Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131977
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda incoada por el señor Cristian Gabriel Fernández y, en consecuencia, condenó a Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/2019 (v. pronunciamiento de fecha 14-XII-2023).
Para así decidir, tuvo por demostrado, que el actor, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido, padece una incapacidad del treinta con sesenta y nueve por ciento -30,69%- del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 1-II-2024), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de 27-II-2024), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 14-IX-2024).
III. En el primero de los remedios intentados, la impugnante alega violación del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En lo esencial, entiende que el órgano judicial de grado empleó de manera errónea las disposiciones del decreto 669/2019, omitiendo la aplicación de lo dispuesto en su norma reglamentaria.
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2. En principio corresponde recordar, que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015; L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018 y L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021).
En el caso, no se encuentra vulnerada aquella cláusula constitucional denunciada, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015 y L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020); no correspondiendo examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia en su fundamentación, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 90.030, "Romano", sent. de 13-II-2008; L. 122.000, "Devincentti", resol. de 26-XII-2018 y L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020).
III.3. Para más, es dable recordar que, resultan cuestiones ajenas al remedio en examen, tanto la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional, como la vinculada a la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento (conf. doct. causas L. 118.696, "Praxair", resol. del 25-II-2015 y L. 130.555, "Armayor", resol. 26-II-2024).
IV. En la segunda vía extraordinaria interpuesta, con denuncia de absurdo y arbitrariedad, reitera los argumentos vertidos al incoar el remedio extraordinario de nulidad, vinculados a la errónea aplicación, por parte del sentenciante, de las disposiciones del decreto 669/2019.
Seguidamente, cuestiona que el juzgador, al establecer la incapacidad del trabajador, se limitó a reproducir las conclusiones de la pericia médica y psicológica sin realizar un análisis concreto de su contenido a la luz de los hechos traídos a debate, consecuentemente el fallo carece de todo desarrollo lógico jurídico.
IV.1. El recurso no prospera.
IV.1.a Liminarmente, cabe señalar, que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por la recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 129.401, "Zabaleta", resol. de 1-IX-2022).
IV.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013; L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 117.693, "Medina", sent. de 11-III-2015; L.125.098, "Leguizamón", cit. y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
IV.3.a En este contexto, respecto del primer agravio referenciado, no se advierte configurado el supuesto habilitante previsto en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, pues la interesada ni siquiera ha denunciado como vulnerada, a su respecto, doctrina legal alguna de esta Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la presente vía de impugnación (causas L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020; L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 128.489, "Domínguez", resol. de 29-VI-2022 y L. 130.620, "Sabio", resol. de 23-XI-2023).
IV.3.b Respecto del restante cuestionamiento referenciado, tampoco se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que, por un lado, uno de los precedente que se cita como vulnerado no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento al distinto contenido fáctico y jurídico con el caso sub examine (causas L. 127.828; "Pais", resol. de 7-III-2022; L.128.808; "Leiza", res. de 19-IX-2022; L. 129.468, "Cantero, res. de 29-XI-2022; L. 125.665; "Vales", res. de 29-XII-2022; L. 125.470, "Otalora", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
Además, se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus Ministros, así como tampoco la cita del voto que ha quedado en minoría, puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los miembros de la Suprema Corte, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 127.662, "Garnica", resol. de 28-XII-2021; L. 128.407, "Gómez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.741, "Perniola", resol. de 26-II-2024).
De igual manera, sabido es, que la denuncia de doctrina de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022).
IV.3.c Finalmente, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:28:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:29:36 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2024 13:45:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:13:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:39:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:46:04 hs. bajo el número RR-1256-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia