Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127922
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.922, "Novajas, Leonor María contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda deducida con el alcance que trazó e impuso las costas a la demandada vencida (v. veredicto y sentencia de 23-VI-2021).
La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VI-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por Leonor María Novajas y condenó a la demandada al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de la minusvalía que contrajo como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 27 de enero de 2017 (v. pronunciamiento de 23-VI-2021).
En lo que resulta relevante, cuantificó el ingreso base mensual conforme las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el decreto de necesidad y urgencia 54/17, que -dijo- se hallaba vigente al momento del infortunio; así, al monto determinado, adicionó los intereses contemplados en el inc. 2 de dicha norma, desde la fecha del accidente y hasta el momento de la liquidación. Con ello, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Luego, con cita del inc. 3 del mentado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, dispuso que, a partir de que la sentencia quedara firme y hasta el efectivo pago, se aplique sobre el monto de condena un interés equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 17, 77 y siguientes y 99 apartado 3 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557; 7, 8 y 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4, ley 25.561-; 17 y 24 de la ley 26.122; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 29-VI-2021).
II.1. Cuestiona la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 54/17, que modifica lo dispuesto por el art. 12 de la ley 24.557 en su redacción original.
Impugna el mentado reglamento porque considera que fue dictado sin mediar las circunstancias excepcionales que lo justificasen conforme el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional, cuando incluso, agrega que a la época de su dictado existía un proyecto de ley (lo que luego sería la ley 27.348) que tenía la aprobación del Senado y se encontraba próximo a ser tratado por la Cámara de Diputados.
Afirma además que aquella norma de la Constitución nacional dispone otras exigencias que tampoco fueron respetadas. Así, alega que no se dio cumplimiento a los recaudos que detalla previstos en la ley 26.122, regulatoria del trámite y los alcances de la intervención del Congreso en relación con los decretos de necesidad y urgencia, y cuyos arts. 17 y 24 también impugna en orden a su validez.
De allí que sostiene que la sentencia de grado también es violatoria del art. 12 de la ley 24.557 en su texto vigente al momento del infortunio del caso.
II.2. Asimismo, refiere que el juzgador, al abordar la cuestión relativa a los intereses y aplicar la tasa activa que indicó, vulneró la doctrina legal sentada, entre otras, en las causas C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016) en lo que respecta al tipo de tasa aplicable, y en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) en cuanto al modo en que dichos intereses deben aplicarse.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ocupa destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia conforme se desprende de lo expuesto por el propio recurrente (v. punto II.2 del medio de impugnación) no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), con lo cual, el tratamiento del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Suprema Corte debería quedar acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023; L. 128.269, "Bertinat", sent. de 4-XII-2023; e.o.).
Sin embargo, en lo estrictamente tocante al planteo de inconstitucionalidad del mencionado decreto de necesidad de urgencia 54/17 y de ciertas normas de la ley 26.122, lo afirmado por el interesado es idóneo para dejar de lado al requisito del valor económico de lo cuestionado, ello, al encontrarse en debate una cuestión federal; razonamiento que tiene sustento en el conocido criterio sentado por la Corte nacional con los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
Luego, y a tenor de lo señalado, más allá de lo que en definitiva se resuelva, este tramo del recurso ha de abordase sin acudir a la mentada restricción procesal (causas L. 120.947, "Centauro S.A.", sent. de 15-IX-2021 y L. 118.440, "Giaccio", sent. de 9-XII-2015).
III.2. La impugnación vinculada con el mentado decreto y la ley citada no es de recibo.
III.2.a. He sostenido antes de ahora que el planteo por el que se impugna la constitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe ser introducido en la primera oportunidad procesal viable al efecto (conf. mis votos en las causas L. 77.727, "Vallini", sent. de 10-IX-2003; L. 76.687, "Páez Nolasco" y L. 76.279, "Castillo", sents. de 1-X-2003; L. 71.014, "Celaya", sent. de 29-X-2003; L. 127.806, "Suárez", sent. de 1-VIII-2023; e.o.), con la posibilidad de garantizar audiencia suficiente a la contraparte (causas L. 69.523, "Barone", sent. de 1-IV-2004; L. 79.304, "Portal", sent. de 14-IV-2004; L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023; e.o.). Pues, de ese modo, se habilita la potestad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución nacional, permitiendo el control judicial difuso que todos los tribunales de justicia están llamados a ejercer (art. 31, Const. nac.).
Esa exigencia traduce un principio de orden que promueve que las cuestiones acerca de la eventual invalidez constitucional de una norma ultima ratio del orden jurídico, conforme conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 285:322; 300:241 y 1087; 301:962 y 1062; 302:457, 484 y 1149; 307:906; 312:435 (conf. dictamen del señor Procurador General, al que se remitió la Corte Suprema); 314:407; 326:2692; 327:831 e in re , "Berón", B.2.216.XXXVIII, sentencia de 15-II-2005, -estos tres últimos conforme dictamen del señor Procurador General al que se remitió la Corte nacional- sean decididas con el mayor grado de debate posible, con adecuada contradicción y en función de las posiciones sustentadas por las partes en el litigio.
III.2.b. En la especie, el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que fuera publicado en el Boletín Oficial el día 23 de enero de 2017, recién fue incorporado en el litigio con el recurso en examen, deducido el día 29 de junio de 2021. Así, a poco de considerar que la norma ahora impugnada ya se encontraba vigente al momento de contestar la demanda (fechada en 28 de noviembre de 2018), el cuestionamiento de índole constitucional que tardíamente propone el quejoso en esta Sede extraordinaria bien pudo ser llevado ante el tribunal de grado en esa ocasión procurando de este modo su debida y oportuna bilateralización. Estas consideraciones han de proyectarse, dada la señalada extemporaneidad, al reproche vinculado con la ley 26.122 (B.O. de 28-VII-2006).
III.2.c. Cierto es que el examen de la tempestividad de la articulación constitucional exige ponderar las circunstancias que concurren en cada caso, lo cual puede determinar una mayor flexibilidad a efectos de evitar un crudo ritualismo (conf. mi voto en causa C. 86.429, "Asociación Mutual de Empleados Municipales", sent. de 22-VIII-2007). Mas no lo es menos que, en la especie, el camino transitado por la parte en la instancia de grado torna inadmisible el planteo tardíamente pergeñado por el recurrente.
En determinados supuestos puede descartarse la imposición de este tipo de exigencias de planteamiento oportuno, pero al respecto, se observa que el impugnante no ha argumentado que concurra en autos ninguna hipótesis que conduzca a exceptuar este recaudo, las que en rigor igualmente no se constatan en el caso (v. mis votos en causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014; L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; e.o.).
En síntesis, toda vez que la parte no ha sometido la cuestión constitucional a la decisión del a quo y la introdujo extemporáneamente en ocasión de articular el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a estudio, no corresponde a esta Corte ingresar a su conocimiento.
Lo dicho se ve robustecido a poco de observar que en una línea de razonamiento patentemente distinta a la que pretende trazar en esta Sede extraordinaria, al contestar la demanda (puntualmente en su punto VII.3), aludiendo a lo expuesto por la contraria en su escrito de inicio, sostuvo la accionada que en virtud del dictado de la ley 27.348 resultaba inoficioso el tratamiento del reproche constitucional de la legislación que ahora objeta. Nítidamente se advierte que la demandada ni aún en subsidio de sus centrales planteos hubo de llevar a la instancia los motivos que luego volcó en su recurso extraordinario.
III.3. Sentado lo anterior, ya en el acotado marco de revisión por el que transita el examen del recurso, los precedentes emanados de este Tribunal vinculados con la tasa de interés que se invocan en la réplica fueron elaborados sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento, lo que revela lo infructuoso que luce el medio de impugnación traído (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022 y L. 127.013, "Borba", sent. de 27-VI-2023).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto las conclusiones que plasma mi distinguido colega doctor Soria en el apartado III.1. de su sufragio.
Para hacerlo, observo que el embate dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 54/17 y de la ley 26.122, involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
I.2. Asimismo, comparto la propuesta de mi colega ponente de desestimar el agravio sobre la validez constitucional de las citadas normas.
En ese orden, considero que dicho planteo introducido en el recurso es producto de una reflexión tardía que, como tal, resulta inatendible en esta instancia extraordinaria (v. mis votos en las causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015), pues el interesado no ha sometido al conocimiento del tribunal de origen la tacha que ahora arguye, no obstante hallarse vigente la norma ya en la etapa probatoria del pleito.
I.3. Luego, ya en el marco de revisión que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, comparto los fundamentos vertidos por el colega en el apartado III.3. de su voto para adherir al sufragio que inicia el acuerdo.
II. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega, doctor Soria.
Al respecto, solamente he de señalar -en lo concerniente a los argumentos expuestos por mi colega para desestimar el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 54/17- que, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023 y L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023).
Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2024 21:41:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/05/2024 09:55:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:39:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:40:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:50:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:03:37 hs. bajo el número RS-53-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia