Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132661
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, en el marco de la acción promovida por la señora Mariana Andrea Sosa contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por la muerte del señor Carlos Exequiel Sosa -padre de la accionante-, hizo lugar a la excepción de prescripción deducida por la parte demandada (v. pronunciamiento de 25-IV-2024).
Para así decidir, sostuvo inicialmente que el art. 44 de la ley 24.557 establece que el plazo de dos años ha de computarse desde que la prestación debió ser abonada o prestada y que, de conformidad con lo manifestado por la promotora del pleito en la demanda, el hecho que ocasionó el fallecimiento del señor Sosa habría ocurrido el día 12 de enero de 2018, debiéndose comenzar a contar desde allí el plazo de la prescripción.
Indicó que la denuncia del siniestro ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo fue llevada a cabo el día 9 de enero de 2020, determinando la Comisión Médica interviniente el carácter no laboral de la contingencia mediante dictamen del 21 de octubre de 2021.
Señaló que el telegrama remitido por la señora Sosa (en fecha 9-I-2020) constituyó una intimación fehaciente que suspendió el curso de la prescripción por el plazo de seis meses en los términos del art. 2.541 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Luego, tomando como hito inicial la fecha del supuesto siniestro (12-I-2018) y aquella en que fuera remitida la intimación que suspendió el plazo de la prescripción (9-1-2020), juzgó que la actora había dejado trascurrir casi dos años, para luego, una vez reanudado el mismo (julio de 2020) contar con tres días para iniciar el trámite administrativo.
En tales condiciones, y toda vez que las actuaciones en sede administrativas habían sido promovidas recién en fecha 31 de enero de 2021, el a quo declaró prescripta la acción, pues, añadió, la accionante había dejado transcurrir un lapso de tiempo de considerable amplitud hasta el momento en que efectuó la denuncia ante la aseguradora de riesgos del trabajo e, incluso, hasta que inició el reclamo por la vía correspondiente.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 2-V-2024), el que fue concedido por el a quo mediante proveído electrónico del 22 de mayo de 2024.
En lo sustancial, sostiene que la decisión del tribunal de grado que declaró prescripta la acción transgrede las garantías de defensa en juicio y debido proceso, como así también el principio protectorio.
Alega que la excepción de prescripción opuesta se hallaba equívocamente fundada, habida cuenta que de las constancias obrantes en la causa surge acreditado que la aseguradora de riesgos del trabajo rechazó la contingencia en fecha 30 de enero de 2020.
Finalmente, solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en cuanto establece el plazo de caducidad de noventa -90- días hábiles para iniciar la acción laboral ordinaria.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, pues aun cuando la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias -como lo son las vinculadas a determinar el comienzo del curso de la prescripción y su eventual interrupción o suspensión-, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra marginado del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019; L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L.128.175, "Cuervo", resol. de 26-IV-2022), en rigor, no ha denunciado doctrina legal de esta Suprema Corte vinculada con los cuestionamientos que expone, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por el presente carril de impugnación en el marco excepcional descripto (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022; e. o.).
III.3. Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de los pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la nación y por otros tribunales de justicia (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 130.935, "Pazos", resol. de 1-XI-2023).
III.4. Lo resuelto precedentemente torna inoficioso el tratamiento del agravio dirigido a cuestionar la validez constitucional del plazo de caducidad de noventa -90- días establecido por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2024 14:33:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/09/2024 12:27:12 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2024 10:23:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:09:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:29:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:40:20 hs. bajo el número RR-1150-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia