Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128713
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción iniciada por el señor Miguel Ángel Villasboa Brítez contra Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que invocó padecer, rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 21-XII-2021).
II. Frente a lo así resuelto, esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2022), el que fue concedido por el a quo .
En lo esencial, sostiene que la decisión de grado transgrede los derechos de propiedad e igualdad, las garantías constitucionales de legalidad, debido proceso y defensa en juicio y la doctrina legal emanada del precedente L. 121.939, "Marchetti", (sent. de 13-V-2020).
Refiere, que de las constancias del expediente administrativo iniciado ante la Comisión Médica surge que dicho organismo procedió al cierre de tales actuaciones por no haber acompañado el trabajador la documentación necesaria para la continuidad del trámite, no agotando en consecuencia la instancia previa y obligatoria a la que alude el Título I de la ley 27.348. Señala que el silencio administrativo no puede tenerse por configurado en el caso, porque al haber incumplido el actor con los requisitos mínimos de admisibilidad para dar curso a dicho procedimiento, el plazo de sesenta -60- días hábiles establecido nunca comenzó a computarse.
III. El recurso no prospera.
III.1 En atención al contenido de las expresiones volcadas por las partes en los respectivos escritos constitutivos del proceso, el tribunal de grado sostuvo -inicialmente- que el art. 3 de la ley 27.348 establece la perentoriedad del plazo de sesenta -60- días hábiles administrativos que tiene la Comisión Médica Jurisdiccional para expedirse, el que puede -fundadamente- prorrogarse por única vez por treinta -30- días de conformidad a lo dispuesto por el art. 7 de la resol. SRT 298/17. Destacó, que a partir de su vencimiento el trabajador o sus derechohabientes se encuentran habilitados para interponer la acción laboral ordinaria contemplada por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Luego, indicó que de la documental acompañada en autos surgía acreditado que en fecha 26 de julio de 2021 el actor inició el trámite administrativo previo y obligatorio por ante la Comisión Médica Jurisdiccional n° 383 de la Localidad de General San Martín (expte. n° 238616/21) y que, con posterioridad, en atención al tiempo trascurrido, con fecha 5 de noviembre de 2021 promovió el reclamo de autos. De allí que, señaló, a la fecha de inicio de las presentes actuaciones se encontraba expedita la acción judicial prevista en la citada normativa.
Concluyó, que una interpretación armónica de los preceptos legales referenciados, conduce a sostener que no resulta plausible dejar al arbitrio del organismo administrativo la extensión del citado plazo perentorio que, sin lugar a dudas, debe comenzar a computarse desde la primera presentación debidamente cumplimentada.
III.2. En el caso, hallándose sustentado el pronunciamiento de grado en la interpretación que llevó a cabo el tribunal de trabajo del contenido de la demanda y de la contestación, así como en la valoración de las constancias obrantes en el expediente administrativo n° 238.616/21, para abastecer el recaudo de suficiencia del recurso, la impugnante debió denunciar -en concreto- la configuración del vicio de absurdo en la tarea axiológica desplegada por dicho órgano jurisdiccional respecto de los escritos constitutivos del proceso y de la prueba agregada a la causa, carga esta que omitió satisfacer y que define la suerte adversa de la crítica.
Al respecto, ocupa recordar que la Suprema Corte se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre el interesado al formular su impugnación (causas L. 119.794, "Arenas", sent. de 6-II-2019; L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.3. A todo evento, cabe indicar que el razonamiento expuesto en la crítica se sustenta en un dato equívoco, toda vez que -insistentemente- la quejosa refiere que en sede administrativa se procedió al archivo de las actuaciones por no haber cumplido el trabajador con los requisitos mínimos de admisibilidad para dar por iniciado el trámite ante la Comisión Médica, cuando tal circunstancia no se corresponde con las constancias probatorias agregadas a la causa (v. folios 49/50 del expediente administrativo ° 238616/21, acompañado en archivo PDF con la presentación electrónica de fecha 4-XI-2021).
Resultan aplicables las directrices de esta Corte que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando de tal modo por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 121.253, "Portillo", sent. de 19-II-2020; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021 y L. 126.106, "Juárez", sent. de 27-X-2022; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:28:40 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:28:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2024 13:45:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:14:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:40:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:46:33 hs. bajo el número RR-1268-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia