Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131875
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose, en consecuencia, la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa de interés utilizada a partir del 4 de marzo de 2017 (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que, con nueva integración, determine la tasa de interés aplicable a partir de la fecha indicada, con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por la señora Marianela Gisande y, en consecuencia, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad, en virtud del accidente in itinere acreditado en autos (v. pronunciamiento de fecha 13-VII-2023 y aclaratoria de fecha 18-X-2023).
En lo que interesa destacar, dispuso que sobre el capital de condena correspondía aplicar intereses conforme la doctrina que -según interpretó- había elaborado esta Corte en la causa L. 121.551, "Lince" (sent. de 14-VII-2020). Al respecto, señaló que, en dicho precedente, este Tribunal convalidó el criterio de utilizar la tasa prevista en el art. 12, apartado 3 de la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 27.348 (a partir del 4-III-2017).
Con ese sustento, dispuso que el capital de condena devengaría intereses desde el 12 de noviembre de 2015 y hasta el 3 de marzo de 2017, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo por treinta días; y desde el 4 de marzo de 2017 (fecha de entrada en vigencia de la ley 27.348) y hasta la sentencia, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (arts. 768, Cód. Civ. y Com.; 12 apdo. 3, ley 24.557 -modif. ley 27.348-).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-VIII-2023), el que denegado por el a quo (v. resolución de fecha 29-XII-2023), fue concedido por este Tribunal al resolver la queja incoada (v. presentación de 8-II-2024 y resolución de fecha 29-V-2024).
En lo sustancial, denuncia transgredida la doctrina de esta Corte sentada en el precedente L. 127.149, "Gerzel", (sent. de 19-XII-2022). En este sentido, afirma que el sentenciante de grado interpretó erróneamente el alcance de lo resuelto en el precedente L. 121.551, "Lince" (sent. de 14-VII-2020).
Precisa que, no solo en aquel caso se abordó una norma distinta (el art. 12, apartado 2 de la ley 24.557) a la analizada en el sub lite (art. 12, apartado 3 de la misma ley) sino que, además, esta Suprema Corte se limitó exclusivamente a rechazar el recurso interpuesto, en tanto sostuvo que en el acotado y excepcional marco de conocimiento previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, el recurrente no había demostrado la violación de la doctrina legal invocada. Destaca así, que en dicho precedente este Tribunal no dictó un pronunciamiento destinado a avalar la solución brindada como erróneamente postuló el órgano de grado.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Liminarmente cabe señalar que, habiéndose concedido el remedio procesal en análisis por esta Corte en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. del 29-V-2024), la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021 y L.129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023).
III.2. En este marco, acierta la impugnante cuando afirma que lo resuelto en el fallo de grado resulta contrario a lo decidido por este Tribunal en la causa L. 127.149, "Gerzel", (sent. de 19-XII-2022).
En efecto, al igual que en el citado precedente, en el caso -como lo señaló la recurrente-, el a quo desplegó una errónea lectura de lo decidido por esta Corte en la causa L. 121.551, "Lince" (sent. de 14-VII-2020).
De un lado, en dichas actuaciones no estaba en juego -como en autos- la controvertida aplicación del apartado 3 del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo según la modificación introducida por la ley 27.328, sino la norma contemplada en el apartado 2 del mismo art. 12 de aquella primera ley.
Del otro, en el referido caso L. 121.551 "Lince", este Tribunal se limitó a desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en razón de juzgarlo inadmisible, pues habiéndoselo abordado en el estrecho marco que regula el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, no se constató transgresión de la doctrina legal allí denunciada. Así, alejado de lo dicho por el tribunal de la instancia en el sub examine , no hubo en dicho precedente definición alguna que "convalidara" el criterio empleado en el pronunciamiento.
III.3. Consecuentemente, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la decisión del tribunal de grado en cuanto a la tasa de interés utilizada a partir del 4 de marzo de 2017.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose, en consecuencia, la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa de interés utilizada a partir del 4 de marzo de 2017 (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que, con nueva integración, determine la tasa de interés aplicable a partir de la fecha indicada, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2024 14:33:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/09/2024 12:25:53 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2024 10:23:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2024 16:15:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:05:10 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/09/2024 11:51:59 hs. bajo el número RR-1196-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia