Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131673
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres, y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Héctor Hugo Fernando Coria y, en consecuencia, condenó a Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A., a abonar la suma que especificó en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley 24.557. Por el contrario, la rechazó en cuanto procuraba la reparación integral con fundamento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 25-X-2023).
Para así decidir, en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, juzgó no acreditados los presupuestos de responsabilidad civil en los que el actor sustento su acción. En particular, que las tareas y el ambiente laboral donde trabajaba, hayan influido en el accidente denunciado.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 10-XI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 13-XI-2023).
En lo esencial, entiende que, contrariamente a lo resuelto en el fallo, surgen acreditados los presupuestos de responsabilidad civil de la empleadora. En este marco denuncia absurdo en la apreciación de la prueba producida en autos, en particular la pericial.
Finalmente, le objeta al juzgador su decisión de tener por no acreditada la dolencia psicológica reclamada en la demanda.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar, que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por el recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 129.401, "Zabaleta", resol. de 1-IX-2022).
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.3.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, porque el planteo recursivo propuesto remite -en rigor- al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la configuración -o no- de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios fundada en las normas del derecho común, aspecto que constituye una facultad privativa del juzgador de grado y, como tal, se encuentra excluida del estrecho ámbito de revisión por el que transita este medio de impugnación (causas L. 124.253, "Ramirez", resol. de 19-VIII-2020; L. 124.772, "González, resol. de 21-IX-2020; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020; L. 126.474, "Díaz", resol. de 28-V-2021 y L. 128.577, "Edgardo", resol. del 7-VI-2022).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.169, "Ésposito", resol. 19-V-2022 y L. 130.065, "Tejera", resol. de 17-IV-2023).
III.3.b. Asimismo, corresponde advertir que no se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 128.903, "Lineros", resol. de 19-IX-2022).
III.3.c. Luego, se impone recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.401, "Orione", resol. de 17-IV-2023).
III.4. Por último, respecto del reproche destinado a objetar el rechazo de la incapacidad psicológica, el impugnante omite denunciar la conculcación de doctrina legal alguna relacionada con los agravios que expone, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021 y L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.3.b.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021 y L. 123.296, "González", resol. de 15-II-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:37:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/08/2024 09:57:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:40:55 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 22:01:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 09:03:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 11:31:42 hs. bajo el número RR-949-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia