Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, en el marco de la acción promovida por el señor Walter Oscar González contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que denunció padecer, desestimó las excepciones de cosa juzgada administrativa, falta de acción y prescripción opuestas por la parte demandada (v. pronunciamiento de 18-XI-2021).
Para así decidir, sostuvo que las decisiones que adoptan las Comisiones Médicas Jurisdiccionales no pueden adquirir efecto de cosa juzgada que le impida al interesado llevar la controversia a la instancia judicial con plenitud de debate.
Respecto de la defensa de falta de acción, consideró que el ataque de una resolución emitida por el órgano administrativo a través de la presentación de una demanda ordinaria es el modo en que el trabajador puede ejercer el derecho de revisión plena por parte del órgano jurisdiccional laboral, garantizando el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 Const. prov.).
Finalmente, en cuanto a la excepción de prescripción planteada, señaló que el reclamo interpuesto ante la Comisión Médica, debidamente sustanciado, es eficaz para interrumpir el plazo de prescripción de la acción, ya que exterioriza el interés y un proceder activo del trabajador en la búsqueda de la toma de conocimiento y definición de su patología laboral.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 14-XII-2021).
Alega que las excepciones de incompetencia y cosa juzgada son procedentes porque el trabajador se sometió al procedimiento establecido en el Título I de la ley 27.348, no habiendo recurrido el dictamen emitido por la Comisión Médica interviniente en el plazo legalmente previsto, por lo que dicho decisorio adquirió autoridad de cosa juzgada.
Por otra parte, defiende la validez constitucional del trámite previo y obligatorio ante la instancia administrativa y afirma que -en el caso- la presente acción se encontraba prescripta al momento de su interposición. Ello así, toda vez que no ha mediado actividad alguna del accionante que haya suspendido o interrumpido el plazo de prescripción.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, pues aun cuando la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra marginado del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019; L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L.128.175, "Cuervo", resol. de 26-IV-2022), en rigor, no ha denunciado doctrina legal de esta Suprema Corte vinculada con los cuestionamientos que expone, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por el presente carril de impugnación en el marco excepcional descripto (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022).
III.3. Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 130.935, "Pazos", resol. de 1-XI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:17:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:06:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:53:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:41:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:51:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:04:00 hs. bajo el número RR-560-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia