Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129061
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, en el marco de la acción iniciada por el señor Lisandro Daniel Roldán contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente laboral que invocó padecer, decretó operado el plazo de caducidad previsto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 (v. fs. 47/50).
Para así decidir, tras destacar -con sustento en lo resuelto por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente - ley especial" (sent. de 2-IX-2021)- la validez constitucional del procedimiento establecido por el Título I de la ley 27.348 (con adhesión de la ley 14.997), juzgó que el actor había obtenido dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional interviniente el día 22 de junio de 2018, el que le fuera notificado en fecha 20 de julio del mismo año.
Indicó además que el trabajador no había interpuesto en sede administrativa ninguna apelación, ni en sede judicial algún pedido de revisión dentro del plazo de caducidad que establece el citado art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Sostuvo que la demanda había sido promovida el día 14 de noviembre de 2019, una vez transcurridos los noventa -90- días previstos en la citada normativa, motivo por el cual -afirmó- lo resuelto por el órgano administrativo había adquirido autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2022), el que fue concedido por el a quo (v. fs. 51/53).
En lo sustancial, señala que de conformidad con lo preceptuado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 el plazo para interponer la acción de revisión ante el tribunal con competencia laboral debe ser computado desde la notificación del acto de disposición de clausura emitido por el Servicio de Homologación, el que -alega- no ha sido dictado en el caso.
Por otro lado, manifiesta que al momento de iniciar el procedimiento administrativo -esto es, el día 11 de septiembre de 2017- no se encontraba vigente la ley de adhesión 14.997, no encontrándose por ende obligado a transitar dicha etapa previa.
Finalmente, denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y critica la imposición de costas a su parte.
III. El recurso no prospera.
III.1. Habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (v. resol. de fs. 51/53), arribando dicha decisión firme y consentida a esta instancia extraordinaria, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal cuya vulneración se invoca (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019; L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023 y L. 131.650, "García", resol. de 3-VI-2024; e.o.), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.2. Bajo tales directrices, se impone señalar -inicialmente- que la decisión del órgano de grado se ajusta a lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020); L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17 de junio de 2020) y L. 121.755 "Ibarra" (sent. de 13-X-2020), en lo vinculado a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Cabe indicar, que en la citada causa "Orellana", este Tribunal ha establecido que con la sanción de la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), que dispuso la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al nuevo régimen legal complementario de la Ley de Riesgos del Trabajo, las nuevas reglas de orden procesal contenidas en el Título I, arts. 1 a 4 de la ley 27.348, resultan aplicables a toda acción judicial que se promueva en el ámbito de los Tribunales de Trabajo provinciales a partir del octavo día de su publicación oficial (art. 5 del Código Civil y Comercial de la Nación), es decir, desde el 17 de enero de 2018 en adelante.
III.3. Luego, el agravio dirigido a cuestionar la forma de computar el plazo dispuesto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 también deviene inadmisible, pues, más allá de que dicha impugnación se encuentra vinculada a cuestiones de índole fáctica y probatoria, la única doctrina que se denuncia como transgredida se refiere al vicio de absurdo, no resultando idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021; L. 128.372, "Benítez", resol. de 27-V-2022; L. 130.685, "Pihuala", resol. de 4-X-2023 y L. 130.817, "Fernández", resol. de 21-III-2024; e.o.).
III.4. Debe igualmente desestimarse la objeción planteada en torno a la imposición de costas, dado que no se ha denunciado a su respecto violación de doctrina legal alguna de la Suprema Corte, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto del carril excepcional por el que transita el recurso (causas L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 128.264, "Pacheco", resol. de 17-X-2022 y L. 130.345, "Ciminelli", resol. de 7-IX-2023; e.o.).
Por lo demás, no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.055, "Mier", resol. de 10-IV-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2024 19:41:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/09/2024 09:53:37 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2024 14:55:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:10:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:34:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:41:46 hs. bajo el número RR-1178-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia