Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131668
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez hizo lugar a la acción promovida por el señor Luis Alberto Aguirre y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2. ap. a. de la ley 24.557, juzgando aplicable al caso las disposiciones previstas en el decreto 669/2019 (v. pronunciamiento de fecha 4-IX-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-IX-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución electrónica del 20-X-2023).
En esencia, con denuncia de violación al principio de congruencia, sostiene que el órgano judicial de grado empleó de manera errónea las disposiciones del decreto 669/2019 apartándose de lo dispuesto en su norma reglamentaria, la resolución 1.039/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por la recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 128.042, "Blanco", resol. de 1-IV-2022 y L. 130.390, "Gurfinchel", resol. de 1-VIII-2023).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020, L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.2. En ese marco, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, toda vez que respecto a los cuestionamientos que porta el recurso, los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos no resultan idóneos a los fines pretendidos, en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaborados a partir de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
III.3. También se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus Ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 130.592, cit.), así como la cita de un voto que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte y que, por tanto, quedó en minoría (causas L. 121.976, "Amado", resol. de 26-XII-2018; L. 124.831, "Toresani", resol. de 6-XI-2020; L. 125.953, "García", resol. de 10-V-2021 y L. 128.325, "Delaney", resol. de 7-VI-2022).
III.4. Del mismo modo, no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 130.037, "Gomez", resol. de 11-VII-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/06/2024 17:18:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/06/2024 11:38:03 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/06/2024 21:15:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2024 11:51:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2024 12:47:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2024 14:09:01 hs. bajo el número RR-793-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia