Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129157
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción promovida por el señor Luis Daniel Ortega contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó las excepciones de cosa juzgada y pago total opuestas por la parte demandada (v. pronunciamiento de 18-IV-2022).
Para así decidir, sostuvo inicialmente que no se encontraba controvertido en autos que el trabajador se sometió al trámite previo, obligatorio y excluyente que determina el art. 1 de la ley 27.348 ante la Comisión Médica Jurisdiccional n° 373 de Quilmes, y que con motivo de ello se sustanció allí el expediente SRT N° 211031/20, que culminó con la Disposición de Alcance Particular dictada por el Titular del Servicio de Homologación en fecha el 6 de octubre de 2021, en la que se determinó que el señor Ortega no posee incapacidad respecto de la contingencia de fecha 3 de julio de 2020.
Luego, indicó que de los dichos de la parte demandada y demás constancias de autos se desprende claramente que el pago efectuado lo fue con relación al accidente in itinere ocurrido en fecha 15 de julio de 2019, tramitado mediante el expediente n° 33223/2020, que nada tiene que ver con el reclamo de autos.
En tales condiciones, juzgó que debían desestimarse las excepciones de previo y especial pronunciamiento articuladas por la demandada, declarando la competencia y aptitud jurisdiccional del tribunal de trabajo para entender en la presente acción, en este estado, por cuanto la parte actora acreditó haber agotado el trámite administrativo previo y obligatorio ante la Comisión Médica Jurisdiccional para instar la acción ordinaria regulada en el art. 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 3-V-2022), el que fue concedido por el a quo mediante proveído electrónico del 13 de mayo de 2022.
En su presentación, alega que -contrariamente a lo manifestado por el tribunal de grado-, si bien se trata de dos siniestros diferentes, lo cierto es que el actor reclama en las presentes actuaciones las mismas afecciones por las cuales ya fue indemnizado en el procedimiento iniciado en oportunidad del accidente ocurrido el día 15 de julio de 2019.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda, esto es la suma de $1.570.920,000- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En este contexto, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios aluden a cuestiones de hecho y prueba, cuya definición es privativa de los jueces de grado y detraídas de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 127.605, "Pardo", resol. de 7-III-2022 y L. 127.564, "Pereyra", resol. de 27-V-2022) y la doctrina de esta Corte que el recurrente invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 130.501, "Aceituno", resol. de 7-IX-2023; e. o.).
Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2024 14:55:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:42:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:45:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:35:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:42:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:05:50 hs. bajo el número RR-606-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia