Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129910
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.910, "Mujica, Rosa Raquel contra Municipalidad de Lomas de Zamora y otro/a. Accidente de trabajo - Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora admitió la demanda promovida, y condenó a la Municipalidad de Lomas de Zamora y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que fijó en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con costas (v. sent. de 2-V-2022).
Se dedujo, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-V-2022).
Asimismo, se interpusieron por la Municipalidad accionada recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 16-V-2022), los que fueron rechazados por el tribunal de origen (v. pronunciamiento electrónico de 4-V-2023), decisión que fue confirmada ante esta sede casatoria en oportunidad de desestimarse la queja articulada (v. resol. de fecha 1-VIII-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por Rosa Raquel Mujica -por sí y en representación de su hijo Alejo Yoel Fernández, hoy mayor de edad- ante el fallecimiento de Luis Fernández -quien fuera en vida su esposo y padre de su representado-, y -en consecuencia- condenó a la Municipalidad de Lomas de Zamora y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en forma solidaria, al pago de la suma que especificó en concepto de reparación integral (v. sent. de 2-V-2022).
Para así decidir, juzgó acreditado que el señor Fernández falleció al recibir una descarga eléctrica de tres mil voltios en circunstancias en que se encontraba trabajando en altura, realizando sus tareas habituales como electricista, cambiando luminarias públicas para el municipio codemandado.
En ese contexto, tras considerar en el fallo de los hechos los conceptos vertidos en el informe técnico y en la declaración del testigo Osvaldo Esteban Vargas, descartó el acaecimiento de un hecho fortuito y tuvo por acreditada la condición de riesgosa de la actividad realizada por el trabajador fallecido en los términos del art. 1.113 del anterior Código Civil, así como las graves y numerosas violaciones que detalló -tanto de la empleadora como de la señalada aseguradora- a los deberes y obligaciones a su cargo establecidas en las normas que destacó sobre higiene y prevención de seguridad en el trabajo.
En particular, en referencia a la aseguradora destacó la ausencia total de controles, visitas, asesoramiento al empleador sobre planes de mejora, capacitación a los trabajadores, denuncias por incumplimientos de la patronal y de informes a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con violación de los arts. 18 a 21 inc. "c" del decreto 170/96 y de los arts. 1, 4.1, 31.1."a" y "c" de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Afirmó que de haber cumplido ambas codemandadas con las obligaciones legales a su cargo, se habría evitado el siniestro padecido por el causante.
Ello así, previo declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad -para el presente caso- de los arts. 1.1, 2, 39, 46 y 49 de la Ley de Riesgos del Trabajo, comparó el quantum indemnizatorio de acuerdo a los parámetros del sistema especial de riesgos de trabajo con el del esquema de la reparación integral -este último realizado con la aplicación de la fórmula "Méndez"-, y concluyó que el cálculo, en los términos de los arts. 8, 11 y 18 apartado 1 de la ley 24.557, no resultaba reparatorio en modo alguno del daño verificado en autos.
Luego, en cuanto a las pautas para determinar la indemnización reclamada, refirió que, en consonancia con la doctrina emanada del precedente "Arostegui" de la Corte nacional, y considerando a dicha acreencia como deuda de valor, debían valorarse las circunstancias puntuales de cada caso sin que los jueces debieran sujetarse a fórmulas matemáticas. En el presente contexto: la edad de la víctima al momento de su fallecimiento y la cantidad de años restantes para acceder al máximo de una jubilación ordinaria, su estado civil casado, su expectativa de vida y el aniquilamiento del proyecto personal de vida, entre otros.
Explicó entonces que, para cuantificar los daños, ponderó "un cincuenta por ciento más que lo que actualmente se liquida como mínimo en un siniestro de estas características en los términos de la ley de riesgos del trabajo, con las modificaciones de la ley 27.348" (sent., págs. 10 y 11). Afirmó, que la reparación integral no podía ser inferior a adicionar el mencionado cincuenta por ciento, para asignar reparación al lucro cesante y al daño moral "...so pena de resultar en una reparación exigua, injusta y vejatoria de los intereses que se intentan proteger, en el caso: la vida humana y la lesión enorme sufrida por la esposa e hijo menor de edad del trabajador fallecido por electrocución mientras realizaba su tarea habitual en condiciones inseguras" (sent., págs. cits.).
En este entendimiento, consignó las sumas que consideró prudentes para cuantificar tanto el daño material como el daño moral, en concepto de reparación integral determinada conforme los arts. 1.072, 1.074, 1.113 y concordantes del Código Civil.
II. Contra dicha decisión, en lo que aquí interesa, la aseguradora de riesgos del trabajo condenada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 18-V-2022).
II.1. Se agravia del monto indemnizatorio al que arribó el juzgador por resultar -a su criterio- excesivo, arbitrario, incongruente y violatorio del derecho de propiedad y de defensa en juicio.
Alega que el tribunal de origen no brindó los fundamentos ni las razones que justifiquen la cuantificación de los perjuicios efectuada, por lo que dicha tarea no fue ejercida con la necesaria prudencia, imputándole absurdo.
En tal línea de pensamiento, denuncia que lo así resuelto descalifica al acto jurisdiccional como válido por no permitir conocer la legalidad del mismo.
Sostiene que la suma determinada "octuplica" la fórmula "Méndez" y multiplica "por quince" el reclamo de la parte actora en su demanda, excediéndose -con excesiva onerosidad- en su jurisdicción, y configurando un enriquecimiento contrario a derecho.
II.2. Cuestiona la relación causal que tuvo por acreditada el órgano de grado entre el daño padecido por el trabajador y la supuesta omisión culpable de la aseguradora codemandada.
Alega que no se vislumbra del veredicto "...en qué se basa el a quo para considerar un obrar omisivo..." (rec., pág. 17) de la ahora impugnante, toda vez que no destaca cuáles habrían sido los presupuestos que configurarían la responsabilidad civil endilgada, efectuando una valoración completamente simplificada de los hechos probados en la causa.
Afirma, en este sentido, que no han sido acreditados por la parte actora los alegados incumplimientos en el deber de seguridad y prevención laboral.
Insiste en que el accidente se produjo por la propia culpa, torpeza y negligencia del señor Fernández.
Agrega que el hecho de haber ocurrido el siniestro denunciado en la vía pública imposibilitó el control específico por la empleadora, al tratarse de "lugares ajenos al establecimiento municipal" (v. rec., págs. 17 y 18).
Sostiene -con apoyo en la jurisprudencia y autores que cita- que la obligación de cumplir con las normas de seguridad e higiene se encuentra -a su criterio- pura y exclusivamente a cargo del empleador -el municipio codemandado- y no de las aseguradoras de riesgos del trabajo.
III. En razón de su insuficiencia técnica, considero que el recurso extraordinario traído no puede prosperar (art. 279, CPCC).
Por cuestiones metodológicas, habré de alterar el orden de los agravios ensayados para ingresar en su tratamiento.
III.1. Sentado lo anterior, considero que no es atendible el reproche por el que el impugnante cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el juzgador de grado y aquella decisiva conclusión con arreglo a la cual juzgó verificados en el caso los presupuestos previstos en la ley civil para responsabilizar a la aseguradora.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios conforme el derecho civil, son facultades privativas de los jueces de mérito, cuya revisión solo procede ante la existencia de absurdo (causas L. 120.043, "Idalgo", sent. de 4-VIII-2020; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; e.o.).
Sin embargo, no se observa denunciada en este tramo del recurso en estudio, la supuesta configuración del mencionado yerro esencial caracterizador de la doctrina legal del absurdo, deficiencia que marca la inhabilidad de la impugnación, pues es sabido que dicho vicio del decisorio debe ser expresamente denunciado y fehacientemente demostrado por quien lo invoca (causa L. 67.515, "Lagos", sent. de 4-V-1999; e.o.), sin que esta Suprema Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 125.487, "Hernández", sent. de 21-X-2022; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; L. 125.434, "Morales", sent. de 20-IX-2023; e.o.).
III.1.b. En una hipótesis más favorable para el interesado -sin dejar de señalarse que el embate asimismo carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas actuadas en la resolución cuestionada, circunstancia que profundiza, desde otroángulo, la insuficiencia en la fundamentación del intento revisor (conf. art. 279, CPCC)-, ocupa remarcar que este tramo del recurso está signado por expresiones genéricas que carecen de un adecuado análisis centrado en las concretas circunstancias del caso puestas de relieve por el sentenciante de grado para justificar su decisión.
Muestra de ello es la afirmación de que la parte actora no habría acreditado los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil a la aseguradora coaccionada. Es que dicha aseveración se agota en su propia formulación, sin repararse en la valoración que desplegó el juzgador de mérito sobre las distintas pruebas producidas en la causa, tales como el dictamen del perito ingeniero y la declaración del testigo Osvaldo Esteban Vargas prestada en la audiencia de vista de la causa (v. vered., puntos 1, 2 y 4 de la única cuestión planteada).
III.1.c. En el contexto delineado, debe agregarse que las referencias a fallos de otros tribunales y a la doctrina de autores que contiene el medio de impugnación en nada mejoran su suerte adversa, en tanto constituyen transcripciones parciales que carecen de reflexiones o referencias vinculadas al particular escenario de la causa (art. 279 cit.).
III.2. Por otro lado, tampoco merece favorable recepción el cuestionamiento que gira en torno a la determinación del monto indemnizatorio.
III.2.a. Es doctrina de este Tribunal que la determinación del quantum reparatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye una cuestión privativa de los jueces de grado ajena -en principio- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la violación de las normas que regulan la reparación integral del daño civil (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.236, "C., D. G.", sent. de 4-IX-2019; L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XI-2022; L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024; e.o.).
Bajo tales lineamientos, también ha señalado que es facultad de los magistrados de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas para establecer el monto de la indemnización por un infortunio de trabajo y que -en tal supuesto- la configuración de un posible proceder absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 119.198, "Mirantes", sent. de 3-V-2018; L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020 y L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023).
Ello así, pues la mencionada anomalía no queda configurada aun cuando el criterio del juzgador pudiera ser calificado como objetable o discutible. Es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, una insostenible o grosera desinterpretación de las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.), desvío que -anticipo- no logra demostrar la recurrente.
III.2.b. En el caso, conforme se reseñó, el tribunal de grado, con fundamento en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación A.436.XL Recurso de hecho "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía S.R.L." (sent. de 8-IV-2008), ponderó diversos elementos para arribar al quantum indemnizatorio fijado, tales como la edad del señor Fernández al momento del fallecimiento, su expectativa de vida promedio y la lesión enorme sufrida por la esposa e hijo menor de edad del trabajador fallecido por electrocución mientras realizaba su tarea habitual en condiciones inseguras y en violación de la normativa de seguridad e higiene.
Además, ponderó "un cincuenta por ciento más de lo que actualmente se liquida como mínimo en un siniestro de estas características en los términos de la ley de riesgos del trabajo, con las modificaciones de la ley 27.348" (sent., págs. 10 y 11) para cuantificar algunos de los rubros indemnizatorios propios de una reparación integral, afirmando que se debía fijar el mencionado cincuenta por ciento adicional para reparar el lucro cesante y el daño moral padecidos por los accionantes (v. sent., págs. cits.).
III.2.c. Teniendo en consideración las directrices valorativas y los fundamentos del órgano de grado descriptos, la insuficiencia técnica de esta parcela de la impugnación se revela notoria, desde que la interesada no evidencia que el sentenciante haya incurrido en el vicio caracterizador de la doctrina legal del absurdo al cuantificar la indemnización debida, ni denuncia la violación de las normas que rigen a la reparación integral.
En efecto, los agravios de la impugnante se asientan en la supuesta falta de fundamentos del fallo que objeta para justificar la cuantificación de los perjuicios allí efectuada, circunstancia que -según los antecedentes detallados- se evidencia ausente.
Así, en su cometido, la recurrente no exterioriza más que su disconformidad con la decisión de grado, oponiendo a las pautas brindadas por el tribunal otras que considera más convenientes a sus intereses, en un mero intento de disputarle a los jueces de grado las facultades que poseen en la materia (causas L. 101.544, "Szewcruk", sent. de 28-XII-2011; L. 115.518, "Colotta", sent. de 29-VI-2016 y L. 120.646, "Maldonado", sent. de 10-VIII-2020).
En tal sentido, cabe señalar que la interesada no aporta ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines de demostrar el absurdo (causas L. 121.953, "Federación de Educadores Bonaerense y otros", sent. de 29-VI-2020; L. 122.881, "Maños", sent. de 30-XII-2021; L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023; e.o.).
III.2.d. Tampoco resulta atendible la objeción que se funda en que el monto indemnizatorio determinado no se condice con el reclamado en la demanda y -por tanto- resulta incongruente.
Al respecto, recuerdo que para que esta Corte pueda ingresar a analizar el acierto de ese tipo de conclusiones fácticas, debió la recurrente cumplir con la carga de denunciar la existencia de absurdo en la tarea de interpretación de los escritos postulatorios que dieron origen a la controversia, lo que -advierto- tampoco ha sido cumplido e importa un nuevo e insalvable déficit técnico del intento revisor (art. 279 cit.).
En este orden, cabe señalar que en reiteradas oportunidades este Tribunal ha remarcado que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso -y de las presentaciones en general- constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, y que su decisión al respecto solo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 124.361, "Bonaudi", sent. de 13-VII-2022; L. 124.119, "Alvarez", sent. de 14-III-2023; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2024 14:34:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/09/2024 12:27:41 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2024 10:24:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:09:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:30:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:40:47 hs. bajo el número RS-76-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia