para resguardar los derechos constitucionales inherentes al bien jurídico protegido (causas L. 87.394, "V. d. C., M. C", sent. de 11-V-2005 y L. 88.912, "L., A. F.", sent. de 9-XII-2010).
III.2.f. Por otro lado, también se estableció en "Vera" que el art. 4 de la ley 26.773 atenta de modo directo y fatal contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos, reglaínsita e indisolublemente ligada al principio protectorio (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local).
Tal conclusión encuentra amparo en la norma -general- contenida en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, y -no sin atender las pautas que brindan los arts. 31 y 32 del Convenio n° 102 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por nuestro país por ley 26.678)-, en el art. 11 de la ley 24.557 que -como normativa específica- establece en su apdo. 1 que "las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas", dispositivo que integra el régimen normativo de reparación por daños laborales, desde que no ha sido derogado por la novel ley 26.773 (arts. 1 y 17, apdo. 1).
III.2.g. Por último, conforme lo señalado en "Vera", la descalificación constitucional de la norma bajo la lupa también encuentra respaldo en la violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75 inc. 22, Const. nac.), pues -en definitiva- el ejercicio de la opción excluyente altera la posición inicial de plena igualdad del sujeto damnificado respecto de otro que (en igua
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