Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120189
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.189, "Saucedo, Leoncio Ángel contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
En cumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte con fecha 9 de noviembre de 2020, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata dictó nuevo pronunciamiento (v. sent. de 12-V-2022).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 14-VI-2022).
Dictada la providencia de autos (v. proveído de fecha 19-X-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En lo que resulta de interés, el tribunal de origen hizo lugar -oportunamente- a la acción promovida por Leoncio Ángel Saucedo y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, cuantificándola con arreglo al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773 (v. sent., fs. 228/241 vta.).
I.2. Posteriormente, elevada la causa a esta Sede casatoria ante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada, esta Corte revocó ese aspecto de la sentencia, en tanto el importe de la condena había sido estimado al amparo de una ley inaplicable (esto es, la ley 26.773), pues no se hallaba vigente al tiempo de la contingencia objeto del reclamo (v. pronunciamiento de fecha 9 de noviembre de 2020). Asimismo, ordenó la remisión de las actuaciones para que se dictara un nuevo fallo en el que debían contemplarse los planteos y defensas esgrimidas por las partes.
I.3. Devueltos los autos a la instancia de origen, el tribunal de trabajo -con nueva integración- determinó los importes de las prestaciones dinerarias previstas por los arts. 15 apartado 2 y 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557 (v. sent. de 12-V-2022).
Sostuvo que, a los fines de estimar la reparación especial prevista en el régimen de infortunios laborales, correspondía establecer -inicialmente- el importe del ingreso salarial que debía computarse al efecto.
En dicha tarea, consideró relevante reseñar la plataforma fáctica en cuestión. Recordó en ese sentido que el actor reclamó las prestaciones contempladas en las citadas normas, en razón del porcentaje de invalidez invocado, solicitando que la cancelación de los importes pertinentes se efectuara mediante un único pago. Formuló planteo de inconstitucionalidad de los preceptos que imponían la modalidad de pago en forma de renta, requiriendo -además- la aplicación al sub lite de las previsiones del decreto 1.694/09.
Recordó que a la fecha de la sentencia originaria del tribunal de trabajo el haber indemnizatorio calculado estrictamente en base a pautas previstas por la normativa entonces vigente -con la adición de los intereses correspondientes- se evidenciaba claramente irrazonable, por lo que se imponía revisar si el sistema contemplado por la norma especial se compadecía con todo el resto del ordenamiento.
De allí que, explicó, sumado a la declarada inconstitucionalidad del art. 12 apartado 1 de la ley 24.557 (texto según dec. 1.278/00) en lo relativo a la composición del salario -en tanto se entiende comprensivo de conceptos remunerativos como no remunerativos (descalificación que fuera así dispuesta en el pronunciamiento recaído en autos en fecha 6 de mayo de 2016 y se encuentra firme, conforme sentencia de esta Corte de 9-XI-2020)-, correspondía efectuar el control de constitucionalidad de dicha norma también en su aspecto temporal, esto es, en cuanto dispone que "...A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, devengadas en los doce (12) meses anteriores a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un (1) año, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado..." (el subrayado figura en el original; v. sent., pág. 12).
En ese aspecto, entendió el juzgador que si entre la fecha en la cual se produjo el accidente (año 2003), o en la que se dispuso el cese del trabajador en la fuerza policial por incapacidad (año 2008), o en la que se ubicó la primera manifestación invalidante (año 2009), y aquella otra en la cual se habrá de realizar el efectivo pago de la prestación dineraria pertinente (que -resaltó- se mantiene impaga), existió una evolución salarial considerable, no es justo ni razonable que la tarifa se calcule con un salario depreciado, pues en tal caso la indemnización dejaría de cumplir adecuadamente con su función de resarcir en términos completos la pérdida de capacidad de ganancia de la víctima, que es el objetivo de las leyes especiales de accidentes de trabajo.
Expuso que en prestigiosos ámbitos académicos se ha declarado que la desactualización, al momento del pago, del ingreso base previsto en el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, puede ser corregida con sustento en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Ascua c/ Somisa" (sent. de 10-VIII-2010).
Añadió que la obligación de pagar la indemnización por accidente de trabajo es una deuda de valor y no una deuda de dinero, razón por la cual -sostuvo- no existe impedimento jurídico alguno para calcular el importe del resarcimiento con arreglo al salario vigente al momento en que efectivamente se paga, en tanto lo que adeuda la obligada no es una suma líquida de dinero, sino una prestación (recomponer la pérdida de capacidad de ganancia del actor menoscabada de manera definitiva por una conducta imputable a la patronal), que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago.
Manifestó que la solución plasmada en el art. 12 de la ley 24.557 -dictada en 1995- debe ser entendida en el contexto de convertibilidad de la moneda y estabilidad de precios y salarios imperante en aquel momento, situación completamente diferente a la existente en la actualidad, lo que impide mantener -sin incurrir en una injusticia intolerable contraria a los principios protectorio y de justicia social que imperan en el Derecho del Trabajo (arts. 14 bis y 75 inc. 23, Const. nac.)- una solución legal que se ha tornado injusta al haberse modificado radicalmente las circunstancias socioeconómicas tenidas en cuenta al momento de su dictado.
Señaló, asimismo, que esta Suprema Corte tiene establecido, con fuerza de doctrina legal, que en los juicios por daños derivados de infortunios laborales el importe de la reparación debe ser cuantificado computando el salario a valores actualizados a la fecha en que se determina el importe de la indemnización (causas L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020 y L. 122.532, "Papalia", sent. de 29-IX-2020).
En dicho contexto, indicó, no puede considerarse constitucionalmente válido el contenido del citado art. 12 de la ley 24.557, que evalúa menguadamente la pérdida de capacidad de ganancias al tomar como base para calcular la indemnización un salario significativamente inferior al vigente al momento de practicar la liquidación de la deuda.
A partir de todo lo expuesto, concluyó que al mediar una diferencia notable entre el ingreso base mensual devengado por el actor al momento del accidente, o al cese, y el salario que -en la hipótesis- haya de devengar a la fecha del efectivo pago de la prestación, el precepto en cuestión -al establecer el mecanismo para determinar el módulo salarial (que luego se proyecta sobre el importe final de la prestación sistémica) sobre la base de alguno de aquellos primeros guarismos, manifiestamente depreciados- deviene inconstitucional, pues provoca una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario del trabajador, vulnerando los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
En tales condiciones, calculó el importe de la prestación dineraria por incapacidad permanente total con ajuste a la fórmula legal prevista por el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, tomando como módulo base el último salario, que se correspondería -dijo- con el promedio de haberes que el actor habría de devengar a la fecha en que efectivamente se cancele la obligación a su respecto.
Luego, y toda vez que la suma así determinada resulta superior al tope previsto por el decreto 1.278/00, declaró también la inconstitucionalidad de dicho límite resarcitorio al impedirle al trabajador damnificado la reparación adecuada de los daños derivados del accidente de trabajo que sufriera y por el cual viera totalmente mermada su capacidad laborativa.
Finalmente, se pronunció de oficio por la invalidez constitucional del art. 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557 (incorporado por el art. 3 del decreto 1.278/00), en cuanto dispone una suma fija (inamovible, sin contemplar mecanismo periódico de mejora alguno) en concepto de prestación adicional para el supuesto de incapacidad previsto en el art. 15 apartado 2 de la referida ley, y cuantificó su importe a valores actuales.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 11, 12 y 15 de la ley 24.557; 34 inc. 4, 163 inc. 6; 166 inc. 2, 266 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Sostiene que la decisión de grado se aparta de lo dispuesto por esta Suprema Corte en el pronunciamiento de fecha 9 de noviembre de 2020, en cuanto allí hubo de determinarse -en decisión que, asegura, se encuentra firme- el importe del ingreso base mensual en los términos del art. 12 de la ley 24.557.
En ese orden, señala que tal forma de resolver implica la transformación por parte del tribunal de grado de las prestaciones dinerarias en una exorbitante indemnización, quebrantando la cosa juzgada y el derecho de propiedad de la parte demandada.
Agrega que, para arribar al nuevo importe de la prestación dineraria prevista en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, el juzgador declaró -de oficio- la invalidez constitucional del art. 12 de esa misma ley, ignorando la directiva impuesta por este Superior Tribunal de "dictar el pronunciamiento que corresponda, atendiendo a los planteos y defensas esgrimidos por las partes", en clara transgresión del principio de congruencia.
Denuncia que el órgano jurisdiccional de grado también violó el principio de la reformatio in pejus , habida cuenta de que -afirma- el agravamiento de la situación del Fisco provincial demandado se manifiesta en el caso desde que, a partir de la recepción favorable de la impugnación propuesta por esta Suprema Corte, se ha dictado un nuevo fallo que altera el estado de cosas anterior a la interposición de la vía recursiva extraordinaria, que se encontraba consentido por la contraria.
III. El recurso no prospera.
III.1. Conforme surge del relato de agravios que antecede, la crítica se sustenta -en lo esencial- en el presunto apartamiento de la decisión de grado respecto de las directivas impuestas por esta Corte. Específicamente, en cuanto -según sus dichos- hubo de confirmar (mediante una decisión que, también asevera, se encuentra firme) el valor mensual del ingreso base establecido en el fallo originario del tribunal de trabajo.
III.2. Anticipo que tal tesitura no se corresponde con lo actuado y decidido en la causa.
III.2.a. En efecto, en el pronunciamiento de fecha 9 de noviembre de 2020, este Tribunal -en lo que aquí reviste interés- hubo de rechazar el cuestionamiento a la decisión de grado que había declarado la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto dicha norma excluye -para el cálculo del ingreso base mensual- a los llamados ingresos no remunerativos. En tales condiciones, procedió a confirmar -en dicho aspecto- la sentencia del tribunal de origen con ajuste a lo resuelto por esta Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Luego, como se expusiera líneas arriba, y en tanto el importe de la condena había sido estimado en base a una ley que no se encontraba vigente al momento de ocurrir la contingencia sufrida por el trabajador, se declaró procedente el embate promovido contra este tramo de la decisión del órgano de grado y se ordenó la remisión de la causa a la instancia anterior para que se dicte un nuevo fallo en el que debían contemplarse los planteos y defensas esgrimidas por las partes.
Sin dejar de recordar que la decisión sobre la declarada invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (texto según dec. 1.278/00) en lo relativo a la composición del salario se encuentra firme (conforme sentencia de esta Suprema Corte de fecha 9-XI-2020), en el resolutorio ahora motivo de impugnación, los jueces de grado sostuvieron que, en el caso, también correspondía efectuar el control de constitucionalidad de dicha norma en lo referido al tramo temporal que esta considera para atender a las remuneraciones integrantes del cálculo del ingreso base mensual.
Con arreglo a tal premisa, y por los motivos que expusieron (reseñados en el punto I.3.), juzgaron que este aspecto del precepto en cuestión provoca una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario del trabajador que vulnera los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional y calcularon el monto de la prestación dineraria prevista por el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 tomando como módulo base el último salario del trabajador, que se correspondería con el promedio de haberes que el actor habría de devengar a la fecha en que efectivamente se cancele la obligación a su respecto.
III.2.b. Siendo ello así, como puede advertirse, el razonamiento plasmado por el recurrente -que, reitero, se apoya en la tesis de que lo decidido por el sentenciante se aparta de los términos establecidos en el pronunciamiento firme de esta Suprema Corte- desinterpreta el contenido de dicho fallo y no se hace cargo, al cabo, de refutar los concretos fundamentos que brindó el órgano jurisdiccional de grado para resolver la contienda.
En tales condiciones, no resulta configurado en el caso el absurdo invocado, pues, sabido es, que deviene inatendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que atribuye al fallo un contenido que no tiene o desinterpreta los términos de la sentencia dictada, desentendiéndose del razonamiento que guió al tribunal en su tarea de fundar su decisión (causas L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 99.075, "Melanowicz", sent. de 3-VII-2013; L. 110.611, "Vatalaro", sent. de 13-V-2015 y L. 116.505, "Lozupone", sent. de 11-III-2015; e.o.).
A ello cabe agregar, que -en rigor- la definición expuesta por el juzgador de mérito no ha sido idóneamente rebatida por el recurrente pues, a partir de su personal enfoque de la cuestión, ha desatendido las motivaciones esenciales que lo condujeron a cuantificar el importe de condena del modo en que lo hizo, razón por la que su conclusión ha de permanecer incólume (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021 y L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; e.o.).
III.2.c. Dada la solución a la que se arriba, y por los fundamentos que para ello se exponen -afincados, en lo esencial, en la clara desinterpretación en que ha incurrido el recurrente respecto del fallo- pierden virtualidad los embates por los que se denuncia la transgresión de los principios de cosa juzgada y de congruencia.
En lo tocante particularmente a este último postulado y lo alegado por la recurrente en torno a su presunta transgresión, remito -en lo pertinente- a la opinión que hube de exponer en la causa L. 83.781, "Zaniratto" (sent. de 22-XII-2004), en lo concerniente a la potestad de los jueces de ejercer de oficio el control de constitucionalidad de las normas.
Tampoco asiste razón al quejoso en cuanto invoca violado en el caso el instituto de la reformatio in pejus , desde que dicha hipótesis -en los términos que ha sido definida por esta Corte (causas C. 109.928, "Gallardo", sent. de 26-II-2013; C. 119.580, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 15-XI-2016 y C. 123.545, "Sfeir", sent. de 24-II-2021)- no se configura en la especie.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. A mérito de su insuficiencia cabe desestimar el recurso traído.
I.1. En el caso, el recurrente no evidencia que el tribunal de trabajo haya interpretado absurdamente la sentencia dictada por esta Suprema Corte en su anterior intervención, tampoco que lo resuelto por el a quo desborde el alcance de lo allí decidido. Es que, en rigor, no surge del mentado pronunciamiento juicio alguno por parte de este Tribunal que se proyecte o tenga conexión con el examen constitucional del art. 12 de la 24.557 en los aspectos ponderados por el órgano jurisdiccional de la instancia bajo la definición que ahora es motivo de agravio.
Ahora bien, en lo que concierne puntualmente a la denuncia de violación del principio de congruencia, no se observan en ella argumentos que se encarguen de rebatir idóneamente las razones que desplegó el tribunal de trabajo para declarar de oficio la inconstitucionalidad del mentado precepto inserto en la ley de infortunios laborales.
I.2. Con estas reflexiones, y a excepción de lo expuesto por mi colega en el segundo párrafo del apartado III.2.c., comparto lo dicho por la ponente en su sufragio, incluso en lo tocante a la invocada configuración de la reformatio in pejus por el impugnante.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
II. Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Considero, al igual que los colegas que me preceden en la votación, que el recurso interpuesto por la demandada debe ser desestimado por insuficiente, en razón del desenfoque que padece (art. 279, CPCC).
Luego, atendiendo puntualmente a la denuncia de violación de la congruencia, remito a la peticionaria a lo decidido, entre otras, en la causa L. 119.390, "López", sentencia de 22-VI-2020, en la que se definió expresamente -con respaldo en la citada causa "Zaniratto" y otras que le siguieron- que no se transgrede tal principio porque se declare de oficio la inconstitucionalidad de una norma.
Con esa reflexión adhiero al voto que inicia el acuerdo, incluso en materia de costas.
II. Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/04/2024 11:08:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 10:20:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 09:17:00 - GENOUD Lui
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