Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132091
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción promovida por la señora Margarita Azucena Cadima Avendaño y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por la incapacidad derivada del accidente laboral padecido (v. vered. y sent. de fecha 21-II-2024).
Para así decidir, valorando el material probatorio de la causa, juzgó que la trabajadora padece una incapacidad del veinticuatro con ochenta y uno por ciento -24,81%- del índice de la total obrera como consecuencia del infortunio ocurrido el 5 de julio de 2019. Luego, fijó el ingreso base mensual conforme lo normado en el art. 12 inc. 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo con las modificaciones efectuadas por el decreto 669/2019.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 7-III-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 18-III-2024).
En su presentación, sostiene que el órgano judicial de grado empleó de manera errónea las disposiciones del decreto 669/2019, omitiendo la aplicación de lo dispuesto en sus normas reglamentarias, estas son, las resoluciones 1.039/2019 y 332/2023 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado para la interesada por la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el sentenciante y el pretendido por la recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de la interposición del recurso extraordinario- (causas L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 128.042, "Blanco", resol. de 1-IV-2022 y L. 130.390, "Gurfinchel", resol. de 1-VIII-2023).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020, L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, dado que la recurrente a lo largo de su impugnación omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada a los agravios que trae a análisis, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía recursiva (causas L. 94.682 "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016; L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020 y L. 127.018, "Flores", resol. de 26-IV-2022).
Asimismo, no resulta útil, en el excepcional canal de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020; L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021 y L. 131.797, "Cardillo", resol. de 27-VI-2024).
Por último, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2024 19:41:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/09/2024 09:54:32 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2024 14:54:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:09:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:33:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:41:24 hs. bajo el número RR-1168-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia