Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130980
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 perteneciente al Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda incoada por el señor Julio Alberto Yevenes y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo sufrido, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19 (v. pronunciamiento de fecha 19-V-2023).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 7-VI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 21-VI-2023).
En su presentación, con cita de las normas y de la doctrina legal que entiende vulneradas, se agravia, en sustancia, de la aplicación al caso del decreto 669/19, porque afirma que no corresponde su utilización por el principio de irretroactividad de las normas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia que arroja la indemnización según el cálculo efectuado por el juzgador de origen y la que pretende la interesada en su recurso- no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en consecuencia, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 128.042, "Blanco", resol. de 1-IV-2022 y L. 130.390, "Gurfinchel", resol. de 1-VIII-2023).
Así, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, en un caso similar (causas L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020, L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.2. En este contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado respecto de todas las argumentaciones y reproches vinculados a la aplicación del decreto 669/19, desde que las doctrinas traídas por la recurrente en apoyo de su pretensión, no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020 y L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021).
III.3. A mayor abundamiento, es oportuno recordar que no constituye doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019 y L. 128.623, "López", resol. de 10-XI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 08:23:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:56:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:45:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:36:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:47:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:06:44 hs. bajo el número RR-623-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia