Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130247
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Diego Fernando Gallo y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria prevista en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 y de la compensación adicional de pago único a la que alude el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la citada ley (texto según dec. 1.694/09), como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó el día 25 de enero de 2012. Por el contrario, la desestimó en cuanto perseguía el cobro del adicional previsto en el art. 3 de la Ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 5-XII-2022).
Para así decidir, con sustento en la prueba producida, tuvo por acreditado que el actor padece una incapacidad psicofísica del 80% de la total obrera, en relación directa con el mentado infortunio.
Asimismo, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, efectuó el cálculo del ingreso base mensual -con arreglo a lo informado por el experto contable-, de acuerdo a las previsiones contenidas en el art. 12 de la ley 24.557.
A su vez -teniendo en consideración la fecha del siniestro-, rechazó la pretensión del accionante de aplicar al caso las prescripciones contenidas en la citada ley 26.773, imponiéndole las costas a su cargo respecto a dicho reclamo, con los alcances establecidos en los arts. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y 22 de la ley 11.653 (art. 726, Cód. Civ. y Com. de la Nac.).
Finalmente, con arreglo a la doctrina legal establecida por esta Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), dispuso que el capital de condena devengara intereses desde su exigibilidad, conforme la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (arts. 622 y 623, Código Civil; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de las normas y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 21-XII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 28-XII-2022).
II.1. En primer término, sostiene que, al calcular los intereses, el sentenciante de mérito omitió aplicar al caso la tasa de interés activa prevista en el segundo párrafo del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348); norma que -aduce- entró en vigencia durante la tramitación de la causa. Refiere que consagra un interés de naturaleza legal, en los términos del art. 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo cual correspondía su aplicación inmediata (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.). Entiende conculcados los precedentes de esta Corte que individualiza.
II.2. Desde otroángulo, denuncia que el juzgador soslayó calcular el ingreso base mensual conforme lo dispuesto por el decreto 669/19, pese a que -dice- en su art. 3 dispone su aplicación en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante. Postula que los montos reconocidos en la sentencia prescinden de la realidad económica actual, resultando menoscabados los derechos del trabajador y, en favor de los del deudor.
En función de lo dicho, peticiona que la revocación del decisorio en crisis en lo que fue motivo de agravio, solicitando que se proceda a regular, nuevamente y sobre esa base los honorarios de los profesionales actuantes.
II.3. Por último, se agravia de la imposición de las costas determinadas a su parte, respecto del rechazo del pedido de aplicación de la ley 26.773, siendo que -según aduce- la accionada resultó sustancialmente vencida.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que el impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021; L. 129.447, "Beron", resol. de 27-III-2023 y L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023).
Siendo así, el remedio incoado sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013; L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 117.693, "Medina", sent. de 11-III-2015; L.125.098, "Leguizamón", cit. y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.2. En este contexto, dejando a un lado el orden en que han sido propuestos los agravios, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se exhibe nítida respecto del agravio que se vinculan con el pedido de aplicación al caso de las disposiciones del decreto 669/19, toda vez que no se ha denunciado violación de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral (causas L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014; L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021 y L. 130.687, "Cullari", resol. de 25-X-2023).
Por lo demás, no es ocioso recordar, que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 129.892, "Gallo", resol. de 14-III-2023).
III.3. Tampoco son atendibles los cuestionamientos dirigidos a impugnar la tasa de interés que fijó el órgano de grado. Ello, toda vez que las doctrinas traídas en apoyo de tales reproches no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de sus decisiones, ni refiere a situaciones similares, atento al distinto contenido fáctico y jurídico con el caso sub examine (causas L. 127.828; "Pais", resol. de 7-III-2022; L.128.808; "Leiza", resol. de 19-IX-2022; L. 129.468, "Cantero, resol. de 29-XI-2022; L. 125.665; "Vales", resol. de 29-XII-2022; e.o.).
III.4. En consecuencia, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse, el reproche final que formula el recurrente respecto de la imposición de costas merece desestimarse, atento la ausencia de cita de doctrina legal alguna de esta Suprema Corte (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016; L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020 y L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:48:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2024 21:28:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:22:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:37:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 09:06:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 13:02:26 hs. bajo el número RR-432-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia