Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Héctor Aníbal Fernández y, en consecuencia condenó a Provincia Aseguradoras de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de diferencia de indemnización por incapacidad parcial, permanente y definitiva prevista en el art. 14, apartado 2 inc. "a", de la ley 24.557 y art. 3 de la ley 26.773, juzgando aplicable al caso las disposiciones previstas en el decreto 669/2019(v. veredicto y sentencia de 27-IV-2022).
II. Frente a lo así resuelto, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-V-2022), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. de fecha 23-V-2022).
En su presentación, invoca las normas y la doctrina legal que considera conculcadas en el pronunciamiento impugnado, agraviándose de la aplicación al caso del decreto 669/2019, pues entiende que no corresponde por el principio de irretroactividad de las normas.
Asimismo, denunciando vulnerada la doctrina emergente de las causas L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) y L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), entre otras, alega que el sentenciante interpretó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 que establecen que el RIPTE se utiliza para actualizar únicamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos del art. 14 de la ley 24.557, pero de ningún modo debe aplicarse -como entiende, lo hizo el tribunal de origen- a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados.
Finalmente, cuestiona la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Al respecto, cabe señalar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.673, "Fieres", resol. de 20-IX-2017; L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.457, "Ramos", resol. de 3-VIII-2020; L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021 y L. 130.323, "Harkan", resol. de 12-X-2023).
En este sentido, esta Suprema Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad demostrar que la cuantía de lo cuestionado excede el importe mínimo fijado por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022 y L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023).
III.2. En consecuencia, el tratamiento del carril intentado sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
Así entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se exhibe nítida respecto de todas las argumentaciones y cuestionamientos que se vinculan con la aplicación en el caso de las disposiciones del decreto 669/2019 que fijó el órgano judicial de grado. Ello, toda vez que las doctrinas traídas en apoyo de tales reproches no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de sus decisiones, ni refiere a situaciones similares, atento al distinto contenido fáctico y jurídico con el caso sub examine (causas L. 127.828, "Pais", resol. de 7-III-2022; L.128.808; "Leiza", resol. de 19-IX-2022; L. 129.468, "Cantero, resol. de 29-XI-2022; L. 125.665; "Vales", resol. de 29-XII-2022; L. 129.447, "Berón", resol. de 27-III-2023 y L. 130.153, "Arriola", resol. de 10-V-2023; e.o.).
Además, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.055, "Mier", resol. de 10-IV-2023).
III.4. Por otro lado, respecto del segundo agravio traído, tampoco se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que las doctrinas citadas por la recurrente, como sustento de su pretensión, aluden a situaciones fácticas y jurídicas diferentes a las de autos (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021; L. 128.173, "Quinteros", resol. de 7-VI-2022 y L. 129.961,"Barrios", resol. de 19-IX-2022).
III.5. En cuanto al último de los cuestionamientos, y sin entrar en otro orden de consideraciones, la interesada prescinde de citar como transgredida doctrina legal de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa" resol. de 11-IV-2018; L. 124.346, "Fidanza", resol. de 11-VI-2020 y L. 125.074, "Spano", resol. de 14-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2024 14:55:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:41:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:43:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:34:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:41:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:04:28 hs. bajo el número RR-567-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia