Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130047
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
I. En lo que interesa, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el marco de la acción promovida por la señora Estela Lía Saavedra contra Federación Patronal Seguros S. A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, declaró habilitada la instancia judicial (v. pronunciamiento de 18-X-2022).
Para así decidir, valoró las constancias obrantes en la causa y tuvo por acreditado el paso previo de la actora por ante la Comisión Médica n° 372 de Ezeiza, habiéndose tramitado el expte. SRT n° 386188/19 por divergencia en la determinación de la incapacidad, el que concluyó con el dictado de la disposición de clausura emitida por el Titular del Servicio de Homologación en fecha 9 de marzo de 2020.
Sostuvo que el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 estatuye que la revisión que prevé el art. 2 de la Ley 27.348 se formalizará a través de una acción laboral ordinaria. A partir de ello, entendió que, en el presente caso, disconforme la trabajadora con la conclusión a la que arribara la comisión médica, ejerció -en opción válida- el despliegue de una acción autónoma para efectivizar la tutela judicial a la que normativamente tiene derecho.
Luego, juzgó nula la notificación llevada a cabo en sede administrativa, toda vez que no había sido transcripto en dicha comunicación las disposiciones del art. 2 "j" de la ley 15.057, encontrándose por ende habilitada la actora a iniciar un proceso con amplitud de debate en el ámbito judicial.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 2-XI-2022), el que denegado por el órgano de grado (v. resolución de fecha 29-XI-2022), fue concedido por este Tribunal al resolver la queja interpuesta mediante presentación electrónica de fecha 6 de diciembre de 2022 (v. resolución de 7-IX-2023).
En su presentación denuncia que la decisión de grado es absurda, toda vez que -afirma- de las constancias obrantes en la causa surge acreditado que -a contrario de lo sostenido por el a quo - el texto del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 fue transcripto en la notificación de la disposición de alcance particular emanada del Titular del Servicio de Homologación.
Señala además, que la presente acción fue iniciada una vez transcurrido en exceso el plazo de noventa -90- días hábiles judiciales previsto en la citada normativa, computados desde dicha notificación, encontrándose por ende el acto administrativo firme y consentido.
Luego, defiende la validez constitucional del procedimiento administrativo dispuesto en el Título I de la ley 27.348, como así también de la ley 15.057, y esgrime consideraciones tendientes a cuestionar el rechazo de la excepción de cosa juzgada administrativa.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, cabe destacar que el valor del litigio -como lo resolvió esta Corte al declarar procedente la queja deducida por la impugnante; v. resol. de fecha 7-IX-2023- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del recurso deducido sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021 y L.129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023).
En ese contexto, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios que nutren a la crítica aluden a cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los jueces de grado, como lo es la apreciación sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asunto detraído de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 127.564, "Pereyra", resol. de 27-V-2022; L. 130.296, "Juárez" resol. de 20-IX-2023 y L. 130.722, "Moraglio" resol. de 8-IV-2024), y la doctrina de esta Corte que la recurrente invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 130.501, "Aceituno", resol. de 7-IX-2023; e.o.).
III.2. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/06/2024 17:19:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/06/2024 21:15:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 10:59:54 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2024 11:52:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2024 12:47:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2024 14:09:28 hs. bajo el número RR-806-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia