Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131205
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, hizo lugar a la demanda entablada por el señor Omar Alberto Cortez contra la Provincia de Buenos Aires condenando a esta última a abonar la suma que especificó en concepto reparación integral -con fundamento en las disposiciones del derecho común- por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del accidente laboral sufrido el día 7 de enero de 2012 mientras prestaba tareas para su empleador (v. vered. y sent. de 22-VI-2023).
Para así decidir, y de conformidad con las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, consideró que, partiendo de la base de la existencia del hecho que le provocó el daño al trabajador, debía atribuirse responsabilidad civil a la parte empleadora fundada en el riesgo de la actividad de policía del actor conforme lo normado en el art. 1.113 del Código Civil.
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 11-VII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol de 18-VIII-2023).
En su presentación, invoca las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, bajo la denuncia de absurdo, controvierte la cuantificación de la reparación integral efectuada en la sentencia.
En ese marco, sostiene también que el a quo debió aplicar las normas del Código Civil y Comercial de la Nación a los fines de determinar el monto de la indemnización.
Por otro lado, se agravia de la supuesta "capitalización de intereses" efectuada en el fallo de origen.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, más precisamente, lo relativo al valor del litigio.
En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por la impugnante, no se advierte que en el caso nos encontremos frente a una pretensión de monto indeterminado ni que, eventualmente, el importe que indica represente la cuantía de lo cuestionado en esta sede extraordinaria (v. apartado IV.d. de su presentación).
Se observa entonces que la recurrente prescinde de toda iniciativa conducente a mensurar el agravio que invoca, incumpliendo, de ese modo, con la carga procesal que recae sobre aquella de acreditar que eventualmente el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021).
Por lo tanto, resultando que, en la especie, no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el remedio deducido en el estrecho carril previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, porque el planteo recursivo propuesto remite -en rigor- al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias como lo es la relativa a la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común, que constituye una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluida del estrecho ámbito de revisión por el que transita este medio de impugnación (causas L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020).
III.3. Desde otroángulo, tampoco son atendibles las alegaciones dirigidas a cuestionar la normativa actuada por el tribunal de grado para determinar el monto indemnizatorio bajo los términos de la legislación vigente al momento de los hechos debatidos en autos toda vez que no se comprueba que el a quo hubiera transgredido la doctrina elaborada por este Tribunal en la materia.
Por lo demás, cabe destacar que los precedentes de esta Corte que se denuncian infringidos no resultan idóneos a los fines pretendidos, en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaborados a partir de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
A mayor abundamiento, corresponde recordar que la opinión de los autores no es apta a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto intentado, en tanto, no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Ci-vil y Comercial (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019 y L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
III.4. Resta añadir que tampoco se observa la concurrencia del supuesto habilitante previsto en el citado art. 55 en cuanto se invoca la eventual infracción del principio de congruencia, asunto detraído de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 120.649, "Escuela Manuel Belgrano S.R.L", sent. de 17-IV-2019 y L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020).
III.5. Finalmente, con relación al último de los agravios traídos, se observa que la réplica revela un notorio desencuentro con el desarrollo reflexivo seguido por el sentenciante, para quien no correspondía aplicar la capitalización en los términos del inc. b) del artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, es dable señalar que los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos en el recurso no resultan idóneos a los fines pretendidos.
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia (v. punto III.4.), si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2024 09:27:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 10:19:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 09:16:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:10:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:24:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:18:44 hs. bajo el número RR-364-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia