Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda promovida por Gustavo Damián Delgado, Mauro Leonel Delgado y María del Carmen Coronel, - por sí y en representación de su hija menor de edad S.B.D.-, condenando a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por accidente de trabajo con sustento en la ley 24.557 y sus modificatorias 26.773 y 27.348, adicionando intereses en la forma y modo en que estableció (v. pronunciamiento de fecha 3-III-2023).
Para así decidir, tuvo por acreditada la relación de causalidad entre el accidente cerebro vascular de tipo hemorrágico que sufrió el trabajador Delgado -que primero lo dejó hemipléjico y luego lo llevo a su muerte- y las tareas que prestaba en el ámbito del Ministerio de Seguridad provincial como policía y el medio ambiente donde éstas se desarrollaban.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 21-III-2023), los que fueron concedidos (v. resolución del 27-III-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (dictamen electrónico de fecha 14-II-2024).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, con denuncia de violación del art. 168 de la Constitución local, alega que, en el pronunciamiento impugnado, el a quo ha incurrido en omisión de cuestiones que juzga esenciales para arribar a la correcta resolución del pleito.
En el sentido apuntado, señala que el tribunal interviniente soslayó el planteo introducido por la parte actora en su presentación inaugural del proceso dirigido a impugnar la inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557, reproche que fue replicado por la accionada quien defendió enérgicamente la validez de la aludida norma.
III.2. El recurso no puede prosperar.
III.2.a. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.677, "Martín", resol. de 13-VII-2022; e.o.).
III.2.b. En tal sentido, la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida, pues sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse, cierto es, que la cuestión que se dice preterida ha sido abordada por el juzgador de grado, en tanto de la lectura del pronunciamiento impugnado surge evidente que el a quo , dada la forma en que quedó planteado el debate y la solución a la que se arribó, juzgó que el tratamiento de las tachas inconstitucionales incoadas por los legitimados activos se tornaron abstractas (v. pág. 7 de la sentencia de fecha 3-III-2023).
En este orden, cabe recordar, que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento, es aquélla en la que incurre el tribunal sentenciante por descuido o inadvertencia, pero no la que se desprende de la convicción -acertada o no- exteriorizada en el fallo de que una o más de esas cuestiones no deben o no pueden ser tratadas (conf. causas L. 110.773, "Asensio", sent. de 13-XI-2012; L. 117.550, "Ubach", resol. de 5-II-2014; L. 121.377, "Rossi", resol. de 11-IV-2018 y L. 127.234, "Raimo", resol. 7-III-2022).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denuncia absurdo en la valoración de la prueba, en particular la pericia médica, agraviándose de la conclusión del sentenciante respecto de la cual tuvo por probado que la muerte del trabajador guarde relación con las tareas y el ambiente laboral donde se cumplía.
Por otra parte, con denuncia de violación de la doctrina legal que cita, se disconforma respecto a que, el a quo dispuso la aplicación de intereses, con arreglo a la tasa activa de descuento a treinta días en pesos que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, hasta el momento en que se haga efectivo el pago del crédito.
IV.1. El recurso tampoco prospera.
IV.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que determinar la existencia de relación causal o concausal entre la muerte y el trabajo, así como apreciar el material probatorio aportado al proceso para su demostración, constituyen el ejercicio de facultades privativas de los jueces de grado, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo la efectiva acreditación de absurdo (conf. causas L. 122.131, "Villanueva", resol. de 8-V-2019; L. 120.666, "M., A. N.", sent. de 13-XI-2019 y L. 125.759, "Chinela", resol. de 22-III-2021).
Ello exige la demostración de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico y formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (conf. causas L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020; L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
IV.1.b. En lo que interesa, el tribunal de grado, valorando en conciencia las pruebas aportadas, concluyó que el accidente cerebro vascular de tipo hemorrágico que sufrió el señor Delgado, que dejó una hemiplejía y luego lo llevó a la muerte tiene relación directa con la actividad laboral de policía y el ambiente laboral donde estas labores eran cumplidas.
Desde esta perspectiva y vista la impugnación, se advierte que las argumentaciones que porta exhiben -en rigor- un reproche que solamente traduce una simple discrepancia subjetiva de la interesada con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar que medie error en el modo en que el tribunal resolvió la controversia, sea por conducto de la evidencia del absurdo que invoca o bien, en su caso, del error en la aplicación de las normas o doctrina legal cuya violación denuncia.
A esta altura, conviene recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (conf. causas L. 123.054, "Militello", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.771, "Ruiz", resol. de 21-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), vicio que -como se anticipó- no se acredita en el caso.
IV.2. También debe desestimarse el reproche vinculado a la tasa de interés que el juzgador decidió aplicar para el caso de incumplimiento de la manda judicial.
Ello así, pues no se advierte configurada la violación de doctrina legal que cita la recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020; L. 125.641, "Quirós", resol. de 12-II-2021; L. 129.390, "Flores", resol. de 29-XI-2022 y L. 129.859, "Sbriglio", resol. de 26-IV-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 19:35:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:15:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:40:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 19:14:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2024 08:27:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 10:17:11 hs. bajo el número RR-261-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia