Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130793
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; con costas (art. 298, CPCC).
Respecto del de inaplicabilidad de ley también deducido, se hace lugar y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.5 (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Costas a la demandada vencida (art. 289, CPCC).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y previa renovación de los actos procesales que estime necesarios, se pronuncie sobre la procedencia del reclamo por daño moral contenido en la demanda.
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por el señor Cristian Ariel Soria contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., Bayton S.A. y Molino Chacabuco S.A. mediante la cual había reclamado -con fundamento en el derecho civil- la reparación integral de los daños derivados del accidente de trabajo denunciado en autos (v. pronunciamiento de 21-IV-2023).
Para así decidir, juzgó no acreditado que el accionante presente secuelas incapacitantes como consecuencia del siniestro invocado. A partir de tal plataforma fáctica, concluyó que "no habiéndose acreditado la existencia de incapacidad en su total obrera vinculada con éste, no se activa el consecuente de la norma jurídica que amerita el resarcimiento prestacional en aquellos casos de presencia de secuelas dañosas (arts. 1.737 y cc, CCyCN y 375 y 474, CPCC)".
II. Contra dicha decisión, el actor dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 9-V-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de 16-V-2023), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de 1-II-2024).
III.1. En el primero de los remedios interpuestos, el impugnante denuncia violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y alega que el a quo omitió tratar el reclamo por daño moral introducido en la demanda y sometido a decisión del tribunal de origen.
III.2. El recurso no prospera.
Cabe destacar que, como surge del relato de antecedentes, el tribunal de origen dispuso el rechazo de la demanda en el entendimiento que, no habiéndose comprobado la existencia de incapacidad atribuible al accidente de trabajo sufrido por el actor, no se configuraba el presupuesto necesario para obtener el resarcimiento de daños y perjuicios reclamado.
Dicha conclusión -cualquiera fuera el grado de acierto jurídico sustancial que pudiera atribuírsele, lo cual, huelga recordar, constituye un tópico ajeno al remedio procesal bajo examen (causas L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020 y L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020)- traduce la decisión de desestimar el reclamo de reparación integral comprensivo tanto de los daños patrimoniales como de los extrapatrimoniales.
En tales condiciones, a la luz del razonamiento expuesto en la sentencia, se impone colegir que la pretensión que se denuncia como supuestamente preterida quedó desplazada a partir de la solución a la que arribó el sentenciante de grado sobre el tema litigioso.
Al respecto, en precedentes similares al caso bajo examen, esta Corte hubo de desestimar el recurso extraordinario de nulidad ponderando que no se verificaba omisión de tratamiento de cuestión esencial, habida cuenta que aquéllas que se reputaban omitidas en el embate quedaron naturalmente desplazadas de consideración como consecuencia de lo resuelto por el tribunal de origen respecto de la ausencia de uno de dichos presupuestos de la acción intentada como resulta ser el daño resarcible (causas L. 68.063, "Montovio", sent. de 21-VI-2000 y L. 107.424, "Cremaschi", sent. de 30-V-2012).
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido.
III.3. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el interesado alega que el tribunal de grado -incurriendo en absurdo y violación de los arts. 1.738, 1.740 y 1.741 del Código Civil y Comercial de la Nación- no reconoció el perjuicio moral sufrido por el actor como consecuencia del accidente y que fuera reclamado en la demanda.
Denuncia que el a quo transgredió la doctrina legal de esta Suprema Corte que emerge de las causas L. 41.225, "Vázquez" (sent. de 14-III-1989), L. 51.966, "Pérez" (sent. de 16-XI-1993); L. 55.728, "Toledo" (sent. de 19-V-1995); L. 61.157, "Fragueiro" (sent. de 27-V-1997); L. 65.757, "Villagrán Mamani" (sent. de 23-II-2000); L. 68.063, "Montovio" (sent. de 21-VI-2000); L. 83.200, "V.A." (sent. de 24-V-2006); L. 107.424, "Cremaschi" (sent. de 30-V-2012); L. 108.686, "González" (sent. de 24-X-2012) y L. 116.622, "B.V." (sent. de 15-IV-2015).
En ese orden, cuestiona que el juzgador, apartándose de la doctrina legal citada, al considerar que no existía incapacidad laborativa, no se pronunciara sobre la pretensión por daño moral.
Alega que el actor sufrió un aplastamiento de tórax con edema que le ocasionó dolores y padecimientos, y que si bien no dejó incapacidad laboral, sí produjo en él aflicciones y un estado de ansiedad, pesadumbre y angustia propias de toda persona que ha sufrido importantes traumatismos y tuvo que cursar un largo tratamiento médico para curarlos con la incomodidad que significa tener que estar varios meses en reposo, la incertidumbre y preocupación por la evolución y resultado de los tratamientos médicos y la angustia y zozobra que importa tener que dejar de lado la vida normal para concentrarse en la superación de la dolencia.
Define el daño moral o extrapatrimonial sufrido por el actor como la lesión espiritual a las afecciones íntimas y padecimientos incluyendo también las molestias en la vida personal como consecuencia de las lesiones producidas por el accidente de trabajo.
III.4. El recurso prospera.
III.4.a. Liminarmente, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de 16-V-2023), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.4.b. Como surge de los antecedentes reseñados en el apartado I de la presente, el juzgador rechazó íntegramente la acción fundada en la normativa civil por considerar acreditado que éste no padece incapacidad alguna como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió. Tal circunstancia fáctica lo condujo a concluir que la demanda carecía del presupuesto fáctico que le diera sustento.
Dicho razonamiento es eficazmente rebatido por el recurrente en cuanto sostiene que, al resolver de ese modo, el tribunal de grado vulneró la doctrina legal que indica sobre la materia debatida.
En efecto, tal como lo expresó esta Suprema Corte en los precedentes que identifica el interesado, hallándose la acción resarcitoria fundada en las normas del derecho común, la circunstancia de que el trabajador no hubiera quedado incapacitado como consecuencia del siniestro laboral sufrido no tiene virtualidad para enervar, por sí sola, la procedencia de aquellas facetas del daño (v. g., daño moral) no destinadas a resarcir la incapacidad para trabajar.
Se señaló en dichas oportunidades que el daño material y el moral tienen naturaleza jurídica independiente pues son distintos los bienes jurídicos afectados que resarcen. Y que, en consecuencia, en los casos de infortunios laborales, el daño moral indemnizable no necesariamente reside en la existencia de un déficit laboral, por lo que el objeto de la indemnización no lo constituye una incapacidad laboral, sino la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (causas L. 65.757, "Villagran Mamani", sent. de 23-II-2000; L. 107.424, "Cremaschi", sent. de 30-V-2012; L. 108.686, "González", sent. de 24-X-2012).
De la lectura del pronunciamiento se desprende que la conclusión relativa a la inexistencia de incapacidad derivada del accidente (v. vered. y sent. de 21-IV-2023) condujo al juzgador a la dogmática conclusión de que no existía daño resarcible. Ello le impidió determinar -atento la pretensión expresamente reclamada en el escrito de inicio (v. fs. 61 vta./62)- sí, con prescindencia de la ausencia de minusvalía, el siniestro había provocado o no al trabajador accidentado algún daño extrapatrimonial.
La única cuestión que el tribunal resolvió someter al acuerdo en el veredicto consistió, precisamente, en determinar si, como consecuencia del accidente, el actor se encontraba o no incapacitado, lo que demuestra, además, que utilizando una técnica sentencial deficiente el a quo selló la suerte del litigio en una etapa procesal impropia.
En suma, hallándose la acción resarcitoria fundada en el derecho común, debió plantear y analizar si se habían configurado o no los presupuestos de la responsabilidad civil contemplados en las normas invocadas en sustento del reclamo y no -como lo hizo- desestimar la demanda sobre la base de la inexistencia de incapacidad en la total obrera.
III.4.c. Lo expuesto demuestra que, como lo denuncia el impugnante, el sentenciante ha transgredido la doctrina legal referida, por lo que debe dejarse sin efecto lo decidido en la instancia de origen en cuanto se rechazó íntegramente la reparación de daños y perjuicios por el hecho de que el trabajador no resultó incapacitado como consecuencia del accidente sufrido, sin pronunciarse de manera autónoma sobre el reclamo por daño moral planteado en el escrito de inicio.
III.5. A tenor de lo señalado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia en crisis atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; con costas (art. 298, CPCC).
Respecto del de inaplicabilidad de ley también deducido, se hace lugar y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.5 (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Costas a la demandada vencida (art. 289, CPCC).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y previa renovación de los actos procesales que estime necesarios, se pronuncie sobre la procedencia del reclamo por daño moral contenido en la demanda.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2024 17:27:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/09/2024 11:16:38 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2024 11:56:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2024 16:15:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:06:52 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/09/2024 11:52:20 hs. bajo el número RR-1214-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia