Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131201
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez hizo lugar a la demanda promovida por el señor José Antonio Verón y, en consecuencia, condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que indicó en concepto de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557, como consecuencia del accidente sufrido, juzgando aplicable al caso -por mayoría- las disposiciones del decreto 669/19 (v. veredicto y sentencia de fecha 9-V-2023).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 23-V-2023), habiendo el a quo denegado el primero y concedido el restante (v. resolución de 18-VIII-2023).
En la única presentación sobre la que corresponde a esta Corte expedirse, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En primer lugar, se agravia de la aplicación del decreto 669/19, que entiende es posterior a la fecha del siniestro y, por ende, no corresponde sea utilizado para calcular las prestaciones. Denuncia que se ha vulnerado el principio de irretroactividad de las normas.
Por otro lado, objeta que no se hubiera aplicado el método de la capacidad restante, alegando que el trabajador ya contaba con una minusvalía previa, la que había sido reconocida por el propio tribunal.
Finalmente, impugna el monto de condena, por cuanto alega que resulta desproporcionado, incurriendo en absurdo y violación del principio de congruencia.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021; L. 129.447, "Beron", resol. de 27-III-2023 y L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023).
Siendo así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
Por lo demás, la impugnante no ha expuesto razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 118.818, "Concha", resol. de 28-X-2015; L. 120.108, "Campo Dell' Orto", resol. de 12-VII-2017 y L. 125.663, "Siebenhaar", resol. de 4-III-2021).
De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013; L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 117.693, "Medina", sent. de 11-III-2015; L.125.098, "Leguizamón", cit. y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de las argumentaciones y planteos dirigidos a cuestionar la aplicación del decreto 669/19, desde que la doctrina traída por la recurrente en apoyo de su pretensión, no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 130.502, "Jimenez Galán", resol. de 22-XII-2023).
III.3. Por otra parte, en cuanto al reproche dirigido a cuestionar la minusvalía que ha sido fijada en la instancia de origen por la no utilización del método de la capacidad restante, tampoco se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la crítica que porta el recurso remite a cuestiones de hecho y prueba -tal como es la determinación del porcentaje de minusvalía-, cuya definición es privativa del sentenciante de grado, y se encuentran detraídas de revisión en el acotado margen por el que transita el recurso (causas L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021; L. 128.819, "Farías", resol. de 9-VIII-2022 y L. 130.674, "Cabrera", resol. de 26-XII-2023).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.169, "Ésposito", resol. 19-V-2022 y L. 130.065, "Tejera", resol. de 17-IV-2023).
III.4. Por último, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia -única citada como fundamento del último agravio-, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023).
III.5. Finalmente, resta destacar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.055, "Mier", resol. de 10-IV-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2024 14:55:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:41:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:44:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:35:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:41:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:04:58 hs. bajo el número RR-582-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia