Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131085
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Isidro Leandro Ardanaz y, en consecuencia, condenó a Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que indicó en concepto de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557, como consecuencia de los accidentes sufridos, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19 (v. pronunciamiento de fecha 29-V-2023).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 13-VI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 11-VII-2023).
En su presentación, relata los antecedentes del caso e individualiza las normas que considera conculcadas.
En primer lugar, cuestiona la valoración que efectuó el juzgador de mérito respecto de la prueba pericial médica y, en tal sentido, se disconforma del porcentaje de incapacidad determinado en el fallo. Objeta que no hayan sido aplicadas las pautas establecidas en el baremo del decreto 659/96.
En segundo término, se agravia de la no aplicación del método de la capacidad restante, alegando que el trabajador ya contaba con una minusvalía previa por otros infortunios, la que había sido determinada oportunamente en sede administrativa.
Por último, impugna el modo en que fue calculado el ingreso base, alegando la errónea aplicación de la ley 27.348 y del decreto 669/19.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021 y L. 129.447, "Beron", resol. de 27-III-2023).
III.2. En consecuencia, el tratamiento del carril intentado sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013; L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 117.693, "Medina", sent. de 11-III-2015; L.125.098, "Leguizamón", cit. y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.3.a. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, respecto del primer agravio planteado, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, detraídas de revisión en el acotado margen por el que transita el recurso. Tales son aquellas vinculadas a la valoración de los hechos y las pruebas –esto es, la valoración de la pericia médica, la definición del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador y el método para arribar a su cálculo-, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 117.762, "Elormendi", resol. de 5-III-2014; L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021 y L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023).
III.3.b. Respecto del reproche dirigido a objetar la no utilización del método de la capacidad restante, tampoco se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que la recurrente ni siquiera ha denunciado como vulnerada, a su respecto, doctrina legal alguna de esta Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la presente vía de impugnación (causas L. 121.181, "Castillo", resol. de 21-II-2018; L. 122.019, "Soria", resol. de 10-IV-2019; L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020; L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 128.489, "Domínguez", resol. de 29-VI-2022 y L. 130.620, "Sabio", resol. de 23-XI-2023).
III.3.c. Finalmente, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del último agravio planteado.
Ello así, desde que, en este acotado marco, no resulta útil la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020; L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020; L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021 y L. 129.542, "Bustos", resol. de 10-IV-2023), únicos traídos por la impugnante en este tramo de su presentación.
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.055, "Mier", resol. de 10-IV-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2024 14:55:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:41:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:44:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:34:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:41:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:04:52 hs. bajo el número RR-577-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia