Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132293
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial La Matanza hizo lugar a la acción promovida por el señor Jorge Ramón Salazar y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de indemnización, en los términos de los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent. de fecha 14-II-2024).
Para así decidir, concluyó que el actor debía ser resarcido en virtud de una incapacidad parcial y permanente del ocho con noventa y siete por ciento -8,97%- del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-III-2024). A su turno, el a quo desestimó el primero y concedió el restante en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 16-IV-2024).
En la única vía que debe ser abordada por este Superior Tribunal, el interesado sostiene que el juzgador, a fin de establecer la minusvalía del trabajador, debió aplicar el decreto 491/97, norma que fija la forma en que deben calcularse las incapacidades en los casos de sucesión de siniestros.
Por lo demás, afirma que el tribunal de grado no estableció intereses sobre el capital de condena.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 130.189, "Asenjo", resol. de 01-XI-2023), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.2. En este contexto, respecto de los agravios traídos la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la única doctrina legal que se denuncia como trasgredida en el escrito recursivo, alude a presupuestos fácticos y jurídicos distintos a los del presente caso y no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 123.650, "Gómez", resol. de 13-V-2020; L. 124.253, "Ramírez", resol. de 19-VIII-2020 y L. 124.713, "Juárez", resol. de 2-X-2020).
III.3. Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.401, "Orione", resol. de 17-IV-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2024 11:22:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2024 09:46:49 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:27:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:45:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 08:35:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/10/2024 10:11:53 hs. bajo el número RR-1326-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia