Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126949
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, debiéndose confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto juzgó configurada la cosa juzgada administrativa.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr., 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, rechazó in límine la acción deducida por el señor Braian Germán Alejandro Monrrg contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por el accidente de trabajo que invocó padecer y ordenó el archivo de las actuaciones (v. pronunciamiento del 2-X-2020).
Para así resolver, valoró las constancias obrantes en el expediente administrativo n° 87906/19 y los dichos vertidos por el accionante en el escrito de promoción de la demanda, donde hubo de denunciar la existencia de una resolución homologatoria en la instancia administrativa, previa y obligatoria ante la Comisión Médica.
En dicho contexto, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto por el art. 2, párrafo sexto de la ley 27.348, dicha disposición había adquirido autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostuvo además que el respaldo jurisprudencial de las prescripciones mencionadas se desprendía de la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada de los precedentes L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020).
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. ambas presentaciones electrónicas de 3-II-2021), los que fueron concedidos por el órgano de grado (v. resolución de fecha 12-II-2021), habiéndose conferido vista al señor Procurador General respecto del primero de los medios de impugnación mencionados (v. dictamen electrónico de fecha 26-V-2021).
III. En el remedio de nulidad interpuesto, el interesado denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Sostiene que el tribunal de grado omitió brindar tratamiento al planteo de inconstitucionalidad formulado al interponer la demanda respecto de las normas de la ley de riesgos del trabajo que vedan el acceso a la revisión judicial del acuerdo homologado en sede administrativa.
Por otra parte, alega que la sentencia del tribunal de origen se encuentra desprovista de fundamentación legal y motivación suficiente.
III.1.a. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1.b. La atenta lectura del escrito de promoción de la demanda revela nítido que el actor hubo de cuestionar allí -estrictamente- la validez constitucional del régimen establecido por los arts. 1 a 4 de la ley 27.348 (v. capítulo V), siendo implícitamente resuelto dicho planteo por parte del tribunal de grado al señalar que el respaldo jurisprudencia de su decisión se desprendía de la doctrina legal emergente de la causa L. 121.939, "Marchetti", (sent. de 13-V-2020); luego reiterada en los precedentes L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo", (sents. de 28-V-2020) -v. voto a la primera cuestión de la Dra. Rodríguez Traversa, que concitó la adhesión de los restantes integrantes del Tribunal de Trabajo-.
En este contexto, debe recordarse que esta Corte ha expresado en reiteradas oportunidades que la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales con virtualidad para generar la invalidez del fallo no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o tácitamente, pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento en el art. 168 de la Constitución provincial es la preterición de una cuestión esencial, y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 118.794, "Blasi", resol. de 11-IV-2018; L.119.990, "Andrini", sent. del 6-XI-2019 y L. 123.058, "Michelena", sent. de 5-X-2020; e. o.).
III.1.c. Luego, cabe indicar que tampoco se constata en el caso la infracción del art. 171 de la Constitución provincial, desde que el pronunciamiento recurrido se encuentra fundado en expresas disposiciones legales.
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tampoco prospera.
Los agravios planteados por el actor en dicho medio de impugnación hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024) y L. 127.771, "Barcos" (sent. de 6-III-2024), en lo vinculado a los extremos que conducen a tener por configurada la cosa juzgada administrativa en el marco del régimen de riesgos del trabajo (arts. 2 y 14, ley 27.348, su Anexo I y resol. 298/17 de la SRT -en lo pertinente-; arts. 2 inc. "j" y 103, ley 15.057), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, debiéndose confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto juzgó configurada la cosa juzgada administrativa.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr., 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acá-pite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 08:25:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:56:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:45:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 11:11:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 13:27:12 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2024 14:28:53 hs. bajo el número RR-702-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia