Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131340
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por la señora Andrea Karina Marchese contra Berkley Internacional Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias derivadas del accidente de trabajo que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 5-IX-2023).
Para así decidir, y teniendo especial consideración que durante el proceso se tuvo a la parte actora por desistida de la prueba pericial médica (v. providencia de fecha 27-VI-2023), juzgó no acreditado que la trabajadora presente secuelas incapacitantes como consecuencia de la contingencia denunciada en autos.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21-IX-2023), el que fue concedido por el órgano de grado, en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. pronunciamiento del 28-IX-2023).
En su presentación denuncia la violación de las normas, garantías constitucionales y la doctrina legal que considera transgredidas.
En lo esencial, la recurrente orienta su crítica a objetar la decisión de grado de denegar la producción de la prueba pericial médica, única probanza idónea -añade- para dilucidar la incapacidad psicofísica que padece el actor.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 130.710, "Breglia", resol. de 26-XII-2023), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 129.642, "Palavecino", resol. de 22-XII-2022; L. 129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023 y L. 130.710, "Moreira", resol. de 26-XII-2023).
III.2. En este contexto, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, se impone observar que las argumentaciones que formula la impugnante, dirigidas a objetar la decisión del tribunal de grado de tener por desistida a su parte de producir la prueba pericial médica, en nada se asemejan a una crítica razonada del decisorio que se pretende atacar. Más bien se observa el cuestionamiento a situaciones previas al dictado de aquél, y, sabido es, que esta Corte ha dicho reiteradamente que las infracciones relacionadas con presuntos defectos anteriores a la sentencia se encuentran preclusas y son ajenas, por tanto, al ámbito del recurso extraordinario (causas L. 84.541, "Gaztelu", sent. de 28-IX-2005; L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 96.489, "Fink", sent. de 2-IX-2009; L. 123.182, "Santin", resol. 11-III-2020 y L. 130.128, "Gómez", resol. de 1-VIII-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:51:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2024 09:50:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 13:40:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:43:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 09:10:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 13:08:05 hs. bajo el número RR-519-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia