Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130870
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída el día 20 de junio de 2023, y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria del día 7 de junio de 2023 (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20). Las costas se difieren para su oportunidad.
2En atención al modo en que se decide, declarar carente de virtualidad la queja interpuesta el 25 de julio de 2023 con relación a la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley dictada el 4 de julio de 2023 (art. 292, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo de Pergamino, en lo que interesa destacar, condenó a A GUARDARE S.A. y a Mario Fernando Ortíz Rodríguez, en forma solidaria, a abonarle a Aldo Ariel Sosa la suma que especificó en concepto de prestación por incapacidad laboral permanente total, con más la reparación del art. 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent. de 27-IV-2023).
II. Contra lo así resuelto, la codemandada A GUARDARE S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito 16-V-2023), ocasión en que planteó la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto exige el depósito en la cuenta de autos del capital de condena, con más sus intereses y las costas liquidadas, previo a recurrir. Además, denunció la imposibilidad de hacer frente a la mencionada erogación, a cuyo fin alegó sobre la desproporcionada magnitud entre la condena y los medios económicos para afrontarla, con cita del precedente "Troche Báez, Prostacio c. Salvador Olivadese e Hijos SRL", (sent. de 26-VIII-1997), ofreciendo prueba de su pretensión. Más adelante, interesa destacar, impugnó la liquidación practicada por la actuaria (v. escrito de 22-V-2023).
III. El a quo , a su turno, tras declarar la validez constitucional del citado art. 56 de la ley ritual, consideró que la recurrente no logró acreditar los extremos requeridos en pos del apartamiento de la regla dispuesta por dicha norma y denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. resol. de 7-VI-2023), dando lugar a la articulación de un recurso de queja en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de 20-VI-2023).
IV. Con posterioridad, el tribunal laboral hizo lugar parcialmente a la impugnación contra la liquidación intentada el 22 de mayo del mismo año (v. pronunciamiento de 16-VI-2023), lo que motivó un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por dicha codemandada (v. escrito de 27-VI-2023), cuya denegatoria (v. pronunciamiento de 4-VII-2023), dio lugar a la deducción de una nueva queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 25-VII-2023).
V. Por razones de orden metodológico corresponde resolver primeramente la queja incoada en fecha 20 de junio de 2023. Es del caso destacar que la interesada alega, en prieta síntesis, que el tribunal denegó in límine el pedido de eximición a dar cumplimiento a la carga establecida en el mentado art. 56 de la ley 11.653 fundado en la doctrina emanada en sintonía a los precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la nación, más omitió sustanciar y producir la prueba contable y testimonial que oportunamente ofreció a tales fines.
V.1. Le asiste razón a la quejosa. Al respecto es dable recordar que, para el supuesto de sentencia condenatoria, el art. 56 de la ley 11.653 mencionado establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo recurrido importa fuerte presunción favorable (causas L. 115.364, "Aristain", resol. de 26-X-2011; L. 118.053, "Acosta", resol. de 16-VII-2014; L. 120.689, "Pérez", resol. de 5-VII-2017; L. 122.188, "Taboada", resol. de 10-IV-2019; L. 125.810, "Tesei", resol. de 23-X-2020 y L. 124.679, "Argiz", resol. de 15-IV-2021; e.o.).
Asimismo, que esta Corte ha dicho, respecto de lo regulado en la norma procesal aludida, que la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica del impugnante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones, constituyen supuestos de excepción al mencionado dispositivo normativo (causas CSJN, "Troche Báez, Prostacio c/ Olivadese e Hijos S.R.L., Salvador", agosto, 26-1997; Ac. 101.291, "Nierez Duarte", resol. de 31-X-2007; Ac. 103.263, "Godoy", resol. de 16-IV-2008 y Ac. 103.497, "Porciuncula González", resol. de 3-IX-2008).
Así, el principio general que marca aquella norma ritual puede sufrir excepciones cuando el atacante demuestra cabalmente y sin ninguna hesitación la imposibilidad para efectuar el depósito de marras (causas Ac. 104.299, "Gómez", resol. de 8-X-2008; Ac. 103.497, cit. y L. 125.804, "Cattaneo", resol. de 26-V-2021).
V.2. Ahora bien, habiendo -en el caso- la recurrente alegado verse impedida de efectivizar la carga procesal impuesta en la citada norma y ofrecido prueba para demostrarlo (v. págs. 6/8 del escrito de 16 de mayo de 2023), y siendo que el a quo rechazó in límine la petición -evaluando de modo sesgado el señalado ofrecimiento probatorio-, soslayando sustanciar la prueba tendiente a acreditar la alegada imposibilidad según establece la doctrina legal de esta Corte, al no abrir a prueba el incidente (causas Ac. 94.115 "Maidana", res. de 9-VIII-2006; L. 105.908 "Bernardello", res. de 30-IX-2009; L. 111.240 "Cadorini Zampini", res. de 22-IX-2010; L. 116.373 "Dib", res. de 27-VI-2012; L. 118.891 "Palomeque", res. de 21-X-2015; entre otras muchas), corresponde -en este aspecto- hacer lugar a la queja traída, dejar sin efecto la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado -a la que se arribó por conducto del yerro en la decisión vinculada al recaudo previsto en la citada norma procesal-, y devolver los autos al órgano de grado para que, nuevamente integrado, sustancie la prueba y decida, en consecuencia, lo que corresponda (causa L. 120.086, "Magallanes", resol. de 13-X-2016).
VI. Establecido lo anterior deviene necesario anticipar que, en el sub lite y en este estado, carece de de virtualidad expedirse en torno a la queja incoada el 25 de julio de 2023.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída el día 20 de junio de 2023, y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria del día 7 de junio de 2023 (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20). Las costas se difieren para su oportunidad.
2. En atención al modo en que se decide, declarar carente de virtualidad la queja interpuesta el 25 de julio de 2023 con relación a la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley dictada el 4 de julio de 2023 (art. 292, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y vuelvan los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo decidido.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:11:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:13:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2024 13:02:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:04:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:20:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:16:09 hs. bajo el número RR-311-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia