Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131628
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño:
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro rechazó íntegramente la demanda promovida por la señora Verónica Balbina Ramos contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas de las secuelas incapacitantes por la dolencia que denunció padecer (v. pronunciamiento de 19-XII-2022).
Para así decidir, con base en la prueba producida, concluyó que la actora no acreditó ninguna secuela incapacitante por la existencia de la patología denunciada en autos, esto es, la "tendinitis de muñeca izquierda". Por su parte, indicó que, si bien el perito médico interviniente en la causa señaló que la trabajadora presenta cambios patológicos en su hombro izquierdo, cierto es, que tal dolencia no ha sido denunciada en el escrito de demanda, razón por la cual no correspondía pronunciarse a su respecto.
II. Contra dicha decisión, la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 22-II-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 17-VIII-2023).
En lo esencial, se agravia del rechazo de la demanda. A tal fin, en apoyo de su postura denuncia arbitrariedad, absurdo en la valoración de la prueba y violación al principio de congruencia en cuanto el juzgador tuvo por acreditado el accidente de trabajo mas no la incapacidad derivada de la periartritis leve que padece.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141. Por tal razón, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
III.2. Siendo así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. del 1-IV-2015 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021).
III.2.a. En ese marco, no se advierte configurado, en la especie, el supuesto habilitante previsto en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017, L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020 y L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado.
III.2.b. En este contexto, resulta inhábil la doctrina legal que se denuncia vulnerada referida al principio de congruencia, cuyo examen, como reiteradamente ha señalado esta Corte, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del mencionado art. 55 de la ley ritual (causas L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021 y L. 128.564, "Ponce", resol. de 29-VI-2022).
III.2.c. Finalmente, cabe añadir, que la cita de doctrina referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020 y L. 129.598, "Pérez", resol. de 14-III-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en apartado III.2.b.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2024 09:28:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:06:56 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:47:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:17:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:41:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 12:59:58 hs. bajo el número RR-880-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia