Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130950
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, en el marco de la pretensión deducida por el señor Juan Pedro Yaques contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una de indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó las excepciones de cosa juzgada y de pago opuestas por la parte demandada (v. resol. de fecha 11-V-2023).
II. Contra dicho pronunciamiento, esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 29-V-2023), el que fue concedido por el órgano de grado en la resolución de fecha 15 de junio de 2023.
En lo sustancial, denuncia que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia al apartarse de los términos en que quedó trabada la litis, arrogándose la facultad de revisar si en el caso se hallaba configurada la existencia de cosa juzgada administrativa con relación al acuerdo homologado por la Superintendencia de Riesgos el Trabajo y el efecto cancelatorio del pago realizado.
Alega que la decisión del tribunal de grado transgrede las disposiciones previstas por los arts. 2 inc. "j" de la ley 15.057, 2 de la ley 27.348 y 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que el acuerdo homologado en sede administrativa adquirió autoridad de cosa juzgada, sin que la circunstancia que el accionante invocó en la demanda -esto es, el evocado reagravamiento de sus dolencias- pueda alterar dicho carácter.
Concluye, que más allá de que el actor reconociera la existencia de la homologación del acuerdo celebrado, en oportunidad de contestar la demanda se ofreció prueba informativa a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que remita el expediente administrativo, la que no fue proveída por el Tribunal de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. En la especie, la crítica afincada en la violación del principio de congruencia no resulta de recibo.
Ello así porque, si bien la impugnante ha mencionado en la postulación recursiva las normas que receptan dicho postulado, no ha invocado -en rigor- la absurda valoración de los escritos constitutivos del proceso por parte del tribunal de grado, falencia esta que evidencia la insuficiencia del agravio y sellan su suerte adversa.
En tal sentido, reiteradamente se ha señalado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción al principio de congruencia, manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de la demanda, pero no alega la existencia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso (causas L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019; L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 122.610, "Castronovo" sent. de 21-IV-2021 y L. 120.086, "M., A. V." sent. de 7-III-2022).
III.2. Por otra parte, la recurrente no se ocupa de rebatir -como es menester- todas y cada una de las razones dadas por el tribunal de grado para arribar al rechazo de la excepción de cosa juzgada administrativa.
En lo esencial, marginó de todo agravio a la conclusión del tribunal de grado según la cual hubo de juzgar que tal defensa opuesta por la accionada devenía inatendible porque la presente acción contiene el expreso cuestionamiento de lo decidido en la instancia administrativa, encontrándose dentro de los parámetros delineados por la Corte Federal en cuanto habilita que la decisión administrativa pueda ser modificada por un proceso posterior.
En tales condiciones la crítica así expuesta no puede tener favorable acogida, habida cuenta que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; e.o.).
III.3. Luego, semejantes deficiencias no pueden ser salvadas por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por la recurrente para sustentar la impugnación (causas L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018; L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019 y L. 122.610, "Castronovo", sent. de 21-IV-2021).
III.4. Resta indicar, que la argumentación referida a la prueba informativa ofrecida en el escrito de contestación de demanda (v. pág. 13 del recurso) resulta improcedente, desde que es doctrina de esta Corte que las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia y aun aquellas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluidas, resultan ajenas a la instancia extraordinaria, desde que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causa L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021; L. 128.973, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2024 21:40:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/05/2024 09:54:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:39:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:40:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:50:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:09:22 hs. bajo el número RR-699-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia