Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131332
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda interpuesta por la señora Milagros Dolores Colman -por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad R.B.T.- y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por accidente de trabajo sufrido por Guillermo Adrián Torres en fecha 17 de septiembre de 2018 -concubino y padre, respectivamente, de los actores- quien falleciera posteriormente a raíz de otro siniestro acaecido el día 25 de abril de 2021 (v. vered. y sent. de fecha 7-VII-2023).
Para así decidir, tuvo por acreditada la relación laboral invocada, como así también las afecciones, la incapacidad y su relación causal con el infortunio invocado.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley -en subsidio- (v. presentación electrónica de fecha 8-VIII-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución del 19-IX-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 29-IV-2024).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, la interesada alega que el sentenciante de grado incurrió en omisión de cuestiones que juzga esenciales para arribar a la correcta resolución del pleito, convencida de que el tribunal interviniente soslayó tratar la defensa planteada por su parte, referida a la falta de legitimación activa de la señora Colman para reclamar un supuesto derecho indemnizatorio del que sólo es titular el señor Torres, hoy fallecido.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.2.a. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 128.677, "Martín", resol. de 13-VII-2022 y L. 129.832, "Cañueto", resol. de 4-X-2023).
III.2.b. En ese contexto, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del recurso extraordinario articulado da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Rios", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 128.404, "Medina", resol. de 1-IX-2022).
III.2.c. Luego, en virtud de los agravios que trae la impugnación, cabe señalar que el tópico que la interesada denuncia preterido ha recibido tratamiento implícito y negativo por el sentenciante de grado, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a dicha decisión, no mediando infracción del art. 168 de la Constitución provincial, (causas L. 97.409, "Rodríguez", sent. de 7-IV-2010; L. 94.294, "Milla", sent. de 28-IV-2010; L. 117.550, "Ubach", resol. de 5-II-2014 "Caballero", resol. de 18-XI-2015; L. 118.999, "Tallarico", resol. de 7-IX-2016 y L. 121.293, "Insúa", resol. de 29-VIII-2018), circunstancia que define la suerte adversa del embate.
III.3. Finalmente, y aun cuando la recurrente no brinda argumentos que respalden tal denuncia, no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Marquez", sent. de 21-IX-2016; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021 y L. 129.475, "Toth", resol. de 8-V-2023), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, la compareciente denuncia absurdo, así como las normas y la doctrina legal que cita. Sustancialmente alega que el sentenciante de origen realizó una errónea interpretación y aplicación de los alcances de la ley 24.557 al supuesto en juzgamiento.
IV.2. De manera liminar, cabe dejar sentado que es doctrina de esta Suprema Corte que, si bien resulta inadmisible la interposición subsidiaria de los recursos extraordinarios, en la medida que éstos posean -como en el caso- fundamentos propios y no promiscuos, corresponde su tratamiento (causas L. 99.701, "Lucero", sent. de 11-III-2013; L. 117.905, "Sindicato", sent. de 15-IV-2015; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 128.338, "Oficialdegui", resol. de 22-XII-2022).
IV.3. Sentado ello, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta sede casatoria -representado por el capital de condena-, no excede el mínimo dispuesto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141. En consecuencia, el tratamiento de la impugnación bajo examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020, L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 128.042, "Blanco", resol. de 1-IV-2022 y L. 130.154, "Tabares", resol. de 8-V-2023).
Posteriormente, y a propósito de los argumentos desplegados por la interesada, es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro", resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
En consecuencia, la función de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.484, "Ríos" y L. 125.864, "Constantino", resols. de 21-XII-2020).
IV.4.a. En este marco, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, desde que la única cita de esta Corte que se trae a consideración se encuentra excluida del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, toda vez que no resulta útil la mención del voto que ha quedado en minoría, puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los miembros de la Suprema Corte, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 127.662, "Garnica", resol. de 28-XII-2021).
IV.4.b. Por último, dable es recordar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 131.112, "Báez", resol. de 8-IV-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2024 21:39:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/05/2024 09:54:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:37:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:39:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:49:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:08:30 hs. bajo el número RR-672-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia