Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131868
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Federación Patronal Seguros S.A. con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4.068/2022 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa destacar, tras declarar -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto original), condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a abonarle al señor Lucas Ariel Jara la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria por incapacidad establecida en el art. 14 inc. 2 apdo. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, con más intereses en la forma y modo en que determinó (v. vered. y sent. de 25-X-2023).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpuso aclaratoria (v. escrito de 2-XI-2023) y recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 13-XI-2023), ocasión en que cuestionó la declaración oficiosa de la inconstitucionalidad señalada y sostuvo la configuración de un caso federal bastante sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), con el fin de habilitar la instancia de casación local a su respecto.
Más adelante, la interesada acompañó las constancias del depósito exigido por el art. 56 de la ley 11.653 y solicitó la concesión del remedio incoado (v. escrito de 21-XI-2023).
III. Posteriormente, el tribunal de origen, en lo que interesa destacar, advirtiendo -al tratar la aclaratoria deducida el día 2 de noviembre de 2024- que en la Sentencia dictada en fecha 24 de octubre de 2023 se consignó erróneamente la sumatoria de los montos de capital e intereses correspondientes al actor, decidió modificar en dicho sentido la sentencia recaída en autos y establecer un nuevo monto total de condena, ocasión en que ratificó la regulación efectuada de los honorarios de los profesionales intervinientes por adecuarse al mismo (v. sentencia aclaratoria del 28-XI-2023).
Finalmente, denegó el remedio extraordinario intentado por considerar extemporáneo el depósito previo del art. 56 de la ley 11.653 (v. resol. de 29-XII-2023), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 7-II-2024).
En sustancia, la recurrente sostiene, con sustento en las garantías constitucionales que indica, que el Tribunal de grado, al considerar extemporáneo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incurrió en una lectura parcial y errada de los actos procesales de autos y como tal, ritualista. Entiende aplicable a la especie, la intimación prevista en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV. La queja prospera.
IV.1. De modo liminar, corresponde recordar que, en supuestos de sentencia condenatoria el mentado art. 56 de la ley 11.653 establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable (causas L. 120.689, "Pérez", resol. de 5-VII-2017; L. 123.810, "Molina", resol. de 30-X-2019, L. 125.810, "Tesei", resol. de 23-X-2020; L. 124.679, "Argiz", resol. de 15-IV-2021 y L. 128.404, "Medina", resol. de 26-IV-2022).
Téngase presente que este Tribunal ha sostenido el criterio de que el citado art. 56 de la ley 11.653 no conculca derechos o garantías constitucionales, pues estructura, por su finalidad, una razonable medida precautoria prevista en salvaguardia del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas circunstancias (causas L. 110.617, "Fonseca", resol. de 5-V-2010; L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011; L. 117.975 "Olivera", resol. de 16-VII- 2014 y L. 120.985, "Palomeque", resol. de 5-VII-2017).
Específicamente, en casos similares al presente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley, y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas L. 112.751, "Carballo", resol. de 10-XI-2010; L. 116.373, "Dib", resol. de 27-VI-2012 y L. 117.966, "Pascual", resol. de 24-IX-2014).
IV.2. Asimismo, sabido es que el depósito debe ser integrado en el término establecido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para el mismo son perentorios e improrrogables (arts. 17, 55, 56 y 63 de ley 11.653; causas L. 89.849, "Galeno", resol. de 10-XII-2003; L.118.882, "Zappitelli", resol. de 19-VIII-2015; L. 120.407, "Genovese", resol. de 5-IV-2017; L. 121.273, "Sumic", resol. de 28-XI-2018; L. 125.041, "Díaz", resol. de 16-III-2020 y L. 131.637, "Kassem", resol. de 26-II-2024).
En este marco, no es ocioso observar que no le asiste razón a la impugnante en cuanto entiende debió haber sido intimada a su cumplimiento, pues, en reiteradas oportunidades esta Corte ha sostenido que no corresponde intimar a la parte a integrar estos valores, y que tal principio no resulta mitigado por la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial (art. 280), desde que dicha circunstancia sólo procede cuando las normas de ambos ordenamientos procesales concuerden (art. 63, ley 11.653; causas L. 115.742, "Valdez", resol. de 8-VIII-2012 y L. 119.033, "Ledesma", resol. de 11-XI-2015), lo que no se exterioriza en esta parcela en atención a la distinta condición jurídica de los depósitos de uno y otro régimen.
En cambio, prospera su queja en la medida que sostiene que el a quo incurrió en una lectura parcial de los actos procesales de la causa que derivó en la declaración de inadmisibilidad que ahora cuestiona. Ello, pues esta Corte ha dicho que la decisión que aclara una sentencia que goza el carácter de definitiva, integra la misma y forma con ella un todo orgánico y lógico que debe computarse como una pieza única (conf. "Acuerdos y Sentencias": 1959-II-767; causas Ac. 44.574, 8-V-90; Ac. 57.584, 21-II-95; AC. 88.068, "Girotto", resol. de 29-x-2003; Ac. 91.584, "Lemus", resol. de 2-III-2005 y L. 110.069, "Carranza", resol. de 6-X-2010; e.o.). Tal es el caso de autos, por ende, el plazo para dar cumplimiento a la carga pecuniaria establecida en el art. 56 de la ley 11.653, debe contarse desde la notificación del pronunciamiento aclaratorio (v. notificación electrónica de fecha 29 de noviembre de 2023).
En consecuencia, no cabe más que concluir que, contrariamente de lo sostenido por el a quo , el ingreso de los fondos a la cuenta de autos del depósito que se reputa efectivizado el día 16 de noviembre de 2023 (v. archivos adjuntos del escrito electrónico de fecha 21 de noviembre de 2023) hubo de ser acreditado en la especie, en tiempo y forma.
V. Sentado ello, corresponde ingresar a analizar los restantes recaudos de admisibilidad del canal revisor deducido. Al respecto, cabe advertir, que -en el caso- la cuantía económica de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -y tal como lo ha reconocido la recurrente en su impugnación- no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición de aquel remedio procesal (causas L. 117.757, "Iyarza", resol. de 30-IV-2014; L. 117.696, "Cremonte", resol. de 9-XII-2015; L. 117.132, "Bulich", resol. de 27-XII-2017 y L. 126.905, "Sauvage", resol. de 14-V-2021).
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L.126.959, "Rojas", resol. de 13-VII-2021).
No obstante ello, no puede soslayarse que el agravio dirigido a controvertir la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto original), involucra, prima facie valorado, el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, tal como lo afirma la interesada.
En este sentido, reiteradamente ha declarado esta casación que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, y 55 de la ley 11.653, debe introducirse en el tratamiento del mentado agravio, toda vez que -tratándose, prima facie valorado, de una cuestión federal- corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (CSJN, Fallos 308:490, in re "Strada"; Fallos 310:324, in re "Christou"; Fallos 311:2478, in re "Di Mascio"; S.C.B.A., cfr. doctr. causas L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016; L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017; L. 124.716, "Sosa", sent. 30-IX-2021 y L. 125.979, "Bogado", resol. de 20-XII-2021; e.o.).
Lo expuesto, en modo alguno importa adentrarse en el análisis de la fundabilidad -y suficiencia- de los agravios expuestos, que conciernen a las cuestiones federales que se denuncian y a la existencia, o no, de violación de la doctrina legal (art. 55 segundo párrafo in fine , ley 11.653).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Federación Patronal Seguros S.A. con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4.068/2022 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art.1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2024 12:18:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:49:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2024 13:02:51 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2024 11:51:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2024 12:45:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2024 14:08:19 hs. bajo el número RR-776-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia