Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127622
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.622, "Boggio, Marcelo Daniel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de 10-V-2021).
Se interpusieron, por ambas partes, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 28-V-2021 y 2-VI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Marcelo Daniel Boggio y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de una reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente que protagonizó el día 2 de diciembre de 2011 cuando fue agredido por tres personas al momento de ingresar a su domicilio (v. vered. y sent. de fecha 10-V-2021).
Para así decidir, en el veredicto, estimó demostrado que, como consecuencia del siniestro, el actor sufrió la pérdida de la visión en el ojo izquierdo, que le ocasiona una incapacidad total y permanente superior al 66% del índice de la total obrera (v. vered., segunda cuestión).
Además, tuvo por verificado que el legitimado activo percibió de la accionada: a) $283.286 en concepto de subsidio conforme lo previsto en el art. 1 de la ley 13.985; y b) $768.980 por indemnización de la ley 24.557, conforme los parámetros establecidos en la ley 26.773 (v. vered., tercera cuestión).
Ya en sentencia, el órgano de grado rechazó la excepción de prescripción articulada por la demandada (v. sent., págs. 15/19).
Luego, apoyado en lo resuelto por esta Corte en la causa L. 117.887, "Giménez Ubieta" (sent. de 20-V-2015), juzgó verificados los presupuestos configurativos de la responsabilidad civil de la accionada en lo que concierne al factor de atribución objetivo (art. 1.113, Cód. Civ.), al considerar que la tarea cumplida por el señor Boggio como agente de policía constituía una actividad riesgosa y/o peligrosa en los términos de la norma indicada (v. sent. págs. 19/24).
Sobre esa base, efectuó el cálculo del resarcimiento que, de conformidad con el derecho común, obtendría el accionante en concepto de daño material y moral, arribando al monto total de $10.200.000. Al efecto, consideró valores actuales y utilizó "como punto de partida y valor meramente referencial", los importes mínimos a los que habría de reconocérsele -al momento de la sentencia- a un accidentado de trabajo según el sistema tarifario de la ley 24.557, con las modificaciones de la ley 27.348 (v. sent., págs. 25/28).
A su vez, cuantificó la prestación dineraria que percibiría el actor en la suma de $679.431, conforme las pautas previstas en los arts. 11 y 15 de la ley 24.557 (la cual, expresó, era la que se encontraba vigente a la fecha del siniestro; v. sent., págs. 28/29).
En ese marco, el tribunal de grado analizó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo y determinó -con sustento en lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 87.865, "Cardozo" (sent. de 21-XI-2007) y L. 85.534, "O., C. G." (sent. de 13-II-2008)- la necesidad de comprobar en el caso concreto si dicha norma resultaba lesiva de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional, tomando como parámetro la comparación entre la cuantía de la reparación integral y la obtenida por la ley especial citada.
En virtud de la diferencia indemnizatoria en favor del primer sistema, el sentenciante declaró la invalidez constitucional del mentado precepto e hizo lugar a la demanda, condenando a la Provincia de Buenos Aires al pago de $10.200.000 por los daños y perjuicios padecidos como consecuencia del evento dañoso (conf. art. 1.113, Cód. Civ. -ley 340-; v. sent., págs. 29/34).
Finalmente, precisó que, en tanto la determinación del monto indemnizatorio había sido efectuada a valores actuales, correspondía aplicar una tasa pura del 6% anual desde el 5 de mayo del 2014 -cuando resultó exigible el crédito reclamado- hasta el día en que pasaron los autos al acuerdo (esto es, el 31-III-2021) y, desde allí y hasta el efectivo pago, intereses a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., págs. 35/36).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3, 8, 17 inc. 5 y 17 inc. 6 de la ley 26.773; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 de la ley 11.653; de las leyes 23.928 y 25.561; del decreto 472/14; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de 2-VI-2021).
II.1. Alega que el sentenciante incurrió en absurdo al determinar el comienzo del cómputo del plazo prescriptivo en la fecha en que la comisión médica emitió su dictamen (el día 5-V-2014), ya que -afirma- luce evidente que en el específico supuesto de autos el actor tomó conocimiento de su disminución laborativa el día 2 de diciembre de 2011, es decir, cuando sufrió el accidente. Por lo que, concluye, al tiempo de interposición de la demanda (con fecha 29-VI-2015), había transcurrido en exceso el plazo legal de dos años.
Refiere que, en efecto, con arreglo a la doctrina legal que cita (causas L. 54.035, "Garansinchuk", sent. de 25-X-1994 y L. 117.901, "Fernández", sent. de 20-V-2015), debe tomarse en cuenta el comienzo de la exteriorización de la dolencia, sin necesidad del conocimiento pleno de la magnitud del daño sufrido. En tal sentido, explica que, de tener que esperar a que el actor conozca la exacta dimensión de su disminución laborativa, el plazo de prescripción nunca empezaría a correr antes del inicio del proceso, ya que recién en la etapa probatoria se concretarían todas aquellas circunstancias.
II.2. Critica que el tribunal de grado, al cuantificar el resarcimiento, haya aplicado retroactivamente las disposiciones de la ley 26.773 al siniestro ocurrido en el año 2011. En tal sentido, denuncia vulnerada la doctrina que emana de las causas L. 116.513, "Orellana" (sent. de 26-III-2014), L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 119.188, "Rosales Rosa" (sent. de 27-XII-2017).
II.3. Por otro lado, denuncia -de modo subsidiario- la errónea aplicación de las disposiciones de la ley citada en el párrafo anterior.
Advierte que la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) debe ser realizada conforme las pautas que establece dicho plexo legal, el decreto reglamentario 472/14, y las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social vigentes al momento del siniestro.
Sostiene que de la correcta interpretación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la referida ley 26.773 se desprende que el referido índice de ajuste se aplica únicamente a las prestaciones adicionales de pago único y a los pisos mínimos indemnizables y no -como lo hace el tribunal de grado- sobre la fórmula prevista en el art. 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Concluye que el índice RIPTE no puede constituir un mecanismo de indexación desde que no mide variaciones de precios, costos o valor de la moneda, por lo que mal se podría utilizar para repotenciar créditos o preservar el poder adquisitivo de la moneda.
II.4. Denuncia que tratándose el caso de un accidente in itinere no correspondía aplicar las normas del derecho común. Señala que, si bien el actor fue beneficiado con un retiro por invalidez y que el Ministerio actuante pudo haber incluido el hecho como un acto de servicio, ello no tiene efecto en este proceso.
Sustenta su postura en lo resuelto por esta Corte en la causa L. 83.880, "Monesiglio" (sent. 4-X-2006).
II.5. Impugna el rechazo del planteo referido a la incompatibilidad existente entre el reclamo de un resarcimiento pleno del daño sufrido -con fundamento en normas del derecho común- y los subsidios que se perciben en virtud de la ley 13.985. Aduce que lo decidido es producto de la absurda interpretación de la normativa aplicable.
En este sentido, tras enumerar los distintos beneficios que integran la cobertura legal para los supuestos en que los agentes policiales sufren graves incapacidades o fallecen como consecuencia de un acto de servicio, sostiene que no puede admitirse la coexistencia de dos sistemas orientados a reparar idénticas lesiones patrimoniales o físicas, uno regulado por el derecho público y otro por el derecho común.
Refiere que en ambos supuestos la obligación de pago reconoce identidad de hechos generadores, de sujetos y de finalidad (indemnizar el daño causado) y que la única diferencia que se advierte es que la indemnización establecida en el derecho civil tiene como límite el daño que pueda acreditarse, mientras que la fijada en las normas provinciales solo exige verificar los presupuestos que la habilitan (en este caso, acto de servicio), cumplido lo cual, permite acceder a los beneficios allí contemplados.
Alega que la incompatibilidad sostenida ha sido expuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al pronunciarse en Fallos: 291:280 (reiterado en Fallos: 312:2382), en un caso en el que -señala- el tema debatido guarda sustancial analogía con la pretensión de autos. Postula que el criterio anunciado surge del propio texto del art. 1 de la ley 13.985 en cuanto dispone que "dicho subsidio [...] será incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza, que se otorgue por la misma causa". Afirma que la ley especial y el derecho común tienen igual finalidad, esto es, reparar integralmente a las víctimas del infortunio o a sus causahabientes.
II.6. Finalmente, se agravia del tipo de interés aplicado en el fallo de grado.
A tal fin, funda su cuestionamiento en los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
Alega que, de mantenerse la postura del órgano de grado se estaría indemnizando doblemente el hecho reconocido en sentencia.
Apunta que, en el caso, se trata una deuda de valor prevista por el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación. Agrega que también hay que tener presente lo dispuesto por el art. 768 inc. "c" respecto del art. 772, en cuanto dice "expresamente que no resulta aplicable lo preceptuado por el art. 768 inc. c" (v. rec., pág. 20).
III. El recurso no prospera.
III.1. Para brindar respuesta al agravio que inicia la crítica comenzaré por señalar que, según doctrina legal consolidada de esta Corte, la determinación de la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad -y también el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción- constituyen cuestiones de hecho reservadas a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo absurdo (causas L. 121.073, "Medina", sent. de 2-X-2019; L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 120.760, "Fleita", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
En la especie, los cuestionamientos relacionados con las conclusiones a las que arribó el sentenciante para desestimar la excepción de prescripción resultan insuficientes para evidenciar que dicha decisión haya incurrido en un error grave, grosero y manifiesto susceptible de abrir la vía extraordinaria.
III.1.a.i. Al contestar la demanda, la accionada sostuvo que el plazo para iniciar la acción judicial se encontraba vencido, en tanto, teniendo en cuenta que el accidente había ocurrido el 2 de diciembre de 2011, éste debió interponerla antes del 2 de diciembre de 2013, lo que no había ocurrido en el caso (v. fs. 668 y vta.).
III.1.a.ii. Sin embargo, el tribunal de grado, tras analizar las constancias de la causa, declaró que de los actos jurídicos cumplidos por la Administración provincial, se evidenciaba que la legitimada pasiva no había obrado como si la acción resarcitoria fuera exigible para el actor desde el día del infortunio, sino que, por el contrario, ajustó su proceder a las resultas del trámite administrativo de la ley 24.557, el cual se extendió más allá de la fecha límite denunciada por aquella para interponer demanda (2-XII-2013).
En tal sentido, destacó que en el año 2016 (es decir 5 años después de ocurrido el siniestro), la demandada ofreció el pago de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo y lo condicionó a que el actor renunciara al ejercicio de la acción civil, siendo este el único interés explícito expresado por la accionada.
En este contexto, precisó que la excepción opuesta por el Fisco resultaba groseramente contradictoria con sus propios actos.
Sin perjuicio de ello, manifestó que, en el caso, la acción entablada era exigible desde el momento en que las partes habían tomado conocimiento cabal acerca de la existencia de daños consolidados, permanentes y definitivos en el actor, con causa en el hecho ocurrido el 2 de diciembre de 2011.
A partir de ello, señaló que el día 9 de enero de 2013 se dictaminó que el actor se encontraba provisoriamente incapacitado y que recién el día 5 de mayo de 2014 la junta médica fijó una incapacidad definitiva del 67%. Bajo esos lindes, señaló que ello demostraba que las graves lesiones sufridas por el trabajador no se consolidaron ni se hicieron definitivas en el momento mismo del accidente; por el contrario, pasado un poco más de un año, la autoridad administrativa solo había reconocido la existencia de una incapacidad provisoria.
A raíz de lo expuesto, el órgano de grado entendió que el primer acto jurídico en donde las partes tomaron inequívoco y cabal conocimiento que los daños e incapacidad del actor se habían convertido en permanentes y definitivos, fue con el referido dictamen cuyo dictado calificó como punto de inicio de la exigibilidad del crédito objeto de reclamo, por lo que la demanda (interpuesta el 29-VI-2015) se encontraba en término.
III.1.b.i. Ese esquema de razonamiento del juzgador no logra ser rebatido por el quejoso.
En efecto, lejos de construir una crítica idónea, el embate no supera el registro de una simple discrepancia de opinión, pues se limita a exponer un criterio discordante al del juzgador respecto del modo en que debió resolverse este aspecto de la contienda, técnica esta que -reiteradamente se ha declarado- resulta impropia para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el absurdo (causas L. 121.155, "Santone", sent. de 14-VII-2020; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 121.580, "Pallone", sent. de 14-VII-2022; L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022; e.o.).
III.1.b.ii. Por otra parte, resulta estéril la transcripción parcial que el compareciente lleva a cabo de la doctrina de este Tribunal con arreglo a la cual -según expone- la toma de conocimiento de la incapacidad no requiere la técnica y precisa graduación del déficit (v. rec., pág. 6). Ello así, pues ha omitido consignar que dicha circunstancia ha de coincidir con el momento en que el trabajador adquiere noción cabal de su estado de minusvalía, aunque desconozca el grado o porcentaje (causas L. 54.459, "Zandalazini", sent. de 17-III-1998; L. 80.364, "Moreira", sent. de 8-IV-2004; L. 120.332, "L., V. D.", sent. de 26-V-2021; e.o.).
Respetando esa interpretación, el órgano de grado fijó el punto de inicio del plazo de prescripción en el momento en el cual, a su juicio, el actor tomó conocimiento de que sufre un déficit laborativo permanente (5 de mayo de 2014; v. sent., págs. 17/19), no resultando exigible el parejo conocimiento -o la noción- de su magnitud, por lo que dicho órgano jurisdiccional hubo de resolver este aspecto de la contienda ajustando el pronunciamiento a la jurisprudencia que el propio interesado citó -aunque transcribiendo parcialmente el sumario que la identifica- en su réplica extraordinaria.
III.2. No mejor suerte ha de correr el cuestionamiento referido a la supuesta aplicación retroactiva de la ley 26.773.
III.2.a. La recurrente estructura su crítica sobre la base de afirmar que el órgano judicial de grado vulneró la doctrina legal de esta Corte al aplicar al caso una norma que, al momento del evento dañoso, no se encontraba vigente. En efecto, sostiene que el sentenciante debió resolver la controversia conforme lo establecido en la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.278/00.
III.2.b. Dicho aserto revela una notoria desinterpretación del contenido de la sentencia, toda vez que, como surge del relato de antecedentes, el juzgador de grado cuantificó la reparación integral solicitada utilizando "como punto de partida y valor meramente referencial" los importes mínimos que se le reconocieran en la actualidad a un trabajador accidentado según el sistema tarifario de la ley 24.557 con las modificaciones de la ley 27.348 (v. sent., tercera cuestión). Incluso, aclaró en varias oportunidades que el accidente de trabajo del actor había quedado aprehendido bajo la ley 24.557 -conforme decreto 1.694/09- y que resultaba ajena e inaplicable al caso la ley 26.773 (v. vered., pág. 2 y sent., cuarta cuestión).
Es más, al determinar en concreto la suma que correspondía otorgar en concepto de capital por los daños sufridos por el accionante, el juzgador se terminó inclinando por un monto que no se corresponde con la aplicación de la fórmula prevista en la ley 24.557 que estimó equitativo y razonable en atención a "la profesionalidad del actor, la singularidad de sus funciones, la gravedad de sus enfermedades, la extensión total de su incapacidad definitiva, la etiología física y psicológica de sus padecimientos, la edad en la que sufriera el accidente de trabajo (a los 45 años) y su status familiar (padre de dos hijos adolescentes, al momento del siniestro)", al cual luego le agregó otro importe en concepto de daño moral, constituido por el 20% del daño material mensurado de conformidad a las pautas recién indicadas (v. sent., pág. 26 y sigs.).
En definitiva, las motivaciones de la interesada se desentienden del razonamiento seguido por el juzgador y no constituyen una réplica eficaz a fin de descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio. En ese orden, resulta de aplicación la doctrina que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando de tal modo por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.106, "Juárez", sent. de 27-X-2022; L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-II-2023; e.o.).
Cabe recordar también que es doctrina consolidada de esta Corte que la determinación de la cuantía indemnizatoria en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común, constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado, y la conclusión que al respecto formulen no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo cuando tales facultades no sean ejercidas con la necesaria prudencia y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, en el supuesto de absurdo e infracción de las normas que ri
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