Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131875
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Ac. 4.068/22 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que corresponde destacar, hizo lugar a la demanda promovida por la señora Marianela Gisande y, en consecuencia, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad (v. pronunciamiento de 13-VII-2023 y aclaratoria de 18-X-2023).
Para así decidir, en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, calculó los intereses moratorios desde la primera manifestación invalidante y hasta el 3 de marzo de 2017, conforme la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo por treinta días. Luego, desde el 4 de marzo 2017 y hasta el efectivo pago, con arreglo a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina prevista en el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 1-VIII-2023), en el que denunció la violación de la doctrina legal establecida por la Suprema Corte en materia de intereses moratorios. El sentenciante de mérito, a su turno, denegó el recurso interpuesto por considerar que el valor de lo cuestionado no supera el exigido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y que la doctrina que aduce violada resultaba ajena a los presupuestos de autos (v. resol. de 29-XII-2023), lo que dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 8-II-2024).
III. La queja prospera.
III.1. En principio, cabe resaltar que, en la especie, el impugnante no desconoce que el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L.126.959, "Rojas", resol. de 13-VII-2021).
III.2. En este contexto, corresponde -como reclama la apelante- verificar la existencia, o no, en el caso, de la hipótesis de excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653. Así pues, debe examinarse la concordancia del fallo con la doctrina de esta Corte, cuya violación se invoca en el recurso, análisis que excede el marco de admisibilidad del carril promovido (art. 55, ley 11.653; causas L. 117.092, "Ullua", resol. de 18-XII-2013; L. 116.902, "Bensusan", resol. de 16-IV-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Ac. 4.068/22 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:51:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2024 09:50:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 13:40:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:43:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 09:10:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 13:08:40 hs. bajo el número RR-532-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia