Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131014
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por el señor Eduardo Darío Troschasky contra LDC Argentina S.A., Ingeniero Guillermo Milia S.A. y Mapfre Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (hoy Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.), por la que se perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas de un accidente de trabajo (v. pronunciamiento de fecha 21-VI-2023).
Para así resolver, con apoyo en lo dispuesto en el art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial, entendió que habían transcurrido en exceso los plazos establecidos en el art. 12 de la ley 11.653 sin que el interesado -a pesar de la intimación que le fue cursada al respecto- haya activado el procedimiento realizando actividad procesal útil para la prosecución del trámite de la causa.
II. Frente a dicha decisión, el accionante interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 4-VII-2023), habiendo el a quo denegado el primero y concedido el restante (v. resol. de 7-VII-2023).
En el único remedio que debe ser abordado por esta Corte, el recurrente cita los antecedentes de la causa, las normas, las garantías constitucionales y la doctrina que estima vulneradas. Sustancialmente, se agravia de la decisión del tribunal de grado que decretó la perención de la instancia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por el monto de lo reclamado en la demanda- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- (causas L. 127.607, "Centurión", resol. de 11-II-2022 y L. 127.957, "Tecera", resol. de 7-IV-2022), sin que corresponda realizar actualizaciones (causas L. 119.817, "Acevedo", resol. de 1-VI-2016; L. 122.903, "Colantonio", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 128.154, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2022).
III.2. Asimismo, no ha expuesto el impugnante razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 120.108, "Campo Dell'Orto", resol. de 12-VII-2017; L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022).
Así, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020, L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022; L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023 y L. 130.390, "Gurfinchel", resol. de 1-VIII-2023).
III.3. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018, L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022).
A mayor abundamiento, es oportuno recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019 y L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Gi-ménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 19:36:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:15:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:40:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 19:14:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2024 08:27:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 10:18:13 hs. bajo el número RR-270-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia